En estos últimos años, la persecución a la dirigencia social y política se hizo cotidiana. También la detención y amedrentamiento a múltiples manifestantes que se movilizan en repudio a las medidas que se ejercen desde los tres poderes. La multiplicación de prisiones preventivas y el armado de causas para perseguir a la oposición de todo el arco político volvió a poner en escena una frase que nació en la dictadura cívico-militar: el reclamo por «una Navidad sin presos políticos». (Foto: M.A.F.I.A.)
El pedido por «una Navidad sin presos políticos» es un dicho recordado por su reclamo explícito a la dictadura cívico-militar por parte de familiares y los que comenzaban a formarse, en ese momento, como organismos de Derechos Humanos para exigir la liberación de los presos políticos. Esa frase que remite a la injusta detención de personas que están detenidas por razones políticas, reapareció en los últimos años utilizada cada vez con mayor frecuencia.
Perseguir la militancia social y política
En enero de 2016, a tan solo un mes de la asunción del gobierno de Mauricio Macri, detuvieron a la dirigente de la organización social más grande del país: Milagro Sala, de la Tupac Amaru. La primera causa de su detención fue su participación en una protesta, lo que inauguraba la continua criminalización de la protesta social que se iba a comenzar a realizar en la nueva gestión a nivel nacional. Sin embargo, la prisión preventiva se mantuvo por otras causas y aún hasta el día de hoy continua presa a pesar de las exigencias de organismos nacionales (de Derechos Humanos, pero también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) e internacionales que piden por su liberación.
Haber detenido a una dirigente social con tanto peso a nivel nacional y sin ninguna prueba concreta, ponía en jaque a toda la dirigencia política y social: si Milagro Sala estaba presa por razones políticas, podían estarlo otros líderes o militantes sociales que se opongan a los gobiernos provinciales o al nacional.
En este punto, haber detenido a una dirigente social con tanto peso a nivel nacional y sin ninguna prueba concreta más que denuncias del actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y de algunas otras personas afines a éste, ponía en jaque a toda la dirigencia política y social: si Milagro Sala estaba presa por razones políticas, podían estarlo otros líderes o militantes sociales que se opongan a los gobiernos provinciales o al nacional. En este mismo camino siguió la detención de otros y otras dirigentes de la Tupac Amaru durante el 2016 y 2017, muchos de ellos ya recuperaron su libertad pero sufrieron la persecución política por militar en la organización social.
De igual modo, y con acuerdos entre los gobiernos de Chile y Argentina, se detuvo a Facundo Jones Huala, líder mapuche que pelea por el reconocimiento del derecho a sus tierras y que está nuevamente detenido para ser extraditado al país trasandino a pesar de que ya se haya anulado la causa por la cual se lo acusa. Al igual que éste, en la provincia de Formosa se detuvo al dirigente wichí Agustín Santillán por causas armadas tras el reclamo constante del dirigente por los derechos de su comunidad. Si bien Santillán ya fue puesto en libertad, el amedrentamiento a la comunidad continua y junto a Jones Huala son ejemplos concretos de la criminalización a los pueblos originarios en el país.
A su vez, particularmente en este 2017, se detuvo a múltiples manifestantes en contextos de protesta social violando gravemente el derecho a reclamar. La represión y la cacería indiscriminada de militantes políticos y sociales se volvió una cotidianidad cada vez más abrumadora. Tan solo en diciembre de 2017 fueron detenidas, tras distintas movilizaciones, más de 200 personas, según denunciaron en la conferencia de prensa brindada por los organismos del Encuentro Memoria Verdad y Justicia el día 21 de diciembre. La mayoría de estas detenciones fueron arbitrarias y los detenidos fueron liberados a la brevedad aunque la mayoría continua con causas en su contra.
El inicio de la persecución a dirigentes políticos que marcó la detención de Milagro Sala en 2016 se profundizó en este 2017 con las detenciones de múltiples políticos opositores al gobierno de Mauricio Macri. Amado Boudou y Julio de Vido fueron encarcelados con prisión preventiva por causas de corrupción, sin indagarlos o procesarlos con anterioridad a la detención. Carlos Zannini, Luis D’Elía, Fernando Esteche y Héctor Timerman fueron detenidos con prisión preventiva acusados por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA debido al Memorándum con Irán, a pesar de que dicho documento fue aprobado por el Congreso. Cristina Fernández de Kirchner, también está procesada por la misma causa.
Se detuvo a múltiples manifestantes en contextos de protesta social violando gravemente el derecho a reclamar. La represión y la cacería indiscriminada de militantes políticos y sociales se volvió una cotidianidad cada vez más abrumadora. Tan solo en diciembre de 2017 fueron detenidas, tras distintas movilizaciones, más de 200 personas.
De igual forma, distintos dirigentes sociales de movimientos barriales o de la izquierda reciben acusaciones, persecución o armados de causa para judicializarlos. El dirigente social y abogado Juan Grabois fue sancionado con una multa por un alegato en el que cuestionó al Poder Judicial y los incontables privilegios de los que disfruta la casta judicial. Myriam Bregman y Nicolás del Caño fueron denunciados por haber cometido ‘atentado al orden constitucional y a la vida democrática‘ y ‘abuso de autoridad y de los deberes de funcionario público'», debido a su participación en las contundentes movilizaciones contra las reformas que busca imponer el gobierno nacional.
Todo preso es político
Todos estos ejemplos dan cuenta de un avance en la criminalización de la protesta social pero también de la oposición a un gobierno que no deja de tomar medidas en detrimento de los sectores más vulnerables. Si bien no todos los casos mencionados se encuentran detenidos en este momento, el pedido de una Navidad sin presos políticos también los agrupa. Después de todo, la exigencia es frenar con una maniobra política que solo sirve para callar a quienes se manifiestan en contra de un modelo de gobierno.
Las detenciones arbitrarias a manifestantes y dirigentes son una herramienta penal y judicial para perseguir a quienes rechazan las políticas de Estado que se están llevando adelante y a quienes se oponen al modelo económico que se busca imponer.
Las detenciones arbitrarias a manifestantes y dirigentes son una herramienta penal y judicial para perseguir a quienes rechazan las políticas de Estado que se están llevando adelante y a quienes se oponen al modelo económico que se busca imponer. Las causas por corrupción, «la traición a la patria» y, también, por manifestarse se mediatizan para encontrar culpables delante de los medios de comunicación antes de que exista una investigación que amerite las detenciones preventivas.
Sin embargo, la prisión preventiva es una regla común en el juego penal. Más del 60 por ciento de los detenidos en cárceles y comisarias están presos sin condena, la diferencia es que esta arbitrariedad es común para los más vulnerables: mujeres, jóvenes pobres y pueblos originarios. En este sentido, la persecución a la militancia y la dirigencia social que se realiza desde la llegada al gobierno de Mauricio Macri es repudiable, no obstante, es necesario también condenar aquellas prisiones que exponen la crueldad de un sistema que siempre perjudica a los mismos y en la que todo preso es político.
