El accionar represivo que se pudo ver en las últimas movilizaciones da cuenta de un cambio de lógica en el rol de las fuerzas de «seguridad» en la protesta social. Razzias, gases, detenciones arbitrarias, balas de goma, son las distintas formas de denominar la cacería en la represión que ha instalado el gobierno de Cambiemos. En paralelo, los grandes medios de comunicación se empeñan en criminalizar a los manifestantes, descontextualizar las imágenes y construir a un enemigo público. (Foto: Germán Adrasti)
La represión desatada en la ciudad de Buenos Aires en las últimas semanas ha evidenciado un cambio de paradigma del gobierno nacional respecto a la «seguridad» en la protesta social. Si bien las provincias y su accionar represivo venía demostrando un aumento rotundo en su lógica represiva, en el centro político y económico del país la represión en movilizaciones era más disimulada, subtendida y ocultada dado que muy pocas cámaras captaban lo sucedido.
El cambio de paradigma represivo se empezó a ver tras la multitudinaria movilización del 8 de marzo por el Paro Internacional de Mujeres. Cuando quedaba muy poca gente en las inmediaciones de la Plaza de Mayo y otras personas se dispersaron por restaurantes o bares de la zona, a modo disciplinador, la fuerza policial tomó las calles.
El cambio se empezó a ver tras la multitudinaria movilización del 8 de marzo por el Paro Internacional de Mujeres. Cuando quedaba muy poca gente en las inmediaciones de Plaza de Mayo y otras personas se dispersaron por restaurantes o bares de la zona, a modo disciplinador, la fuerza policial tomó las calles. Los agentes estatales comenzaron a recorrer el centro porteño como dueños de él para reprimir y cazar mujeres que habían participado en la marcha, mujeres que estaban cenando, caminando o simplemente pasaban por allí.
«Efectivos de la Policía de la Ciudad arrojaron gases lacrimógenos, gas pimienta y proyectiles antitumulto que lesionaron a varios de los presentes (….) las detenciones fueron arbitrarias, violentas e irregulares (…) los efectivos no se identificaban o apresaban, entre varios, a gente que no estaba relacionada con el principio de incendio que se había iniciado en la puerta de la Catedral”, señalaron de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) días después de lo sucedido. No hubo piedras que avalen el accionar represivo, hubo decisión política de desatar una razzia para comenzar a disciplinar la protesta social y, en este caso particular, al movimiento de mujeres.
Los medios, por su parte, lejos estuvieron de relatar la brutal cacería desplegada en el centro porteño y como es costumbre mostraron su indignación por pequeños grupos que pintaban paredes o se acercaban a la catedral. La selección de imágenes para relatar una movilización masiva, omitiendo deliberadamente imágenes de la represión posterior que se viralizó mediante redes sociales y medios alternativos, no se escapa a la lógica con que Cambiemos intentó comenzar a disciplinar la protesta social.
8 de marzo – Foto: @DavidKurlatFotografia
Meses más tarde, mientras comenzaba a tomar relevancia en el debate público la detención de Facundo Jones Huala, privado ilegítimamente de su libertad desde el 27 de junio, el 4 de julio la Asamblea por la Libertad de Facundo Huala realizó una manifestación en Plaza Lavalle, frente a Tribunales, en la que ni siquiera cortaban la calle. Allí, fueron reprimidos con saña, detenidos cuando estaban finalizando la actividad y estuvieron incomunicados por más de 36 horas. Este hecho pasó desapercibido por los grandes medios de comunicación: no había imágenes de ningún destrozo para mostrar, ni siquiera un corte de calle con el cuál indignarse.
(Leer nota: Represión a la Asamblea por la liberación de Jones Huala: otro golpe a la protesta social)
«Cuando finalizábamos la actividad con una asamblea, el comisario se acercó para decirnos: ‘Vienen los bomberos apagar el fuego, no le hagan nada. La policía se va a quedar quieta no les van hacer nada’ (haciendo referencia al regimiento de infantería que se encontraba ubicado a pocos metros de la asamblea). Acto seguido mientras un compa descolgaba una bandera, el cuerpo de infantería inicio la acción de detención de los compañeros, de manera ilegítima que desencadeno la represión», señalaron desde un comunicado de la Asamblea. Los siete detenidos fueron acusados de “lesiones, intimidación pública y resistencia la autoridad” a pesar de no haber hecho nada más que manifestarse y, si bien están en libertad, sus causas siguen abiertas.
El 1 de septiembre, a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, la lógica se volvió a repetir. Cuando la mayor parte de la multitudinaria convocatoria ya había desconcentrado y quedaban algunas personas en Plaza de Mayo, en sus cercanías o en bares que se ubican en el centro porteño, apareció la fuerza represiva. Camiones hidrantes, gases y palos para comenzar una nueva cacería en el centro. El resultado fue más de 30 detenidos de forma indiscriminada, entre ellos, periodistas y comunicadores de medios alternativos.
El 1 de septiembre, a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, la lógica se volvió a repetir. Camiones hidrantes, gases y palos para comenzar una nueva cacería en el centro. El resultado fue más de 30 detenidos de forma indiscriminada, entre ellos, periodistas y comunicadores de medios alternativos.
