El archivo represivo de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) señala que desde 1992 se cometieron 329 femicidios por miembros de las fuerzas de «seguridad». Este número acusa al Estado como responsable de la violencia represiva que se ejerce en democracia pero también de la violencia machista y patriarcal intrínseca a una institución que ha naturalizado la violencia contra las mujeres. (Foto: China Diaz)
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) realiza el informe antirrepresivo anual y actualiza el registro de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde el año 1992. En aquellos años se comenzó a evidenciar que las prácticas represivas que se asimilaban con la dictadura cívico-militar se mantenían en vigencia pero redirigidas a los sectores más vulnerables de la sociedad. En su enorme mayoría las víctimas se trataban de varones adolescentes y jóvenes.
En muy pocos casos, excepcionales, los casos de gatillo fácil se trataban de mujeres o niñas. De igual forma, las mujeres que mueren en lugares de detención se trata de un porcentaje sumamente menor a la cantidad de hombres que son asesinados allí -que también responde a la evidente diferencia en cuanto al género que existe en la población carcelaria. Las modalidades represivas que aún se asociaban al genocidio cívico-militar se reproducían especialmente contra jóvenes varones y pobres con un fuerte objetivo de control social.
Las mujeres, a diferencia de los varones, eran y son asesinadas por el aparato represivo estatal mayoritariamente por una cuestión de género, machista y patriarcal. Estos femicidios «de uniforme» mataron a 329 mujeres desde 1992 hasta la fecha.
Las mujeres, a diferencia de los varones, eran y son asesinadas por el aparato represivo estatal mayoritariamente por una cuestión de género, machista y patriarcal. En otras palabras, el Estado mediante sus agentes de las fuerzas denominadas de «seguridad» también mata por el solo hecho de ser mujer. Estos femicidios «de uniforme», como los caracteriza CORREPI, mataron a 329 mujeres desde 1992 hasta la fecha. Así se puede leer en el último informe realizado por la organización antirrepresiva.
Foto: Gustavo Yuste
Argentina, como ya mencionamos repetidas veces en La Primera Piedra, se encuentra en emergencia por violencia de género. Según el último informe de la Asociación Civil Casa del Encuentro, entre el 1° de enero y el 31 de octubre de 2017 fueron asesinadas 245 mujeres, lo que resulta en un promedio de un femicidio cada 29 horas, representando así un aumento respecto de años anteriores. A su vez, desde el 2008, la organización registró un total de 2384 femicidios.
Del total de 541 víctimas mujeres y trans en manos del Estado, 329 son femicidios, es decir, un 61 por ciento del total de asesinatos a mujeres por el aparato represivo estatal.
Los números elaborados por CORREPI no escapan a esta lógica. La cantidad de mujeres asesinadas por integrantes del aparato represivo estatal por razones de género ha sido creciente desde los primeros dos casos registrados como femicidios en 1992, al igual que registran las estimaciones de las organizaciones dedicadas a la violencia de género. Del total de 541 víctimas mujeres y trans en manos del Estado, 329 son femicidios, es decir, un 61 por ciento del total de asesinatos a mujeres por el aparato represivo estatal.
En este sentido, los femicidios por agentes uniformados se convierten así en la primera causa de muerte de mujeres y mujeres trans en manos del aparato represivo estatal. Este porcentaje se encuentra muy por encima de las muertes de mujeres por gatillo fácil (17%), la tortura en cárceles y comisarías (12%), las desapariciones (5%), los asesinatos en represión a la protesta (2%), entre otras modalidades represivas que imperan en el asesinato de hombres por parte del Estado.
CORREPI también registra 69 femicidios relacionados. Es decir, aquellos casos en los que además de matar a la mujer, o en lugar de la mujer, el violento mata a otros familiares o a quienes intentan defender a la víctima original. Casi un tercio de los femicidios en los que los agentes estatales están involucrados, tienen niños y niñas como víctimas. La organización, a su vez, señala que es notable el incremento de los casos de femicidio que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad en los últimos años.
Foto: Gustavo Yuste
Teniendo en cuenta los datos aportados por CORREPI y los registros a nivel nacional sobre violencia de género, una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente por el arma reglamentaria del agente. En otras palabras, el 20% del total de femicidios ocurridos en el país son cometidos por integrantes del aparato represivo estatal.
1 de cada 5 mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente por el arma reglamentaria del agente.
Estos datos fríos de la represión marcan, por un lado, la impunidad de la represión estatal y de los agentes que la encarnan. Por otro lado, también hablan de la responsabilidad de un Estado que perpetua los valores machistas y patriarcales que matan a una mujer cada 29 horas por el accionar directo o por la falta de políticas que apunten a contrarrestar la violencia de género que se ve reforzada al interior de sus propias instituciones. El machismo mata y el Estado es responsable.
