Comenzó un juicio histórico por los delitos de lesa humanidad cometidos por la empresa Ford. Los acusados en este proceso son dos ex gerentes de la firma automotriz y a un ex jefe militar que son juzgados por el secuestro, las torturas y los delitos cometidos contra 24 trabajadores de la fabrica. Este nuevo proceso judicial permite comprobar la complicidad y responsabilidad civil en el genocidio, dado que en la planta automotriz de Pacheco funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio.
Luego de tres años de demora para comenzar este histórico juicio contra la complicidad empresaria de la dictadura, en esta semana, en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, comenzó a ser juzgado el rol de la empresa Ford. Allí, los acusados son: Pedro Müller, ex gerente de Manufactura de la automotriz Ford; Héctor Sibilla, ex jefe de Seguridad de la planta en General Pacheco; y Santiago Omar Riveros, ex jefe del Cuerpo IV del Ejército. Otro ex gerente, Guillermo Galárraga, estaba procesado en la causa pero murió en el año 2016.
Este juicio estaba programado para comenzar en marzo del 2017 pero a comienzos de este año, desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°1 de San Martín, lo suspendieron. Entonces, el inicio se dio recién el 19 de diciembre de 2017. Los imputados son juzgados por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 24 trabajadores, en su mayoría, delegados gremiales, quienes son querellantes en la causa y estuvieron en la primer audiencia del juicio. A Müller y Sibilla, en particular, se los acusa de haber aportado los medios necesarios, como gerentes de la empresa, para la comisión de los crímenes.
Foto: AFP
La empresa Ford es un caso ejemplar sobre la complicidad y responsabilidad civil en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar. Ford tiene como característica el funcionamiento de un centro clandestino de detención dentro de la fábrica ubicada en General Pacheco, provincia de Buenos Aires, precisamente en el quincho que fue lugar de reunión y esparcimiento de los trabajadores. De esta forma, la empresa funcionó al servicio del genocidio.
Los organismos de Derechos Humanos y los sobrevivientes de este lugar de detención venían exigiendo el pronto inicio del juicio, debido a la edad de los acusados (85, 90 y 94 años) para evitar que mueran impunes tras haber sido responsables y cómplices de la dictadura. Sin embargo, y luego de 40 años de la dictadura, la mayoría de los empresarios y cómplices civiles del golpe militar siguen sin ser sometidos a juicio.
(Leer nota: La complicidad empresaria de la dictadura aliada de la impunidad y el poder)
Como ya mencionamos repetidas veces en La Primera Piedra, la responsabilidad civil es la que más beneficios recibe de distintos sectores que impiden que sea plenamente juzgada. Durante los juicios que fueron reabiertos en el año 2006 se ha logrado condenar a cómplices civiles como miembros de la Iglesia y funcionarios judiciales. Sin embargo, los empresarios responsables, como los de Ford, siguen gozando de una amplia libertad que solo se ve quebrada pocos casos.
Foto: Romina Alemis
Según la investigación llevada adelante, las víctimas fueron detenidas entre los meses de marzo y agosto de 1976, la mitad de ellas fue secuestrada desde la planta de Ford Motors Argentina S.A. en Pacheco. Los detenidos se desempeñaban, en su mayoría, como delegados y operarios de esa compañía. «Me sacan del puesto de trabajo, me esposan adelante de la gente, me pasean por los pasillos, era para intimidar a la gente. Nos llevan al quincho, en el campo de deportes de la empresa, y ahí nos torturan casi 12 ó 15 horas”, contó Pedro Troiani, uno de los sobrevivientes, en La Imposible.
Este nuevo proceso judicial señala la fuerte complicidad de la empresa con el plan genocida para secuestrar, torturar y exterminar a sus trabajadores. En este sentido, el comienzo de este juzgamiento no solo permite avanzar en el proceso de memoria, verdad y justicia, sino que permite alumbrar el camino para condenar a los responsables civiles de la dictadura en un contexto de fuertes retrocesos, negacionismo y vulneración de derechos.
