El miércoles pasado se publicó en el Boletín Oficial el decreto que anula la paritaria nacional docente, según la cual se establecían parámetros salariales para los docentes de todo el país de acuerdo con la Ley de Financiamiento Educativo. Durante el conflicto del año 2017 el cumplimiento de esa ley fue una de las principales exigencias que los gremios presentaron ante el gobierno nacional. El gremio Ctera anunció que denunciará al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo por haber cerrado la discusión paritaria por decreto.
El conflicto salarial docente marcó la primera mitad del año 2017 dejando como legado el retraso en el comienzo del ciclo lectivo y la falta de predisposición del gobierno para negociar con los gremios docentes. Durante meses el gobierno ofreció aumentos que lejos estaban de acercarse a los montos exigidos por los docentes, quienes argumentaban que las subas no llegaban a cubrir los montos perdidos por el avance de la inflación del año anterior.
En ese momento, uno de los mayores reclamos era la apertura de la Paritaria Nacional Docente, recurso regulado en el año 2007 a través de la Ley de Financiamiento Educativo (ley n° 26.075). Según esta ley, el gobierno sería responsable de negociar paritarias a nivel nacional para igualar las condiciones laborales de los docentes en todo el país. El salario debía alcanzarse en un consenso entre los gremios docentes (con una representatividad proporcional a su número de afiliados) y el Ministerio de Educación.
A partir del decreto n°52/2018 publicado en el Boletín Oficial el pasado miércoles, este recurso deja de existir y el debate salarial es reemplazado por una cifra fija: los docentes cobrarán un 20% más que el salario mínimo, vital y móvil.
Sin embargo, el reclamo de la paritaria nacional docente forma parte del pasado. A partir del decreto n°52/2018 publicado en el Boletín Oficial el pasado miércoles, este recurso deja de existir y el debate salarial es reemplazado por una cifra fija: los docentes cobrarán un 20% más que el salario mínimo, vital y móvil, y no se ajustará por inflación ya que, en teoría, depende de otro monto que se irá modificando. El salario mínimo actualmente es de $9.500, estableciendo el salario docente en $11.400. En el mes de Julio, tras la actualización de los montos, pasará a ser de $12.000.
Con la firma del presidente Mauricio Macri, el ministro de Trabajo Jorge Triaca y el Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, el recurso del decreto de necesidad y urgencia vuelve a aparecer en escena tras el megadecreto que inauguró el 2018. Sin el reclamo salarial de por medio, el debate entre sindicatos y gobierno quedará limitado a la discusión de las condiciones laborales, los derechos sociales y previsionales, la carrera docente y el calendario académico.
Sin el reclamo salarial de por medio, el debate entre sindicatos y gobierno quedará limitado a la discusión de las condiciones laborales, los derechos sociales y previsionales, la carrera docente y el calendario académico.
El segundo cambio que trajo un gran eco a partir de la publicación del decreto fue la modificación de la mesa de negociación entre los gremios y el gobierno nacional, que deja de repartir el poder según la cantidad de afiliados para dar igualdad a todos los gremios a la hora de sentarse a negociar con las autoridades. Esta decisión recae fuertemente sobre el gremio Ctera, quien solía liderar las negociaciones por contar con 5 de los 9 representantes, y sus autoridades calificaron al decreto como «un nuevo ataque a las organizaciones sindicales docentes».
Comunicado de CTERA rechazando el decreto que modifica la Paritaria Nacional Docente. 👉 https://t.co/6JtVLbiN5D pic.twitter.com/aSt8DdhAG0
— SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) 17 de enero de 2018
Ctera anunció que elevará su denuncia a la Organización Internacional del Trabajo por haber definido de forma unilateral y sin pasar por el debate parlamentario una decisión que afecta el salario de sus trabajadores. A su vez, denuncian que al dejar de debatirse las condiciones a nivel nacional «se pretende generar un sistema con más desigualdad entre las provincias y con derechos diferenciales al interior del conjunto de los trabajadores». Ctera es el gremio más crítico del gobierno de Mauricio Macri y quien encabezó los reclamos salariales durante la primera mitad del año 2017.
Las denuncias de los diversos gremios apuntan a lo que ellos ven como un intento de desarticular la lucha docente y eliminar las instancias de diálogo en temas salariales. La secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, incluso vinculó la decisión a la reforma laboral que el gobierno busca aprobar durante este año y afirmó que «es el ajuste que tenían planeado con la reforma laboral pero aplicado rama por rama». La educación pública, aquella principal base de cualquier discurso de campaña políticamente correcto, continúa siendo una eterna fuente de conflicto para el gobierno.
