El asesinato de Rafael Nahuel en el contexto de represión a la protesta es el primer fusilamiento del gobierno de Cambiemos en esta modalidad. Este hecho, sumado a la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, se debe leer en el marco de un incremento sistemático del conjunto de las políticas represivas estatales destinadas a controlar a los sectores sociales más vulnerables y reprimir cualquier reclamo que se enfrente a un modelo social y económico de exclusión.
Rafael Nahuel, un joven mapuche del sur argentino, murió durante este sábado 25 de noviembre fruto de la represión en conjunto de distintas fuerzas de «seguridad» en la comunidad Lafken Winkul Mapu. Con tan solo 22 años fue asesinado impunemente por la espalda. En el operativo ordenado por el juez Gustavo Villanueva que terminó con su muerte, actuó un grupo especial de Prefectura Albatros, Policía Federal y Gendarmería Nacional.
(Leer nota relacionada: Muertos por reclamar: Prefectura asesina a un joven mapuche)
La comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu ubicada en las inmediaciones de Lago Mascardi, Bariloche, provincia de Río Negro, se encontraba en un territorio que había sido recuperado de forma legal el pasado 14 de septiembre. Recuperación amparada en los derechos de los pueblos originarios legitimados por la Constitución Argentina y leyes internacionales. Sin embargo, como muchas comunidades indígenas del país, sufren la persecución, hostigamiento y represión de las fuerzas represivas estatales, en complicidad con un Poder Judicial que los criminaliza.
Matar los reclamos a un modelo de exclusión
Rafael Nahuel, se convierte así en el primer fusilado del gobierno de Mauricio Macri en el marco de una represión a la protesta social, así como Santiago Maldonado fue el primer muerto de la gestión en un contexto de represión a un corte de ruta con su desaparición forzada seguida de muerte. Ambos casos de inusitada gravedad se deben leer en un mismo contexto: la persecución a las comunidades originarias, y mapuches en particular, y el incremento sistemático de la represión desde la llegada de Cambiemos al poder.
(Leer nota relacionada: Rafael Nahuel: otro joven asesinado por reclamar sus derechos en Argentina)
La represión estatal que se hace carne en los sectores vulnerables en todos los gobiernos constitucionales de la democracia, también se hace presente con el objetivo de desmovilizar, criminalizar y matar la protesta social: Rafael Nahuel y Santiago Maldonado se suman así a un listado de nombres -como Dario Santillán, Maximiliano Kosteki, Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra- que señalan a un Estado asesino.
Rafael Nahuel, primer fusilado del gobierno de Macri
«En todas las modalidades que quieras analizar en materia represiva el macrismo ha pegado un salto fenomenal (…) todo ese proceso de militarización de los barrios que veníamos denunciando desde hace años se ha profundizado de una manera escandalosa», señalaba María del Carmen Verdú a La Primera Piedra, abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), hace tan sólo unos meses.
En este contexto, la represión que persiste en democracia desde 1983 a la fecha, durante la gestión de Cambiemos se vuelve cada vez más cruda para los sectores vulnerables, organizados y militantes. Estos hechos reflejan una gravedad crucial para la ya deteriorada democracia argentina. La impunidad de la muerte de Rafael Nahuel y de un fusilamiento por la espalda, como es moneda corriente en muchos barrios populares, solo se puede combatir con un repudio masivo y generalizado, en caso contrario las balas de plomo van a ser cada vez más recurrentes para aquellos que decidan enfrentar a este modelo de exclusión.
