En los últimos meses el Gobierno Nacional, apoyado por los grandes medios de comunicación, buscó deslegitimar el reclamo territorial de las comunidades mapuches a partir de la construcción de una figura difusa y poco definida: la RAM. El fantasma de este nuevo «enemigo interno» es así utilizado para justificar todo accionar represivo por parte de las fuerzas estatales de seguridad.
Desde que la comunidad mapuche inició un proceso de recuperación de tierras, sufre una persecución encarnizada por parte del gobierno nacional. El reclamo legítimo, avalado por el artículo 17 de la Constitución Nacional y por leyes internacionales y locales como la 26.160 de Emergencia Territorial, es opacado a partir de la construcción de un enemigo interno de existencia no comprobada: la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Esta figura ha cobrado fuerza a través de declaraciones oficiales y de artículos de la prensa afín, que se encargaron de replicarlas durante los últimos meses, y en especial desde la desaparición y muerte de Santiago Maldonado el pasado 1 de agosto, en el marco de un operativo represivo de Gendarmería Nacional.
La construcción de la figura de la RAM ha cobrado fuerza a través de declaraciones oficiales y de artículos de la prensa afín, que se encargaron de replicarlas durante los últimos meses, y en especial desde la desaparición y muerte de Santiago Maldonado el pasado 1 de agosto, en el marco de un operativo represivo de Gendarmería Nacional.
El fantasma de la RAM habría nacido a mediados del año 2013 y, de acuerdo a lo afirmado por el gobierno – con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la cabeza – , se trataría de un grupo de origen mapuche que reivindicaría la construcción de un “Estado propio”, con independencia del territorio argentino. Las siglas comenzaron a circular en las imágenes de medios de comunicación, en pintadas cuyos autores supuestamente se atribuyen hechos como incendios o destrozos en distintos lugares de la Patagonia. A pesar de que los ejecutores de dichos sucesos nunca fueron identificados, el gobierno los vinculó directamente con acciones de la denominada RAM, sin otra clase de evidencias concretas.
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Foto: La Tinta
En las semanas posteriores a la desaparición de Santiago Maldonado, la figura se fue alimentando progresivamente, como parte de una operación mucho mayor, que involucró hipótesis falsas de investigación que desviaron la responsabilidad de la Gendarmería y demonizaron a la comunidad mapuche. Siguiendo las declaraciones de Patricia Bullrich, la RAM pasó a transformarse así en una organización paramilitar y terrorista, financiada y apoyada por ingleses y grupos guerrilleros colombianos e irlandeses, dato sobre el que tampoco hubo detalles o pruebas concretas. Pero además, el enemigo se hizo cada vez más extenso: todo miembro mapuche que reivindique el reclamo de tierras y participe de cualquier acción de protesta por las mismas es catalogado ahora como un miembro “violento” de la RAM.
Decir que la RAM es un “nombre genérico” o que es «como un nombre», es querer abarcarlo todo y decir nada al mismo tiempo. Es hablar de una entidad cuya existencia no fue probada – tal como las declaraciones oficiales afirmaban – y cuyos límites y características son definidos por el gobierno nacional a falta de datos.
La generalidad es peligrosa, pero también evidencia fracturas en el discurso del Gobierno. La imposibilidad de identificación, la falta de información concreta que no sea la misma que construyen y repiten los grandes medios de comunicación con su efecto multiplicador, resulta difícil de sostener. En una conferencia de prensa, Patrica Bullrich afirmó el 27 de noviembre: “RAM es un nombre genérico de grupos que actúan violentamente, podrán tener otro nombre, pero los queremos separar de los grupos mapuches. RAM es como un nombre aunque se puedan llamar de otra manera”. Además, agregó: “Se pone en el RAM a todo aquel grupo que no respeta la ley”.
