El jueves pasado, mientras seguía de vacaciones en Villa La Angostura, el presidente Mauricio Macri firmó un «megadecreto» de necesidad y urgencia para derogar 19 leyes y modificar otras 140. Según el gobierno, la decisión apunta a la «desburocratización y simplificación» del Estado y pretende «ahorrar» 100 mil millones de pesos en dos años. Desde la oposición denuncian que el decreto es inconstitucional y que sus fundamentos fueron copiados de un decreto firmado por Carlos Menem y Domingo Cavallo en 1991.
Antes de regresar a sus funciones en la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri decidió firmar un «megadecreto» de necesidad y urgencia en su último día de vacaciones para agilizar un proceso que pretende la «desburocratización» del Estado. Las 190 medidas aprobadas en este decreto ómnibus afectan a los ministerios de Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía y a los organismos descentralizados del ANSeS y el Banco Central. Según los argumentos oficialistas, estas modificaciones lograrían un «ahorro» para el Estado de $100 mil millones de pesos en dos años.
Antes de regresar a sus funciones en la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri decidió firmar un «megadecreto» de necesidad y urgencia en su último día de vacaciones para agilizar un proceso que pretende la «desburocratización» del Estado.
Los decretos de necesidad y urgencia (popularmente conocidos como DNU) son una herramienta avalada por la Constitución Nacional para ser utilizada por el presidente de la Nación, en acuerdo con sus ministros, en casos excepcionales en los que no sea posible debatir y sancionar leyes a través del poder legislativo. La utilización de este tipo de decretos durante el gobierno kirchnerista fue duramente criticada por el bloque encabezado por Macri, pero una vez asumido el poder él mismo duplicó la proporción: mientras que durante el mandato de Cristina Kirchner se fimaron 76 DNU en 8 años de gestión, Macri ya ha aprobado 35 en solo 2 años.
El DNU ómnibus de Macri deroga 19 leyes y modifica 140. No cumple con la ley, es inconstitucional, no cumple con el fallo de la CSJN del año 2010.
Macri avanza sobre las facultades del Congreso y no respeta la división de poderes
¿Qué decían sobre eso los que eran de #UnionPRO? pic.twitter.com/V242e5YQz3— Edgardo Rovira (@EdgardoRovira) 13 de enero de 2018
Según la oposición, este DNU es inconstitucional porque fue aprobado fuera de un contexto de excepcionalidad y debería esperar a ser tratado por el poder legislativo. Según la ex-jueza Alejandra Rodenas el decreto debería invalidarse porque «vulnera claramente la división de poderes y genera un antecedente de gravedad institucional». Además del particular momento del año que fue elegido para su publicación en el Boletín Oficial, este «megadecreto» (como se lo conoció por agrupar 190 modificaciones) llama la atención por incluir cambios en áreas muy diversas, desde legislaciones centenarias sobre enfermedades exóticas hasta regulaciones sobre trámites de empresas internacionales que buscan hacer negocios en el país.
Según la oposición, este DNU es inconstitucional porque fue aprobado fuera de un contexto de excepcionalidad y debería esperar a ser tratado por el poder legislativo.
Frente a un abanico tan amplio de medidas, la oposición aún hoy, a días de haberse presentado el decreto, continúa analizando el impacto de cada uno de los puntos que contiene. En términos generales fue criticado el hecho que las medidas tienden a beneficiar a los empresarios y a los bancos en detrimento de los trabajadores. Según afirma Mariano Recalde en Infobae, una de estas modificaciones es que las cuentas sueldo de los trabajadores dejan de ser inembargables, y las entidades bancarias pueden hacer uso de los fondos en caso de adeudar cuotas impagas.
Recalde menciona también que se plantea «una reducción de sanciones a empresas que hayan evadido las leyes laborales y tributarias en materia de cargas sociales», en sintonía con los lineamientos de la reforma laboral que el gobierno impulsará para que sea aprobada por el Congreso este año. A su vez, desde el gremio de estatales ATE denunciaron que el decreto permite que los Fondos de Garantía de Sustentabilidad del ANSeS operar dentro del mercado financiero y crear fideicomisos con el dinero destinado a pagar las jubilaciones y pensiones.
También fue llamativo el apartado sobre los fundamentos de este «megadecreto», ya que fueron utilizadas casi exactamente las mismas palabras que Carlos Menem y Domingo Cavallo habían aplicado en un decreto similar en 1991.
También fue llamativo el apartado sobre los fundamentos de este «megadecreto», ya que fueron utilizadas casi exactamente las mismas palabras que Carlos Menem y Domingo Cavallo habían aplicado en un decreto similar en 1991. Aquel decreto apuntaba a la desregulación del comercio interior y exterior y dio lugar a la apertura de exportaciones que caracterizó a la década de los noventa. Nuevamente se utilizan los mismos argumentos para liberar las presiones estatales y promover los negocios de los empresarios.
