Este viernes 17 de noviembre se lleva adelante la movilización antirrepresiva más grande del país: la Marcha de la Gorra, que llega en un contexto cada vez más crudo de criminalización y persecusión hacia los sectores populares en el que el Estado mata cada 25 horas. Desde hace 11 años se realiza en la ciudad de Córdoba para señalar a los responsables de la vigencia de prácticas represivas que persiguen, encarcelan, torturan y fusilan impunemente a los sectores más vulnerables de la sociedad. En la actualidad esta movilización trasciende los límites de la provincia para multiplicarse en varias ciudades de la Argentina. (Foto: Cobertura Colaborativa de la 10° Marcha de la Gorra)
«Somos lxs vigiladxs, lxs perseguidxs, lxs verdugeadxs, lxs encarceladxs, lxs asesinadxs por el aparato del Estado. Pero también somos una invitación a la resistencia y organización como forma de visibilizar nuestras vidas, como expresión de la liberación de lxs cuerpxs a la vía pública. Tenemos la voz intacta para gritar lo que somos, lo que repudiamos y lo que exigimos. Somos la calle. Somos la Marcha de la Gorra. No quedan dudas, la salida es colectiva», así se espera la 11° Marcha de la Gorra.
Córdoba, la ciudad del Código de Faltas y, actualmente, el de Convivencia, hace once años comenzaba a movilizarse contra la represión. En el 2006, cuando a nivel nacional se reabría el proceso judicial que condenaba los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura cívico-militar, en la ciudad de Córdoba los jóvenes que sufrían la persistencia de las prácticas represivas de un aparato que nunca se desmanteló se levantaban para reclamar a un Estado que deje de matarlos.
Cobertura Colaborativa de la Marcha de la Gorra 2016
Matar a nivel nacional
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) en su último informe presentado en noviembre de 2016, aseguró que 4960 es el número de asesinatos en manos de las fuerzas represivas estatales desde 1983, aunque desde la organización ya hablan de más de 5200 muertes hasta la fecha. En el mismo informe, tan sólo en el primer año del gobierno de Mauricio Macri, la muerte en manos del Estado pasó de un asesinato cada 28 horas a uno cada 25.
La provincia de Córdoba se encuentra tercera en el listado de las jurisdicciones donde el Estado pisa más fuerte con su aparato represivo. Desde el retorno a la democracia y hasta la fecha de presentación del informe, en aquella provincia se sucedieron 377 muertes en las que las fuerzas de seguridad se mancharon con sangre.
En este panorama, siguiendo los datos presentados por la CORREPI, la provincia de Córdoba se encuentra tercera en el listado de las jurisdicciones donde el Estado pisa más fuerte con su aparato represivo. Desde el retorno a la democracia y hasta la fecha de presentación del informe, en aquella provincia se sucedieron 377 muertes en las que las fuerzas de seguridad se mancharon con sangre.
Desde la organización de la Marcha de Gorra, aseguran que además de los constantes hostigamientos que reciben las y los jóvenes de los sectores populares en la capital provincial, el aparato policial también los fusila: «En lo que va del año, ya se han registrado once casos comúnmente denominados “de gatillo fácil” en toda la provincia de Córdoba. A su vez, se registró un caso de femicidio ejecutado por los policías Luciano Andres Gimenez y Jonathan Carlos Nievas, quienes con su arma reglamentaria asesinaron a Micaela Yohana García«, señalan en el comunicado oficial que leerán en el día de hoy.
La mayoría de las muertes en las que el Estado es responsable, en esta ciudad y en todo el país, se mantienen impunes gracias a la colaboración, complicidad y encubrimiento del Poder Judicial y del resto de los poderes por acción u omisión. Sin embargo, la acción organizada de los sectores sociales y populares, con La Marcha de la Gorra y otras actividades, han logrado visibilizar los delitos que comete este Estado policial y la represión del gobierno provincial ya no puede permanecer oculta e impune.
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Cobertura Colaborativa de la Marcha de la Gorra 2016
Del Código de Faltas al Código de Convivencia cordobés
Distintas organizaciones de Córdoba vienen denunciando desde hace varios años la aplicación de la Ley Provincial Contravencional N° 8431 Código de Faltas de la provincia de Córdoba y su aplicación por parte de la Policía. La aplicación de este Código generó cientos de detenciones arbitrarias y discriminatorias por día en la ciudad provincial. Frente a esto muchas de esas personas fueron sometidas a encierro y maltratos físicos, psicológicos y sexuales. En algunos casos, las personas detenidas bajo esta figura legal terminaron desaparecidas o muertas por la modalidad represiva del gatillo fácil o la tortura en lugares de encierro.
