El Estado argentino nunca dejó de matar. La falsa creencia en la ruptura del accionar represivo tras la finalización de la dictadura cívico-militar en 1983 no hizo más que ocultar y, también, naturalizar la muerte de los sectores vulnerables en manos del Estado. A la fecha, 5.462 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal en democracia, la mayoría de esta cifra infernal se trata de jóvenes varones y pobres que son fusilados por gatillo fácil en su barrio o estaban detenidos.
En la actualidad, una persona muere cada 23 horas producto del accionar represivo de las fuerzas de seguridad. Estos datos arrojados por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) en su último informe anual de la situación represiva nacional, dan cuenta de un incremento brutal en los asesinatos en manos del Estado durante la gestión de Cambiemos.
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No obstante, la represión es política de Estado de todos los gobiernos constitucionales de 1983 a la fecha. Administración tras administración las prácticas represivas persisten. La desaparición, persecución, tortura y muerte son hechos cotidianos para los barrios más vulnerables en todo el país. Desde la organización antirrepresiva denuncian que hasta noviembre de 2017 son 5.462 las personas asesinadas por el aparato represivo.
El 84% del total de asesinados caminaban por un barrio vulnerable y fueron fusilados o se encontraban en situación de detención. Así, estas dos modalidades se convierten en la primera causa de muerte en manos del aparato represivo estatal.
El Estado argentino no dejó de reprimir tras el retorno a la democracia, sino que simplemente se reconfiguró dirigiendo su accionar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, la selectividad de la represión no sólo apunta a la clase, sino también a la edad. El 50% de las muertes estatales se trata de jóvenes menores de 25 años y el 76% son menores de 35 años, es decir que ser joven y ser pobre es suficiente causa para morir en manos del Estado.
Además, el 44% de las muertes en manos del Estado se dan mediante la modalidad del fusilamiento por gatillo fácil, mientras que el 40% se trata de personas privadas de su libertad que pueden haber muerto en cárceles o, incluso, patrulleros. En otras palabras, el 84% del total de asesinados caminaban por un barrio vulnerable y fueron fusilados o se encontraban en situación de detención. Así, estas dos modalidades se convierten en la primera causa de muerte en manos del aparato represivo estatal.
(Leer nota: El Estado también mata por ser mujer: el 20% del total de los femicidios son cometidos por las fuerzas de seguridad)
La casi totalidad de las muertes en comisaria corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones. A partir de la orden de aplicar a fondo estas herramientas por parte del gobierno nacional, de la ciudad de Buenos Aires y en todas las provincias, las detenciones arbitrarias han crecido brutalmente. Este accionar que se traduce en más cantidad de personas en comisarías también se puede leer como más torturas y más muertes, aseguran desde CORREPI.
Las constantes campañas que reclaman mayor «seguridad» y más personal uniformado en las calles invisibilizan los homicidios de gatillo fácil contra jóvenes vulnerables. Estos hechos raramente trascienden en los grandes medios de comunicación, mientras que otros hechos de «inseguridad» ocupan las pantallas con mayor facilidad. Según señala CORREPI: «Mientras los fusilamientos de personas desarmadas, crecen a un ritmo nunca antes visto, es cada vez menor el reflejo de esos hechos en los medios del sistema«. Sin embargo, gracias a las redes sociales y medios alternativos los casos llegan a conocerse para formar parte de estas estadísticas y para acompañar a las familias en su reclamo por justicia.
Por otro lado, siguiendo lo expuesto por la organización, las muertes de personas privadas de su libertad también agrupan los clásicos “suicidios” -de utilización frecuente para encubrir los asesinatos por torturas-, los incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que no reciben auxilio como se pudo ver en el mes de marzo del 2017 con la denominada «Masacre de Pergamino», las ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios y los fallecimientos por enfermedades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica como apendicitis.
(Leer nota: Masacre de Pergamino: morir en manos del Estado)
Las muertes por gatillo fácil, las personas que son asesinadas estando detenidas y las 5.462 víctimas de un Estado que sigue matando son el ejemplo claro de que la represión persiste en democracia pero, ahora, apuntadas de forma selectiva y discriminadora contra los sectores más pobres. Mientras los asesinatos sigan ocultándose o, peor aún, naturalizándose bajo los eufemismos de «seguridad/inseguridad», el objetivo de disciplinar y ejercer control social sobre las clases populares seguirá marcándose con balas y sangre.
