La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina publicó un informe en el que detalla las situaciones de violencia institucional que sufrieron las trabajadoras sexuales durante el 2016. Las cifras muestra la vulneración de los derechos que se hace presente ante el vacío normativo. Detenciones arbitrarias para engrosar estadísticas policiales, persecuciones y hostigamiento permanente son algunos de los resultados del relevamiento. (Foto: Ammar)
En Argentina, el trabajo sexual no es ilegal, pero la falta de normas que regulen su ejercicio conlleva una vulneración de derechos constante y al recrudecimiento de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Para mostrar esta situación, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), publicó el Informe Nacional de la situación de Derechos Humanos de las mujeres trabajadoras sexuales en Argentina, en el marco de un estudio de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe en 13 países de América Latina y el Caribe.
Los datos fueron relevados por integrantes de la organización, que visitaron departamentos privados, bares, boliches y calles, principalmente en los barrios porteños de Once, Constitución y Flores, donde entrevistaron a 363 trabajadoras sexuales.
A lo largo de tres meses, Ammar realizó una encuesta voluntaria y anónima que se centró en la violencia institucional que sufrieron las trabajadoras durante 2016. Los datos fueron relevados por integrantes de la organización, que visitaron departamentos privados, bares, boliches y calles, principalmente en los barrios porteños de Once, Constitución y Flores, donde entrevistaron a 363 trabajadoras sexuales. Los resultados muestran un hostigamiento constante, especialmente para las que ejercen en modalidad calle y para las migrantes y trans.
Foto: Ammar – Córdoba
El informe detalla que un 80% de las trabajadoras encuestadas sufrieron detenciones arbitrarias, que no se tradujeron en una causa judicial posterior, sino que fueron realizadas para obstaculizar el trabajo y archivar actas en la comisaría, engrosando las estadísticas policiales. Respecto a esto, Georgina Orellano detalló a Cosecha Roja, “Los datos del Ministerio Público Fiscal indican que la mayor cantidad de actas que labran son el en barrio de Constitución: eso tiene que ver con que cada vez que la Policía necesita hacer número (aumentar las estadísticas) siempre recaen sobre los sectores más vulnerables, las compañeras trans, migrantes, trabajadoras sexuales cis, los trapitos, vendedores ambulantes y manteros”.
El informe detalla que un 80% de las trabajadoras encuestadas sufrieron detenciones arbitrarias, que no se tradujeron en una causa judicial posterior, sino que fueron realizadas para obstaculizar el trabajo y archivar actas en la comisaría, engrosando las estadísticas policiales
Durante estos procedimientos, un 35% fueron requisadas, a pesar de que el único motivo de la demora fue estar paradas en una esquina. Casi un 50% de estas detenciones se produjeron por «averiguación de antecedentes» y duraron entre 12 y 48 hs. En este sentido el informe explica que «los códigos contravencionales sirven de herramienta a las fuerzas de seguridad para realizar acciones de demoras extendidas, con pérdidas de horas de trabajo”.
Foto: Ammar
Además, un 60% de las trabajadoras sexuales fueron amenazadas verbalmente al ser interrogadas, 73% fueron tratadas con un lenguaje inapropiado, con el que se hizo referencia a su condición laboral o de género a modo de estigma, y un 70% fueron tratadas despectivamente, utilizando el término «putas» de forma discriminatoria . A más de la mitad se les exigieron sobornos para evitar el traslado a la comisaría o el labrado de un acta contravencional. La violencia se acentúa cuando se trata de trabajadoras sexuales migrantes, que representan un 41% de las encuestadas y denuncian persecución, acoso y agresiones xenófobas y racistas por parte de la policía.
La violencia se acentúa cuando se trata de trabajadoras sexuales migrantes, que representan un 41% de las encuestadas y denuncian persecución, acoso y agresiones xenófobas y racistas por parte de la policía.
Frente a esta situación, que evidencia el recrudecimiento de la violencia institucional durante el último año, Ammar presentará en 2018 un nuevo anteproyecto de ley que busca garantizar el reconocimiento de derechos laborales para las trabajadoras sexuales en todo el país, de forma que se regule y proteja su ejercicio. A su vez, la organización exige la derogación de los códigos contravencionales que continúan siendo utilizados como herramientas para criminalizar y perseguir, y la modificación de la Ley de Trata, con la que se condena el trabajo sexual autónomo y no contempla el consentimiento.
