En los primeros dos años del gobierno de Mauricio Macri la represión ha ido en aumento. Desde la llegada al poder de Cambiemos, no solo ha aumentado el accionar de los uniformados en los barrios más vulnerables, sino que la represión en la protesta social ha pisado fuerte, así se refleja en el relevamiento presentado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En el contexto de ajuste, los trabajadores son los principales perjudicados. (Foto: lavaca-Mu)
Si bien la represión, principalmente, en los barrios más vulnerables de la sociedad ha sido moneda corriente y política de Estado en los más de 30 años de democracia, la represión en la protesta social ha variado según los períodos de mayor conflictividad social y ajuste. Esa herramienta con la que cuentan los gobiernos para enfrentar el conflicto social mediante el aparato represivo estatal, es un elemento fundamental para comprender los primeros dos años de la gestión de Mauricio Macri, junto a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación.
Siguiendo el informe presentado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la represión de la protesta socio-laboral en los dos primeros años de Cambiemos, que cuenta con un relevamiento realizado desde enero 2016 a noviembre del año 2017, en ese período de tiempo se registraron 111 hechos represivos en distintos conflictos socio-laborales. En otras palabras, una represión cada siete días.
Desde enero 2016 a noviembre del año 2017, se registraron 111 hechos represivos en distintos conflictos socio-laborales. En otras palabras, una represión cada siete días.
En las protestas que fueron arrasadas por la represión se detuvieron a 354 manifestantes y 328 personas resultaron heridas. En promedio hubo un detenido cada dos días. Esto se pudo ver en distintas manifestaciones sociales que culminaron con las balas, los palos y los gases de las fuerzas represivas, y con personas que fueron detenidas de forma totalmente arbitraria. Las razzias llevadas adelante tras la movilización del 8 de marzo en el marco del Paro Internacional de Mujeres o en la convocatoria a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado son ejemplos de esto.
«En el año 2016 se produjeron 55 hechos de represión y en 2017 hasta el mes de noviembre totalizan 56 casos. Es decir, en 2016 el promedio alcanzó los 4,58 casos por mes, mientras que en 2017 el promedio asciende a más de 5 casos por mes», aseguran desde CEPA. Estos casos se dieron en todo el país y tuvieron como protagonistas principales a las policías provinciales, seguidos por fuerzas nacionales como Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal. Las fuerzas nacionales son las responsables, por ejemplo, de las represiones sufridas por las comunidades mapuches que culminaron con las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en este 2017.
El caso de PepsiCo forma parte de un sector que más sufre las condiciones sociales y económicas del ajuste, pero también de la represión.
Por su parte, quienes más sufrieron la represión fueron las movilizaciones llevadas adelante por trabajadores. El caso de PepsiCo, por mencionar uno, forma parte de un sector que más sufre las condiciones sociales y económicas del ajuste, pero también de la represión. En este sentido, el informe señala: «Más de la mitad de los hechos de represión fueron cometidos enfrentando protestas encabezadas por trabajadores (52%). En segundo lugar, el 24% contra militantes de movimientos sociales, el 14% contra familias en condiciones de vulnerabilidad, el 6% contra pueblos originarios y el 4% contra familias y/o vecinos que protestaban reclamando justicia por hechos de gatillo fácil e inseguridad».
Las causas que originaron los conflictos que fueron seguidos de represión se deben a despidos y reclamos salariales, reclamos de alimentos y asistencia mediante programas sociales y al derecho a poder trabajar en la vía pública, contra las políticas de ajuste y el reclamo por fuentes de trabajo, contra desalojos y por daños causados por temporales. También, otros hechos de represión se realizaron contra manifestantes que reclamaban por la libertad de presos políticos como Milagro Sala y Facundo Jones Huala, protestas por casos de gatillo fácil, la aparición con vida de Santiago Maldonado, reclamos medioambientales y contra la violencia machista.
El aumento de la represión en la protesta social relevado durante los primeros dos años del macrismo en el poder tuvo como consecuencia dos muertes en manos del Estado: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Este avance de la represión en la protesta social se ha dado acompañado de la táctica de la judicialización. Figuras legales como «resistencia a la autoridad», «atentado», «intimidación pública» fueron tomando cada vez más relevancia y fueron utilizadas cada vez con mayor frecuencia para criminalizar la protesta social además de reprimirla. Así diferentes dirigentes sociales fueron detenidos, o se encuentran imputados.
El aumento de la represión en la protesta social relevado durante los primeros dos años del macrismo en el poder tuvo como consecuencia dos muertes en manos del Estado: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. El accionar represivo que produjo estas muertes, como las múltiples represiones sucedidas en este período, fueron avaladas y defendidas por los funcionarios del gobierno nacional, específicamente, aquellos que forman parte del Poder Ejecutivo mientras que el resto de los poderes por acción u omisión ve como la represión aumenta sin detenerla.