La reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri fue aprobada por el Senado con mínimas modificaciones y busca alcanzar los votos necesarios en la Cámara de Diputados para legalizar su aplicación. Los cambios en el régimen de jubilaciones implicarán una reducción en los montos recibidos a través de modificaciones en las variables de cálculo. Expertos señalan este aspecto como una maniobra inconstitucional, que afectará a más de 17 millones de personas en todo el país.
Con viento a favor tras la victoria del partido oficialista en las elecciones legislativas, Mauricio Macri se reunió en octubre pasado con los gobernadores de las provincias para alcanzar un acuerdo alrededor de las reformas que pretende para la segunda mitad de su mandato. Dentro de este paquete de reformas se incluyeron modificaciones al régimen laboral, fiscal y previsional que fueron presentadas ante el Congreso. La reforma previsional, que trata modificaciones sobre el sistema jubilatorio y asistencial a nivel nacional, fue aprobada por la Cámara de Senadores la semana pasada y espera pasar por la Cámara de Diputados antes de fin de mes para comenzar su ejecución el año próximo.
La reforma previsional, que trata modificaciones sobre el sistema jubilatorio y asistencial a nivel nacional, fue aprobada por la Cámara de Senadores la semana pasada y espera pasar por la Cámara de Diputados antes de fin de mes para comenzar su ejecución el año próximo.
A pesar del optimismo del oficialismo, este es el proyecto que ha despertado mayores críticas en la oposición. Estas son 3 razones:
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Cambio en la fórmula de actualización de haberes
La mayor crítica que se la ha hecho al proyecto de reforma previsional es la modificación en el cálculo de aumentos que se aplicaría a partir del año próximo. Según este nuevo método, las actualizaciones de haberes se calcularían de forma trimestral según un 70% del índice inflacionario y un 30% de la variación de salarios, en vez de tomar un 50% de la evolución de los salarios y un 50% de la recaudación como establece la legislación vigente. De esta forma, el aumento en Marzo pasaría a ser de un 5,7% en vez de un 12% como era esperado.
Expertos constitucionalistas como Daniel Sabsay afirman que esta modificación es inconstitucional porque atenta contra los derechos garantizados por la Constitución Nacional de movilidad jubilatoria y derecho a la propiedad, que se aplicarán de forma retroactiva. El diputado de Cambiemos Pablo Tonelli defendió el cambio argumentando que «los jubilados pierden plata, pero no poder adquisitivo». Las actualizaciones alcanzan a todos los que reciben jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales por parte del Estado.
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Aumento por debajo de la canasta básica
Los aumentos planteados por el oficialismo, además de ser menores a los que establece la legislación vigente, están lejos de cubrir las necesidades de los jubilados. La canasta básica para adultos mayores (que incluye gastos por remedios, servicios y alimentación) alcanza los $17.523, y hay un 70% de jubilados que actualmente no pueden cubrir ese monto, incluso quienes reciben dos haberes, como jubilación y pensión. Teniendo en cuenta que el aumento sería apenas de un 5, 7% en marzo 2018, la situación empeoraría y no aportaría una solución frente a los aumentos de servicios que se esperan para 2018.
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«Ahorro» y comparación con otras medidas
Según han difundido varios medios, las modificaciones constituirían un «ahorro» de $100.000 millones de pesos al Estado en el año 2018. Las reformas previsionales y tributarias se han pensado siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para países deficitarios, sin pensar en el impacto que estas medidas tienen en la vida cotidiana de millones de personas en todo el país. A su vez, las modificaciones se dan en un contexto donde empresas de diversos rubros han sido beneficiadas con quitas de impuestos que podrían aportar a recuperar esos montos en las arcas estatales.