Como menciona el periodista Martín Granovsky en un artículo publicado en Página/12, el pasado 3 de diciembre, decir que la RAM es un “nombre genérico” o que es «como un nombre», es querer abarcarlo todo y decir nada al mismo tiempo. Es hablar de una entidad cuya existencia no fue en realidad probada y cuyos límites y características son establecidos por el gobierno nacional a falta de datos. Así, cualquier grupo mapuche puede ser considerado de la RAM: basta con reivindicar el reclamo de tierras ursurpadas a los pueblos oiginarios que, a pesar de su legitimidad, es visto como una falta a la ley. De este modo, la cadena de violencias construidas y atribuidas a este enemigo común y poco definido, y el clima de caos instalado entre el gobierno y la prensa afín, habilitarían toda represión por parte de las fuerzas del Estado.
Así es como se naturaliza todo accionar persecutorio contra los mapuches que, tal como informamos en La Primera Piedra, en los últimos meses se vio reflejado en allanamientos a las comunidades sin orden judicial, robo y destrucción de pertenencias personales y violencia contra sus integrantes, incluidos niños y mujeres. El último episodio sucedió con la cacería y persecución de Prefectura del pasado 25 de noviembre, que terminó, dos días después, con el asesinato de Rafael Nahuel, en las inmediaciones de Lago Mascardi, provincia de Río Negro, mientras se encontraba refugiado en el monte. «Salieron a cazarnos. Nosotros nos defendimos con piedras y palos, nada más. Y ellos nos tiraban con municiones de plomo, sin medir consecuencias”, relata uno de los miembros de la comunidad a Revista Cítrica.
Respaldándose nuevamente en la falsa idea de que la RAM estaba detrás del reclamo de tierras que la comunidad Lafken Winkul Mapu había comenzado el 16 de septiembre y en que por lo tanto no se trataba de una protesta sino de una «metodología de violencia armada», la ministra de Seguridad avaló plenamente el accionar represivo de las fuerzas de seguridad.
Pese a los testimonios que afirmaron la inexistencia de armas de fuego de parte de los mapuches y a la falta de resultados de una investigación en curso, Bullrich no titubeó al asegurar que la posesión de «armas de grueso calibre» fue lo que habilitó a Prefectura a disparar las balas que asesinaron a Nahuel. Respaldándose nuevamente en la falsa idea de que la RAM estaba detrás del reclamo de tierras que la comunidad Lafken Winkul Mapu había comenzado el 16 de septiembre y en que por lo tanto no se trataba de una protesta sino de una «metodología de violencia armada», la ministra de Seguridad avaló plenamente el accionar represivo de las fuerzas de seguridad.
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Esto mismo fue lo que la llevó a justificar el asesinato como producto de un «enfrentamiento» y a desestimar la investigación judicial que se está llevando a cabo al afirmar: “El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no». En la misma línea, Gabriela Michetti declaró que “el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad». De acuerdo a lo relatado en Página 12/, desde el Ministerio de Seguridad advirtieron que no se separará ningún prefecto: de hecho, el sumario iniciado tendrá la versión de esta fuerza.
Foto: El Furgón
A pesar de las insistencias del gobierno sobre la RAM, son varios los testimonios de las comunidades que desmienten su vinculación y que desconocen su existencia. En diálogo con Página 12/, Orlando Carriqueo, secretario de la mesa coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, afirmó: «No conocemos en el parlamento de pueblos mapuche a ningún integrante de la RAM. Tampoco es cierto que portamos armas ni de grueso ni de otro calibre».
En el mismo sentido, el obispo Juan José Chaparro, quien estuvo presente en Villa Mascardi para ver cómo se encontraban los integrantes de la comunidad, aseguró en radio La Red: «No conozco la existencia de la RAM. Me parece que se está armando un enemigo”. También relató que antes de una de las movilizaciones de los últimos días de noviembre, varios integrantes del pueblo mapuche le manifestaron su “preocupación” por «actos de violencia” con los que ellos no tienen relación alguna.
Así, a partir de este «enemigo interno», el discurso oficial instala la idea de un clima de caos permanente que en definitiva naturaliza y legitima la violencia estatal y que tiene como necesario correlato el miedo o la indiferencia social. La represión y los asesinatos son presentados entonces como consecuencias necesarias para mantener un orden que termina beneficiando a los sectores más poderosos, dueños de las tierras que las comunidades reclaman.
