Hace unos días el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, formó parte de la agenda mediática por sus expresiones en un audio de WhatsApp en el que insultaba, ninguneaba y despedía a su empleada doméstica, Sandra Heredia, de forma ilegal. Días más tarde, mientras el escándalo empapaba al funcionario que debería trabajar por defender la regulación laboral, se supo de la vinculación de Heredia en un sindicato intervenido por el gobierno. Frente a los múltiples pedidos de renuncia al ministro, este hecho muestra una realidad constante en esta gestión y en el Estado.
Mientras que algunos medios y periodistas señalan que el escándalo de Jorge Triaca responde solamente a la lógica de la «grieta», que el ministro de Trabajo no respete las regulaciones laborales por las que debe velar es un fiel reflejo de su gestión y de un Estado que mantiene a sus trabajadores en una situación de precarización. Allí, los porcentajes de contratados y monotributistas superan ampliamente a los que trabajan efectivamente en planta permanente, sin mencionar la gran cantidad de despedidos desde diciembre de 2015 hasta la fecha.
El Estado mantiene a sus trabajadores en una situación de precarización. Los porcentajes de contratados y monotributistas superan ampliamente a los que trabajan efectivamente en planta permanente, sin mencionar la gran cantidad de despedidos desde diciembre de 2015 hasta la fecha.
Si bien el escándalo y el insulto viralizado mediante el audio de WhatsApp responde a una situación -podría decirse- personal, quién mantenía en esa situación de inestabilidad laboral a la empleada Sandra Heredia era el mismísimo ministro de Trabajo de la Nación que debería regular las situaciones laborales de todos los trabajadores en el país, y trabajar porque las mismas se encuentren dentro del marco de la ley.
Luego del despido, Sandra Heredia, fue contratada de manera informal en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), gremio que fue intervenido por el Ministerio de Trabajo en 2016, tras la detención de su titular, Omar «Caballo» Suárez. La empleada denunció que Triaca puso más de 200 personas allí. Por estas irregularidades, el ministro será investigado por la Oficina Anticorrupción que encabeza Laura Alonso.
El ministro que debería cuidar de los trabajadores, regular las situaciones laborales y que sus derechos no sean vulnerados, en su gestión demuestra todo lo contrario: interviene sindicatos, avala el rol de las empresas que precarizan a sus trabajadores, firma los decretos que ponen un techo a las paritarias y legitima los despidos ilegales en el sector privado y el estatal.
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Jorge Triaca, en su gestión, lejos estuvo de resolver los conflictos laborales que se presentaron en estos dos años. Los cierres de fábricas, los despidos masivos y la cantidad de trabajadores que quedaron sin trabajo en empresas que podrían haber mantenido sus puestos se repitieron sin que su accionar lo intente impedir: los conflictos de los trabajadores de AGR Clarín y de PepsiCo son ejempos de esto. En estos conflictos que marcaron la cancha en el terreno de los despidos, el ministro no hizo nada para mediar entre los empresarios y los trabajadores. En otras palabras, en estos conflictos el funcionario estatal siempre defendió a las patronales y las empresas.
“Es un excelente ministro que cometió un error”, fue la defensa que Marcos Peña, el jefe de Gabinete de la Nación dio sobre los cuestionamientos y los pedidos de renuncia a Triaca. En este sentido, el gobierno nacional no solo defiende el accionar irregular del ministro frente al gremio intervenido, el trabajo ilegal por quién debería combatirlo, sino que también defiende la gestión que despidió a casi 30.000 empleados estatales y a los empresarios que precarizan a los trabajadores en todos los rubros.
