En el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en La Primera Piedra repasamos los casos de los presos políticos indígenas más reconocidos que fueron y continúan detenidos durante el gobierno de Mauricio Macri, con Gerardo Morales, Gildo Insfrán y el mismo presidente a la cabeza de su persecución. Si bien Milagro Sala es el caso más difundido, en Formosa también está preso el docente wichí Agustín Santillán y, en la provincia de Chubut, el dirigente mapuche Facundo Juanes Huala, reconocido masivamente tras la desaparición forzada de Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017.
Milagro Sala, Facundo Jones Huala y Agustín Santillán son miembros de pueblos originarios y dirigentes sociales que reclaman por el rol de sus comunidades en la toma de decisiones de sus territorios, por la propiedad comunitaria de las tierras que habitan, o por respuestas al Estado argentino sobre necesidades básicas como salud, vivienda y educación. A su vez, los tres son defendidos por organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales –como Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional (AI), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- que reclaman al Estado Nacional por su liberación y que denuncian que los dirigentes sufren detenciones arbitrarias.
De esta forma, y en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el reconocimiento a estas comunidades originarias se encuentra, de forma manifiesta, en tensión. En La Primera Piedra, seleccionamos estos tres casos paradigmáticos no para cerrar la indagación sobre lo que viven los pueblos originarios, sino como forma de representación de la criminalización y persecusión que siguen atravesando todos los habitantes indígenas en el suelo argentino, al ver sus derechos avasallados por los diferentes poderes políticos y económicos.
![plan-7-exterminio-pueblos-originarios[1]](https://www.laprimerapiedra.com.ar/wp-content/uploads/plan-7-exterminio-pueblos-originarios1.jpeg)
Foto: La Tinta
Milagro Sala
Milagro Sala comenzó su lucha contra el poder jujeño en la década de los ’90, mediante marchas, escraches y enfrentamientos con la policía. En el año 2000, fundó el movimiento social que existe hasta el día de hoy: la Túpac Amaru. La organización nació en un contexto de falta de trabajo, problemas de vivienda, salud y educación, en el que primaban la miseria y la discriminación. Hoy, cuenta con 70 mil afiliados sólo en Jujuy, creó fuentes de trabajo para 4600 personas y construyó ocho mil viviendas, cuatro escuelas y centros de salud y recreación.
Milagro Sala en el 2000 fundó la Túpac Amaru. La organización que nació en un contexto de falta de trabajo, problemas de vivienda, salud y educación, en el que primaban la miseria y la discriminación. Hoy, cuenta con 70 mil afiliados sólo en Jujuy, creó fuentes de trabajo para 4600 personas, construyó ocho mil viviendas, cuatro escuelas y centros de salud y recreación.
Desde hace años, en relación a su vinculación cada vez más estrecha con el kirchnerismo, se convirtió en uno de los blancos preferidos por los medios más poderosos. A los pocos días que Gerardo Morales asumiera como gobernador de la provincia, Milagro Sala afirmó que él la iba a meter presa. Con el poder político y mediático de su lado, Morales aprovechó la situación para arremeter contra la dirigente. Efectivamente, el 16 de enero de 2016, la justicia jujeña ordenó su detención.
La primera detención causada por participar de un acampe frente a la Casa de Gobierno -y, por lo tanto, criminalizando la protesta social-, fue levantada a los 15 días cuando la justicia provincial ordenó su libertad. Sin embargo, se mantuvo la prisión preventiva por estar involucrada en una causa presentada dos días después de su detención, relacionada a una supuesta asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública. «Actualmente tiene 12 expedientes abiertos en su contra que van desde asociación ilícita hasta amenazas. Otras dos denuncias se cayeron por falta de pruebas», señala el portal Cosecha Roja. A pesar de los reclamos de la ONU, la OEA, la CIDH y AI, junto a otros organismos nacionales e internacionales que sostienen que su detención es arbitraria y reclaman su inmediata libertad, Milagro Sala sigue detenida injustamente.
Tras cumplir más de 600 días detenida, las últimas semanas las pasó cumpliendo con la prisión domiciliaria, exigida de forma obligatoria al Estado argentino en un fallo de la CIDH. Sin embargo, podría volver al penal de Alto Comedero luego de que la Cámara de Apelaciones de Jujuy revocara el beneficio. La defensa de la dirigente social resaltó la importancia de respetar las recomendaciones de los organismos internacionales de Derechos Humanos, y presentó acciones para que la medida se mantenga en suspenso, de manera que no se vuelva a retroceder en sus derechos. De todas formas, los organismos y la defensa de Milagro Sala entiende que, sea de forma domiciliaria o en el penal, la dirigente está arbitrariamente detenida.
Imagen: Prensa Tupac
Facundo Jones Huala
A los once años, Facundo Jones Huala descubrió su linaje mapuche. Su padre, Ramón Eloy Jones Huala, nació y vivió en Cushamen, lugar cercano a la localidad de Esquel, en Chubut, que fue comprado por Benetton, la empresa extranjera que extendió sus dominios hasta conformar un territorio de 800 mil hectáreas, ocasionando la expulsión de mapuches y pobladores originarios de esas tierras.
En marzo de 2015, Facundo Jones Huala, ya convertido en Lonko -líder o referente- mapuche, y su comunidad recuperaron las tierras ancestrales que pertenecieron a sus antepasados y crearon el Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Desde ese entonces, cuando iniciaron la recuperación del territorio de Vuelta del Río, una de las estancias apropiadas por la multinacional textil italiana Benetton, la comunidad mapuche sufre la persecusión y las amenazas por parte de las fuerzas de seguridad. En este sentido, es necesario vincular las detenciones sufridas por Jones Huala a este contexto de hostigamiento.
