A pocos días para la marcha del orgullo LGBTTIQ, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aprobó el Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T., que establece lineamientos de acción paras las fuerzas de seguridad que repriman lesbianas, gays, bisexuales y travestis. En un contexto de creciente violencia institucional hacia la comunidad, el protocolo enmarca la criminalización a la diversidad sexual. (Foto: Emiliano Ortiz para 8300 web)
La semana pasada fue publicado un protocolo que establece una serie de medidas a tomar por parte de las fuerzas de seguridad en caso de detener integrantes de la comunidad LGBTTIQ. La medida fue sancionada a menos de veinte días para la XXVI Marcha del Orgullo en Buenos Aires, que este año tendrá como consigna “Basta de femicidios a travestis, transexuales y transgéneros. Basta de violencia institucional. Orgullo para defender los derechos conquistados”. Tal y como denuncian organizaciones activistas, el protocolo simula ser una medida de protección, cuando en realidad esconde una avanzada contra los derechos de la comunidad. A lo largo de sus páginas, detalla los casos en que las fuerzas de seguridad pueden privar de la libertad a una persona y cuáles son los actos iniciales de la aprehensión.
A través de sus lineamientos, el protocolo no solo da cuenta de la violación a los derechos humanos que se lleva adelante durante las detenciones en general, sino que además discrimina a la comunidad y muestra un desconocimiento de la diversidad sexual.
Entre sus puntos, determina que el registro de alguien identificado como parte del colectivo LGBTTIQ debe ser llevado a cabo “por personal femenino, quien actuará de conformidad con el modelo de Uso Racional de la Fuerza, de manera tal que se asegure la efectividad de la acción». Además, se establece que “en todos los casos, la prevención, el registro o la detención se realizarán resguardando la integridad física, respetando los derechos personalísimos, la identidad de género y la dignidad de la persona”. A través de sus lineamientos, el protocolo no solo da cuenta de la violación a los derechos humanos que se lleva adelante durante las detenciones en general, sino que además discrimina a la comunidad y muestra un desconocimiento de la diversidad sexual.
Foto: China Díaz
En un comunicado, la Federación Argentina LGBT afirmó que “si las fuerzas de seguridad efectivamente respetaran y cumplieran las leyes vigentes y los derechos humanos -en general-, y la Ley de Identidad de Género -en particular-«, el protocolo “no tendría razón de existir”. Respecto al requerimiento del personal femenino añadió que «es innecesario que una mujer haga una requisa a un hombre trans, bisexual o gay”. También expresó su preocupación sobre uno de los puntos del anexo que aclara que «queda totalmente prohibido todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales», con el fin de obtener confesiones, infligir castigos, intimidar o coaccionar. ¿Por qué determinar el parámetro de dolor cuando en realidad no debería siquiera existir la posibilidad de que se inflija? ¿Quién lo define?
«El 33,4% de los crímenes de odio contra la comunidad es cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal», lo que implica que «1 de cada 3 personas sufre agresiones -que lesionan el derecho a la integridad física- por parte de de las fuerzas represivas del Estado».
Así, en lugar de generar políticas públicas que promuevan la inclusión y en línea con las medidas represivas del gobierno de Cambiemos, se establece un protocolo que enmarca la criminalización de la comunidad LGBTTIQ y actúa como una herramienta que justifica la creciente violencia y persecución institucional. De acuerdo al informe “Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina”, publicado en octubre de 2016 por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, «el 33,4% de los crímenes de odio contra la comunidad es cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal», lo que implica que «1 de cada 3 personas sufre agresiones -que lesionan el derecho a la integridad física- por parte de de las fuerzas represivas del Estado».
Foto: China Díaz Fotografía
Ya en el año 2006, un informe realizado por Lohana Berkins y Josefina Fernández desde la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti-Transexual (ALITT) denunciaba la baja expectativa de vida de las mujeres trans y travestis, promedio que no supera los 35 años de edad. Once años después, y luego de que los datos fueran actualizados en una nueva investigación llevada adelante desde el Programa de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, junto al Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, la situación no cambió. De acuerdo al estudio, la violencia institucional es la segunda causa principal de las mujeres travestis y trans en la Ciudad de Buenos Aires, luego del VIH o enfermedades asociadas.
La violencia institucional es la segunda causa principal de las mujeres travestis y trans en la Ciudad de Buenos Aires, luego del VIH o enfermedades asociadas.
En los últimos meses los ataques al colectivo fueron denunciados por varios activistas. Luciana Sánchez, abogada e integrante del Colectivo para la Diversidad (COPADI), destacó a Agencia Presentes que el aumento de la violencia hacia la comunidad se observa en episodios como las «razzias y cierres en centros culturales, de sociabilidad y esparcimiento LGBTIQ; aplicación manifiesta de perfiles lesbofóbicos en las detenciones realizadas en la previa y luego de la marcha del 8M y por la liberación de Jones Huala, o simplemente por estar besándonos en la calle”. Sin ir más lejos, la Comisión Provincial por la Memoria denunció que el pasado 4 de noviembre la policía de La Plata atacó a un grupo de militantes trans con maltratos físicos e insultos misóginos y racistas.
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Estos no son ataques aislados, sino parte de prácticas sistemáticas de persecución y hostigamiento que buscan disciplinar todo lo que escapa a la heteronormatividad: los cuerpos y las sexualidades que no son para el consumo o el deseo masculino. En este contexto, el protocolo legitima la violencia estructural contra un colectivo estigmatizado, al que se le continúan negando los derechos y cuya identidad es reprimida en el espacio público.
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