Este sábado tendrá lugar la XXVI edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ que, como todos los meses de noviembre, buscará defender los derechos conquistados del colectivo y alzar la voz por muchos otros que aún falta alcanzar. Este año, el centro de los reclamos está puesto en el fin de la violencia que reprime y ataca las identidades y la diversidad de forma cotidiana. (Foto: China Díaz Fotografía)
“Basta de femicidios a travestis, transexuales y transgéneros. Basta de violencia institucional. Orgullo para defender los derechos conquistados”. Estas son las consignas que se alzarán desde Plaza de Mayo hasta el Congreso el próximo sábado 18 de noviembre, durante la XXVI edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ. Como todos los años, miles de personas se movilizarán alrededor de todo el país para defender la identidad y exigir la atención de un Estado que continúa dando la espalda a la violencia cotidiana que atraviesa el colectivo.
“Basta de femicidios a travestis, transexuales y transgéneros. Basta de violencia institucional. Orgullo para defender los derechos conquistados”. Estas son las consignas que se alzarán desde Plaza de Mayo hasta el Congreso el próximo sábado 18 de noviembre, durante la XXVI edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ
Desde aquella primera marcha de 1992, la convocatoria se multiplicó y los reclamos que antes se encontraban recluidos fueron cobrando visibilidad en la escena pública. A lo largo de los últimos 26 años, fueron varios los derechos conquistados gracias a la lucha incansable de la comunidad: el pronunciamiento en contra de la discriminación por orientación sexual en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires de 1996; la aprobación de la Ley de Unión Civil en la legislatura porteña en 2002; la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral; el reconocimiento de la pensión por fallecimiento a las parejas del mismo sexo; la Ley de Matrimonio Igualitario y la de Identidad de Género.
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Foto: China Díaz Fotografía
A pesar de la importancia de estos avances, aún quedan muchos otros que son necesarios para que los derechos del colectivo LGBTIQ dejen de ser vulnerados de forma sistemática. Además del camino normativo que aún queda por recorrer, son necesarios cambios a nivel cultural, que deconstruyan los cimientos de una sociedad heteronormativa que expulsa y reprime toda disidencia. Esta es la base de las discriminaciones sufridas en todos los ámbitos y que obstaculizan el acceso de la comunidad a la salud, la educación, el trabajo e incluso al espacio público.
Además del camino normativo que aún queda por recorrer, son necesarios cambios a nivel cultural, que deconstruyan los cimientos de una sociedad heteronormativa que expulsa y reprime toda disidencia. Esta es la base de las discriminaciones sufridas en todos los ámbitos y que obstaculizan el acceso de la comunidad a la salud, la educación, el trabajo e incluso al espacio público.
En este sentido, entre los reclamos se abordarán también la necesidad de una ley antidiscriminatoria a nivel nacional; la plena implementación de la ley de Identidad de Género; el cumplimiento efectivo de la ley de cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires; la necesidad de una nueva ley de VIH, hepatitis e infecciones de trasmisión sexual; la reforma de la ley de trata que criminaliza a las trabajadoras sexuales; alternativas laborales para aquellas personas que se encuentran en situación de prostitución; separación entre la Iglesia y el Estado, unión que continúa imponiendo su estigma sobre las identidades y la diversidad.
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Foto: China Díaz Fotografía
Marcha del Orgullo: basta de violencia
Este año, la consigna principal de la marcha exige el freno a la violencia que el colectivo LGBTIQ sufre de forma cotidiana, y en particular, a la escalada represiva por parte de las fuerzas de seguridad que ha aumentado en el último tiempo. Sin ir más lejos, hace algunas semanas, el Minsterio de Seguridad, con Patricia Bullrich a la cabeza, dio a conocer el «Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T., enmarcando la criminalización de la comunidad y actuando como una herramienta que justifica la creciente persecución institucional.
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La criminalización de la diversidad sexual y la consecuente represión viene de larga data, avalada por los denominados edictos policiales que recién fueron derogados en 1996. En ellos, toda identidad disidente que no encajara en los parámetros de la heteronormatividad era considerada «anormal», «desviada», «amoral» y por lo tanto debía ser excluida y encarcelada para mantener el «orden social». Si bien hubo figuras legales que luego fueron eliminadas, a fines de la década del ’90 los edictos terminaron siendo reemplazados por los Códigos Contravencionales de Faltas que continúan siendo utilizados como justificativos de detenciones.
La criminalización de la diversidad sexual y la consecuente represión viene de larga data, avalada por los denominados edictos policiales que recién fueron derogados en 1996. En ellos, toda identidad disidente que no encajara en los parámetros de la heteronormatividad era considerada «anormal», «desviada», «amoral» y por lo tanto debía ser excluida y encarcelada para mantener el «orden social».
En los últimos meses los ataques al colectivo LGBTIQ fueron denunciados por varios activistas. Luciana Sánchez, abogada e integrante del Colectivo para la Diversidad (COPADI), destacó a Agencia Presentes que el aumento de la violencia hacia la comunidad se observa en episodios como las “razzias y cierres en centros culturales, de sociabilidad y esparcimiento LGBTIQ; aplicación manifiesta de perfiles lesbofóbicos en las detenciones realizadas en la previa y luego de la marcha del 8M y por la liberación de Jones Huala, o simplemente por estar besándonos en la calle”.
Por nombrar solo algunos de los tantos ejemplos, la Comisión Provincial por la Memoria denunció que el pasado 4 de noviembre la policía de La Plata atacó a un grupo de militantes trans con maltratos físicos e insultos misóginos y racistas. A principios del mes de octubre, una pareja de mujeres que se estaba besando en la estación de Constitución fue interceptada por la policía. Una de ellas fue golpeada y detenida bajo el argumento de estar fumando un cigarrillo. Este caso de violencia lesbofóbica fue ampliamente repudiado y llevó a la convocatoria de un «Besazo Tortazo».
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Foto: China Díaz Fotografía
Tal como informamos anteriormente en La Primera Piedra, para las personas trans y travestis – cuya expectativa de vida ronda los 35 años – , la violencia institucional es la segunda causa principal de muerte, luego del VIH o enfermedades asociadas. De acuerdo al informe “Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina”, publicado en octubre de 2016 por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, “el 33,4% de los crímenes de odio contra la comunidad es cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal”
Es por esto que otro de los reclamos se basará también en la campaña «Reconocer Es Reparar», que tiene como objetivo convertir en ley un proyecto que en el día de hoy se presenta en el Senado de la Nación y con el que se busca resarcir una pensión a aquellas trans y travstis mayores de 40 años violentadas tanto por edictos policiales como por cualquier otro acto vejatorio de las fuerzas de seguridad. Se estima que son alrededor de 300 las personas que podría recibir esta pensión en todo el país.
El 33,4% de los crímenes de odio contra la comunidad es cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal.
Frente a una sociedad que discrimina y un Estado que, en lugar de invertir en políticas inclusivas, aumenta los recursos destinados a la represión y al fortalecimiento de fuerzas de seguridad que continúan hostigando a las minorías, el orgullo y la defensa de la identidad son una respuesta política. Un acto por medio del cual el colectivo LGBTIQ logró situarse en el espacio público, y fortalecer su voz a lo largo de 26 años de lucha, para dejar en claro que el silencio no es una opción ante los atropellos vividos.