Este despliegue se dio ante las cámaras de los medios. Esta represión si se transmitió por la televisión. Sin embargo, también fueron cuidadosos en las imágenes que se mostraron. Eligieron exponer constantemente aquellas que reflejaban un edificio pintado, contar lo que saldría reparar su fachada y así justificar que la policía comience a tomar las calles como si se tratase de un estado de sitio. Porque de eso se trato. Detuvieron a las personas que se cruzaron y los que portaban una cámara que los denunciara.
«Salieron a cazar personas que estábamos ahí haciendo distintas cosas, algunos registrando, otros manifestando (…) La mayoría de los detenidos éramos personas laterales a los disturbios», señaló Ezequiel Medone, reportero gráfico la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) en diálogo con el programa Enredando las Mañanas. «Yo salía del trabajo con la ropa que tengo ahora. No fui a tirar nada y nos imputaron que tiramos molotov, piedras; que tuvimos resistencia a la autoridad, nos trataron como chorros, como terroristas (…) Soy analista de seguridad informática. Trabajo en San Telmo, cuando salgo voy por Defensa hasta el subte A, ahí me encontré con los disturbios y la Policía empezó a levantar gente que nada que ver», relató uno de los jóvenes al momento de ser liberado en declaraciones a periodistas de los canales C5N y la TV Pública.
(Leer nota: Un mes sin Santiago Maldonado y la única respuesta del gobierno es la represión)
1 de septiembre – Foto: Sipreba
Los detenidos en estos tres ejemplos no estuvieron vinculados con ningún destrozo ni se correspondían con quienes habían realizado supuestos disturbios, hasta en muchos casos ni siquiera habían participado de la movilización. Los datos redactados por la fuerza oficial no se correspondían con sus testimonios ni tampoco con los momentos de la detención. Estos tres casos también sirven para pensar como prueba de piloto de la represión desatada en el mes de diciembre de este 2017 en el que el conflicto social se puso en evidencia.
Estos hechos aislados durante el año, en los que había aspectos preocupantes y se empezaba a pensar en el aumento de la capacidad represiva en la protesta social se pudieron ver con una claridad abrumadora en el mes de diciembre de 2017. Este mes ha sido particular en movilizaciones pero también en militarización del centro porteño. Las convocatorias contra la Organización Mundial de Comercio (OMC), de movimientos sociales y contra la reforma previsional fueron reprimidas.
Estos hechos aislados durante el año, en el que había aspectos preocupantes y se empezaba a pensar en el aumento de la capacidad represiva en la protesta social se pudo ver con una claridad abrumadora en el mes de diciembre de 2017.
Frente a la contundencia de las movilizaciones, se valló el centro y el Congreso de la Nación. Era zona militarizada. Ante las miradas de medios de comunicación, las fuerzas represivas -Policía de la Ciudad, Policía Federal Argentina, Prefectura Nacional, Gendarmeria Nacional- tomaron con vehemencia y violencia las calles. Eso desembocó en el resultado obvio de la represión que desde el gobierno y los medios se intentó justificar.
Mientras los medios de comunicación se entretenían con un virtual enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de «seguridad», equiparando piedras al aparato represivo estatal, en los alrededores, la policía salía a cazar. A pesar de que intenten justificar el resultado de casi 200 detenciones en el mes de diciembre afirmando que eran personas que estaban ocasionando disturbios en la movilización, la mayoría de ellas estaba desconcentrando, ni siquiera había participado de la marcha o simplemente se cruzaron frente a los policías motorizados en el momento equivocado.
“Pasaban disparando en motos y nosotros tratábamos de escabullirnos donde no había quilombo”, contó Agustín Guevara. «Yo estaba a cuatro cuadras de mi casa. Salí de laburar y estaba volviendo a mi casa, loco. No tenía nada que ver. Yo no hice nada, nadie hizo nada”, señaló Damiana Barcellos. “Pregunté por qué estaba detenida y me respondieron que era porque estaba en un lugar donde no podía estar”, explicó Eva Luna Lillo. Todos estos testimonios, como se puede leer en La Primera Piedra fueron dados por los detenidos al momento de quedar en libertad tras la brutal represión.
14 de diciembre – Foto: Mariano Martino
Esta cacería diseñada para captar y detener indiscriminadamente se repitió con una confianza abrumadora. Cuando eso pareció excepcional el 8 de marzo y absurdo aquel 1 de septiembre, esta vez parecía cotidiano. En las ocasiones anteriores se encontraron muchos errores en los legajos oficiales, pero en diciembre de 2017 y, específicamente, en las movilizaciones contra la reforma previsional el accionar represivo estaba mucho más aceitado y con una decisión política de ejercerlo dado el tamaño de los operativos.
La calidad y cantidad de uniformados en los operativos desplegados es un accionar claro para disciplinar una protesta social que va en aumento a medida que las decisiones tomadas son cada vez son más regresivas para los sectores vulnerables. La necesidad de poner en las calles la gran cantidad de arsenal represivo del Estado mediante las miradas de los medios de comunicación y sus espectadores no hace otra cosa que demostrar el amedrentamiento a aquellos que quieran luchar. Sin embargo, la lógica represiva que hay por detrás, al detener indiscriminadamente, busca establecer la desmovilización en toda la sociedad.
