«Queremos volver a ser parte del mundo». Ese fue una de las tantas frases de cabecera que Mauricio Macri utilizó durante la campaña electoral en el 2015, aludiendo la necesidad de terminar con un supuesto «aislacionismo». Durante el último tiempo, el atropello a los derechos humanos del gobierno de Cambiemos logró que el país efectivamente estuviera presente en la agenda mundial, tras diversas denuncias internacionales en Argentina. (Victor R. Caivano/Associated Press)
Milagro Sala y un reclamo por la libertad
Apenas un mes después del inicio de la gestión de Mauricio Macri, Milagro Sala, la dirigente de la Tupac Amaru, la organización política y social más grande del país, fue detenida. Su prisión, que fue enmarcada por su participación en una protesta social, inauguraba, por un lado, la criminalización a las manifestaciones y, en segundo lugar, un proceso judicial que ya lleva más de 700 días en los que la militante, a pesar de pasar al régimen domiciliario tras idas y vueltas, aún no salió en libertad.
La prisión preventiva que luego se mantuvo por distintas causas con las cuales no hay una justificación firme para mantenerla encarcelada fue repudiada por diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
La prisión preventiva que luego se mantuvo por distintas causas con las cuales no hay una justificación firme para mantenerla encarcelada fue repudiada por diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Así, Amnistía Internacional, la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU) se proclamaron por su detención arbitraria y exigieron su liberación, a la vez que comenzaron a monitorear el desarrollo del caso.
Foto: Notimérica
El Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó su preocupación por la detención de Milagro Sala y pidieron por su “liberación inmediata”. La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar exigiendo, también, y destacó la obligatoriedad del requerimiento de la ONU, asegurando que la dirigente “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un daño irreparable”. En este sentido, la CIDH exigió al Estado argentino que la líder jujeña cumpliera, por lo menos, la detención en su domicilio o que enfrentara los procesos judiciales en libertad con medidas como la fiscalización electrónica.
La CIDH exigió al Estado argentino que la líder jujeña cumpliera, por lo menos, la detención en su domicilio o que enfrentara los procesos judiciales en libertad con medidas como la fiscalización electrónica.
Frente a esta situación, el gobierno argentino, el gobierno provincial y distintos funcionarios del oficialismo, no solo quitaron valor a los pedidos de los organismos internacionales sino que hasta deslegitimaron su rol y criticaron las injerencias del país, excusándose en que era un tema que debía resolver la justicia argentina. También han señalado, a pesar de lo absurdo que puede sonar, el «cáracter kirchnerista» de estos organismos.
Estos reclamos internacionales por la liberación, y que acusan al Estado argentino debido a violaciones de los tratados de los cuales el país forma parte, han permitido observar el funcionamiento de una operación que intenta deslegitimar lo que, internacionalmente, se observa sobre el país, sin importar si son especialistas en el tema, medios o referentes de derechos humanos.
Santiago Maldonado y la exigencia por el esclarecimiento del caso
Tras la desaparición de Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017, la preocupación de diversos organismos nacionales e internacionales no se hizo esperar. La exigencia de su aparición con vida interpelaba a un Estado que era acusado por la desaparición forzada del joven. En este sentido, se pronunciaron los organismos de derechos humanos de la ONU, Amnistía Internacional y la CIDH sobre el rol que estaba jugando el Estado y el gobierno argentino en el caso y exigieron medidas urgentes.
El Comité Contra La Desaparición Forzada de Naciones Unidas, por primera vez desde su creación en la década de los ’90, reclamó al Estado Argentino que adopte una estrategia integral y exhaustiva para la búsqueda y localización del joven desaparecido, exigiendo que se adopten todas las medidas urgentes que sean necesarias.
El Comité Contra La Desaparición Forzada de Naciones Unidas, por primera vez desde su creación en la década de los ’90, reclamó al Estado Argentino que adopte una estrategia integral y exhaustiva para la búsqueda y localización del joven desaparecido, exigiendo que se adopten todas las medidas urgentes que sean necesarias. Así, se sumaron los pedidos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA para encontrar con urgencia a Santiago Maldonado. La prensa internacional también tomo nota del reclamo que se estaba llevando adelante en el país.
Con la confirmación de su muerte, los reclamos internacionales viraron a la garantía de que se lleve adelante una investigación independiente. Lo sucedido entre la represión brutal de Gendarmería Nacional el 1 de agosto y el 17 de octubre, cuando se encontró su cuerpo en el río Chubut, no está claro y los referentes de los organismos citados se pronunciaron en la necesidad de realizar una investigación independiente y seria al respecto, como pide también la familia de Santiago Maldonado.
Frente a los reclamos internacionales por el accionar de un Estado que era el principal sospechoso por su desaparición seguida luego de muerte, el gobierno nacional deslegitimó las denuncias, las cautelares y las exigencias. Acusó a las organizaciones que presentan información en la CIDH, ninguneó los testimonios llevados frente a los espacios de denuncia internacional y negó su participación en el caso a pesar de que nunca hubo otra prueba que el accionar represivo de las fuerzas comandadas por Patricia Bullrich.
Deportados por pensar diferente
En el marco de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Argentina estuvo en boca de la prensa internacional ante la polémica que generó el blindaje del gobierno encabezado por Mauricio Macri: se revocó la acreditación a la cumbre al menos a 60 representantes de la sociedad civil. Dos de los casos que más resonaron fueron los del noruego Petter Titland, presidente de la ONG Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (Attac), y Sally Burch, periodista británica residente en Ecuador y directora de ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). El primer caso ocasionó un cruce diplomático con el gobierno noruego.
En el marco de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Argentina estuvo en boca de la prensa internacional ante la polémica que generó el blindaje del gobierno encabezado por Mauricio Macri: se revocó la acreditación a la cumbre al menos a 60 representantes de la sociedad civil.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto, liderado por Jorge Faurie, justificó la medida aludiendo a la existencia de “explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos”. Titland, reconocido activista cuya organización logró repatriar millones de dólares fugados de Noruega a paraísos fiscales y reclama la transparencia del mercado internacional expresó: «Como dijimos en todos los canales de redes sociales y también en los medios de Noruega, no somos parte de las manifestaciones violentas y nosotros no soportamos la violencia como método de expresarse. Creo que esto muestra la seriedad o la falta de seriedad por parte de la inteligencia argentina».
Por su parte, la periodista británica Sally Burch, que iba a participar de actividades paralelas a la OMC, fue trasladada nuevamente a Ecuador. Le prohibieron la entrada por haber dicho que ingresaría como turista y por no haber contado con boleto de retorno a su destino de origen. En el aeropuerto, identificaron su nombre como parte de una lista y le prohibieron la entrada. «La razón por la que me mandan de regreso no es algo que yo haya dicho sino que quieren restringir la participación de voces críticas en la cumbre y las actividades paralelas a la cumbre. Pienso que es una actitud poco democrática del Gobierno”, afirmó Burch en el programa “La vuelta de Zloto”, en Radio 10.
(Leer nota relacionada: Volvimos al mundo: deportados por pensar diferente)
