El 19 y 20 de diciembre de 2001 se desató el estallido social que fue la consecuencia de la crisis del neoliberalismo en el país. Saqueos, cacerolazos, movilizaciones fueron las respuestas que tuvo a mano la población para reclamar a un Estado que se había preocupado muy poco por las grandes masas excluidas que dejaba su modelo económico. La respuesta del gobierno de Fernando de la Rúa fue el estado de sitio y casi 40 muertos por la represión. (Foto: Pablo Piovano)
El modelo económico implementado a partir de la dictadura cívico-militar de 1976 se impuso en Argentina a fuerza de torturas, exterminio, secuestro y desaparición de una gran cantidad de personas que se oponían a la concentración de la riqueza en pocas manos. El neoliberalismo se inauguraba, así, con la sangre de miles de militantes, obreros, estudiantes, artistas, entre muchos otros colectivos.
Estas políticas económicas, que cambiaron radicalmente el desarrollo del país, fueron profundizadas en la década de 1990 con las presidencias de Carlos Saúl Menem y la gestión económica de Domingo Cavallo. Estas mismas medidas guiaron por todos esos años el rumbo económico del país en el que, a medida que se iban deteriorando y el ajuste sobre los sectores populares iba en aumento, la pobreza, el desempleo y, otros indicadores similares, escalaba a números alarmantes. Ese mismo camino siguió el gobierno de Fernando de la Rúa, junto a Cavallo en su breve gobierno de dos años.
La rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 explotó por los aires un sistema que estaba condenando a grandes masas de la población a la miseria planificada, al hambre y a la exclusión. Hambre que se veía con la violencia de los saqueos, miseria que se demostraba con la lucha entre pobres y la exclusión que se veía reflejada en el abandono total de un Estado que solo estuvo presente para reprimir cuando el pueblo dijo basta y salió a las calles.
La rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 explotó por los aires un sistema que estaba condenando a grandes masas de la población a la miseria planificada, al hambre y a la exclusión.
Ese 19 de diciembre, cuando los saqueos se propagaban por todo el país, y la gente buscaba alimentos para poder sobrevivir a la crisis de un sistema desigual, el gobierno de Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio. Inmediatamente, en todos lados, en todas las plazas y en todo el territorio nacional la población salió con cacerolas, elementos que puedan hacer ruido o tan solo con su presencia para manifestarse contra la decisión de sitiar el país y en repudio a las políticas desarrolladas en dos años de gobierno que habían colaborado en aumentar la crisis social y económica que había dejado el menemismo.
Un total de 39 asesinatos en manos del accionar represivo del Estado fue el resultado de las jornadas de protesta social del 19 y 20 de diciembre de 2001. Dos de los que recibieron heridas en ambas fechas, murieron un año después por las secuelas de la represión. Siete personas fueron asesinadas en el centro de la ciudad de Buenos Aires, hechos registrados por las imágenes que se mantienen en la memoria imborrables. Once son los muertos que se sucedieron en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. También hubo múltiples asesinatos por la represión en la provincia de Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Tucumán y Río Negro.
Un total de 39 asesinatos en manos del accionar represivo del Estado tuvo como resultados las jornadas de protesta social del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Estas muertes en manos del Estado en el marco de represión a manifestaciones, movilizaciones y cortes de ruta suman más de 70 personas desde 1995 hasta la presentación del último informe represivo anual de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) del año 2016. A su vez, en este 2017, se suman las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel como resultado del accionar represivo estatal en la protesta. Sin embargo, de estas más de 70 personas asesinadas bajo las fuerzas estatales, 39 de estas muertes bajo esta modalidad se dieron en las jornadas de estallido y rebelión popular del 19 y 20 de diciembre.
El gobierno de la Alianza, comandando por De La Rúa, de esta forma, es el gobierno que mató más personas en la represión a movilizaciones populares hasta la fecha. En tan solo dos años de gestión, entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001, asesinó a un total de 45 personas en esta modalidad, de los cuales 39 cayeron tras la brutal represión ejercida por el Estado durante las jornadas populares del 19 y 20 de diciembre. Tras estas muertes, el presidente que carga con ellas pero fue sobreseído en su responsabilidad política, renunció a su cargo, dando inicio a un nuevo período político en Argentina. Sin embargo, luego de estas fechas, el plan neoliberal siguió causando muertes y exclusión.