Hace exactamente un año, Leonel Sotelo fue asesinado por un agente policial de Burzaco, provincia de Buenos Aires, sumando su nombre a un listado de víctimas de gatillo fácil en el que la impunidad se hace presente. La causa, que debería investigar el homicidio del joven de 19 años, está caratulada desde el comienzo como «tentativa de robo y homicidio» en perjuicio del policía. Frente al encubrimiento de un sistema judicial y policial que oculta el accionar represivo en los casos en los que el Estado mata, la familia y las organizaciones exigen justicia a pesar del dolor.
El 1 de diciembre de 2016, Leonel Sebastián Sotelo fue gatillado por la espalda por el efectivo Giuliano Armando “Tano” Fattori, de la policía local de Burzaco, partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. Esa noche, cuando salía junto a su amigo Alan Devaza, se cruzó en el camino con el agente, que estaba vestido de civil, y quien, sin mediar palabras, les disparó. En un comunicado, los familiares de Leonel habían señalado que los jóvenes «entraban en el estereotipo de pibes chorros», razón por la cual Fattori «vació su cargador» contra ellos.
Leonel, con 19 años, falleció en el lugar, producto de tres impactos de bala en la espalda. Alan recibió un impacto en la cola y, desde aquel día, se encuentra detenido, actualmente en Junín. Fattori, en cambio, mantiene su puesto de trabajo. El agente había manifestado que actuó en defensa propia, afirmando que Alan tenía en su poder un arma con la que intentó cometer un robo y que apuntó al agente, razón por la que el policía habría disparado.
«Desde el primer momento sostuve que los chicos nunca tuvieron un arma. Con las últimas pericias que realizaron, se están dando cuenta de que el único que disparó fue Fattori», señaló Noemí Robelli, madre de Leonel Sotelo, en dialogo con La Primera Piedra. A un año de su asesinato, exige justicia. «La causa sigue media paralizada pero por suerte estos últimos meses avanzó un poquito, no mucho, pero se hicieron varias pericias y todas dieron a favor de los chicos pero sigue estando caratulada como ‘tentativa de robo y homicidio'», sentenció.
A pesar de que las pericias demuestran lo contrario, la carátula de la causa sigue utilizando como verdad solamente el testimonio del policía. Además, el agente estatal sigue siendo parte de la fuerza que sale todos los días a la calle con un arma para garantizar «seguridad». «Es como si no hubiera pasado nada, él sigue haciendo su vida normal, sigue trabajando, sigue siendo instructor. Instructor de asesinos», sentencia Noemí sobre el policía que disparó contra los jóvenes y que posteriormente los acusó, como es costumbre en estos casos, para encubrir un nuevo asesinato por parte del aparato represivo estatal.
En este año que pasó tras la muerte de Leonel Sotelo en manos del Estado, Noemí, a pesar del dolor, conoció a muchas familias que se encuentran en la misma situación y que se acompañan mutuamente en la lucha por justicia: «Al principio pensaba que nunca me iba a pasar esto de estar pidiendo justicia por un hijo. Ahora veo que no soy la única. Conocí gente muy buena y me hacen sentir bien y acompañada. Tanto como yo les doy fuerzas, ellos me dan fuerza a mi para seguir adelante», cuenta.
«Fue un año muy duro, muy triste, la verdad que es muy triste, pero acá con la fuerza de la familia y los chicos de CORREPI que siguen a la par mía vamos a pedir justicia por Leo, para que se haga justicia por él y se aclare el homicidio». Noemi Robelli se organizó junto a la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional para poder visibilizar la muerte de su hijo y golpear puertas en los juzgados de forma conjunta.
El fiscal de la causa, Pablo Rossi, titular de la fiscalía 8 de Lomas de Zamora, aún no cambió la carátula de la causa a pesar de que las pruebas apuntan a que el único que disparó fue el policía: «Voy todas las semanas a preguntar si hay algo nuevo en el juzgado pero no tengo contacto con el fiscal«, manifiesta la mamá de Leonel Sotelo, el joven al que hace un año le arrebataron la vida mientras disfrutaba de la última moto que se había comprado: «Era la moto que él más quería tener desde que empezó a trabajar y solo la pudo tener dos semanas».
«Leo era un chico divertido, tenía a sus amigos, trabajaba, le encantaban las motos», así recuerda Noemí Robelli a su hijo. Este caso que cumple un año de impunidad se enmarca en los más 2400 asesinados en democracia con la misma práctica de fusilamiento por gatillo fácil y las más de 5000 muertes en manos de la represión sistemática de un Estado que nunca dejó de reprimir. Sin embargo, la lucha contra la impunidad recién comienza: “Espero que se haga justicia por mi hijo y por todos los chicos y chicas que mata la policía, en eso estamos”, sentencia Noemí.
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