Siguiendo el informe de la situación represiva en el 2016 de CORREPI, casi la mitad de las muertes en manos de las fuerzas denominadas de seguridad son por gatillo fácil. A su vez, la organización señala: «Casi la totalidad de las muertes en comisarías corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente detenidas”. En este sentido, no solo es temeroso los números de personas muertas por un Estado que nunca dejó de reprimir, sino que la mayoría de esas muertes ni siquiera tenía una causa abierta.
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Cobertura Colaborativa de la Marcha de la Gorra 2016
Frente a esta situación y a la grave cantidad de denuncias públicas, las organizaciones lograron algunas condenas a quienes llevaron adelante estas detenciones ilegales y prácticas represivas, y la provincia tuvo que generar un nuevo Código de Convivencia que dejaría atrás el Código de Faltas tan repudiado. Sin embargo, desde la coordinación de la Marcha de la Gorra y el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos aseguran que es lo mismo pero dibujado.
Frente a esta situación y a la grave cantidad de denuncias públicas, las organizaciones lograron algunas condenas a quienes llevaron adelante estas prácticas represivas, y la provincia tuvo que generar un nuevo Código de Convivencia que dejaría atrás el Código de Faltas tan repudiado. Sin embargo, desde la coordinación de la Marcha de la Gorra y el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos aseguran que es lo mismo pero dibujado.
Una de las figuras que causaba más repudio del Código de Faltas era la de «merodeo«. Esta figura establecía penas a quienes «merodearan» diferentes establecimientos o permanecieran en las inmediaciones de dichos espacios en «actitud sospechosa», sin una razón atendible, que provocaran la «intranquilidad entre sus propietarios, moradores, transeúntes o vecinos». Estos criterios dejaban más preguntas que respuestas: ¿cuándo existe una razón atendible para circular por determinados espacios? ¿Cuándo la circulación tendría una actitud sospechosa? Esta figura por demás arbitraria era una herramienta que tenía en su poder la Policía de Córdoba para detener personas de forma legal basados en subjetividades y prejuicios que fortalecían la criminalización a los sectores populares.
En el nuevo Código de Convivencia se eliminó el «merodeo», lo que sería un avance y un límite al poder policial. Sin embargo, según la denuncia de las organizaciones sociales, el nuevo Código incorpora o mantiene figuras que pueden ser utilizadas en el mismo sentido y alcance. Entre algunas de ellas: la idea de «actitud o conducta sospechosa» se mantiene para aquellos que se encuentren en inmediaciones de edificios, a su vez, el «merodeo» se eliminó de las figuras permitidas en las zonas urbanas, pero sigue presente para aquellos que «merodeen» en la zona rural de la provincia.
Estas legislaciones y modificaciones más superficiales que concretas dan cuenta que el problema de la persistencia de prácticas represivas en democracia y en la ciudad de Córdoba no se debe a meras palabras puestas en la ley, sino a la vigencia de un Estado que reprime a aquellos que busca controlar. De igual forma no se trata de un hecho aislado, sino de una sistematización de las prácticas en todas las instituciones de «seguridad» del país. Represión que en Córdoba, además, está avalada por la ley.
Una marcha que discute al Estado qué es la seguridad
«Hace once años tuvimos que inventar un día para poder vivir nuestras vidas y habitar las calles. Un día para que nuestros gustos, música, cultura e identidad ocupen el centro. En un primer momento, nos organizamos en defensa de nuestros derechos y contra las detenciones arbitrarias del nefasto código de faltas. En el camino, sumamos a nuestras denuncias los horrores cometidos por las fuerzas represivas, las golpizas y asesinatos en las cárceles, comisarías, patrulleros y barrios; los fusilamientos y las desapariciones forzadas, la criminalización de la pobreza y la persecución a nuestras organizaciones. Hace once años – señalan desde la organización de la Marcha de la Gorra – nos reunimos, caminamos las calles juntxs y demostramos que no necesitamos ningún Código de Convivencia, que con sus falsos argumentos de combatir el delito y la inseguridad, negocian, se enriquecen y gobiernan ejerciendo control social sobre nosotrxs. El Estado Policial mantiene su impunidad garantizada por el Poder Judicial, que siempre responde a los gobernantes de turno, persiguiendo a quienes nos organizamos».
La Marcha de la Gorra nació como una acción en la que los mismos sectores que viven con el cuerpo la represión, jóvenes y sectores populares en general salen a disputar en el espacio público qué es la seguridad y a gritarle en la cara a un Estado que los mata con su aparato represivo. Además, esos mismos jóvenes ven como los medios apañan y apoyan las acciones represivas de las fuerzas de seguridad. Frente a todo esto, lo único que logran es que la bronca se transforme en alegría de poder transitar las calles que siempre les están vedadas y que la movilización año a año sea más contundente. Mientras el Estado sigue matando porque la represión es cotidiana, la respuesta es la organización y la resistencia.