En marzo de 2015, Facundo Jones Huala y su comunidad recuperaron las tierras ancestrales y crearon el Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Desde ese momento, la comunidad mapuche sufre la persecusión y las amenazas por parte de las fuerzas de seguridad. En este sentido, es necesario vincular las detenciones sufridas por Jones Huala a este contexto de hostigamiento.
En el año 2016, fue sometido a un juicio de extradición, dado que el Estado chileno exigía su traslado para ser juzgado por un ataque incendiario contra la casa de los cuidadores de un campo en la zona de Valdivia en 2013. Como mencionamos anteriormente en La Primera Piedra, en aquella ocasión, el juicio oral fue declarado nulo al haberse demostrado que se habían llevado adelante tareas de inteligencia ilegales sobre Jones Huala, su familia y su comunidad en connivencia con fiscales, policías de Chubut y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia. Incluso se comprobó que se torturó a un joven mapuche para obtener información sobre el paradero de Huala.
Sin embargo, el 27 de junio de 2017, unas horas después de una reunión entre el presidente argentino Mauricio Macri y su par chilena Michelle Bachelet, fue detenido a 50 km. de Bariloche, por orden del juez federal Gustavo Villanueva, a partir de un pedido de captura internacional para ser extraditado y juzgado en Chile. A pesar de que en el 2016 ya se había declarado la nulidad de ese pedido, la detención fue llevada adelante.
El reclamo por su liberación se volvió masivamente reconocido tras la desaparición forzada de Santiago Maldonado el 1 de agosto de 2017, que se dio luego de la brutal represión que ejerció Gendarmería Nacional a la protesta que la comunidad mapuche mantenía por su liberación. Otras protestas que pedían por la libertad del Lonko mapuche fueron reprimidas y hubo varias personas detenidas en Bariloche y Buenos Aires.
![maxresdefault[1]](https://www.laprimerapiedra.com.ar/wp-content/uploads/maxresdefault1-1.jpg)
Agustín Santillán
Agustín Santillán es un referente wichí de Ingeniero Juárez, Formosa, y docente bilingüe. En 2007, comenzó a reclamar por la falta de escuelas, postas sanitarias, viviendas, trabajo y agua. Envió decenas de notas a los ministerios provinciales, pero nunca obtuvo una respuesta. Así fue como empezó a participar de cortes de ruta y viajó a Buenos Aires para visibilizar las injusticias que se vivían en la provincia. También formó parte del acampe que se mantuvo durante varios meses en Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde articuló con otros referentes formoseños, como los qom Israel Alegre y Félix Díaz, y el pilagá Bártolo Fernández, tal como señaló el periodista Darío Aranda.
A nivel provincial, sus reclamos fueron llevados adelante durante el mandato de Gildo Insfrán, gobernador de Formosa desde 1996 y, a nivel nacional coincidieron con el principio del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Al empezar a ejercer una militancia y dirigencia tan activa, Santillán fue echado de su trabajo en la escuela por reclamar al gobierno de la provincia la asistencia en derechos básicos para la comunidad de Ingeniero Suárez, en el extremo oeste de Formosa, cerca del límite con Salta. A su vez, comenzó a ser perseguido por el poder político provincial, pero Agustín Santillán siguió reclamando.
A nivel provincial, Gildo Insfrán es el gobernador de Formosa desde 1996, y a nivel nacional sus reclamos comenzaron en paralelo al principio del primer mandato de Cristina Kirchner. Al empezar a ejercer una militancia y dirigencia tan activa, lo echaron de su trabajo en la escuela por reclamar la asistencia en derechos básicos para la comunidad de Ingeniero Suárez. A su vez, comenzó a ser perseguido por el poder político provincial pero Agustín Santillán siguió reclamando.
En diez años el referente wichí acumuló 28 causas judiciales en su contra, todas bajo la tutela del juez provincial Marcelo López Picabea. Esas causas penales incluyen la intimidación pública, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, amenazas, lesiones, agresión y usurpación, las cuales se originan en sus reclamos sobre los derechos de las comunidades indígenas y en la reivindicación histórica del territorio ancestral. Sin embargo, hasta la actualidad, no pesa sobre él ninguna condena.
En los meses de marzo y abril del 2017, Ingeniero Juárez padeció inundaciones y las comunidades indígenas denunciaron la falta de ayuda estatal. En este contexto, se produjeron diversos robos y saqueos en la localidad. A pesar de que Agustín Santillán ni siquiera presenció estos hechos, el gobierno local lo señaló como el organizador de los saqueos y lo acusó de “terrorista”. El juez Picabea lo imputó nuevamente en siete expedientes por intimidación pública, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, robo en banda, amenazas, lesiones, agresión y usurpación.
El 14 de abril del 2017, un grupo de policías lo detuvo y antes de trasladarlo lo golpearon fuertemente. Hasta ese momento las causas penales previas se encontraban sin movimiento pero, luego de su detención, las mismas comenzaron a reactivarse. A pesar de los pedidos internacionales y nacionales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y AI, entre otros organismos, Agustín Santillán lleva casi seis meses detenido sin justificación, demostrando así la criminalización que viven los miembros de pueblos originarios que reclaman por sus derechos.
Foto: Pressenza
