Durante más de dos meses, los grupos mediáticos concentrados colaboraron en desligitimar la investigación y el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. En línea con las declaraciones del gobierno nacional, replicaron pistas falsas, sembraron hipótesis sin ninguna clase de sustento, hostigaron a la familia y demonizaron la denuncia de una de las violaciones a los Derechos Humanos más graves de los últimos tiempos.
Las pistas falsas
A lo largo de 77 días, medios de comunicación masivos se encargaron de replicar noticias falsas sobre el paradero de Santiago Maldonado, difundiendo información no verificada ni por la familia ni por las autoridades judiciales a cargo de la causa. Estos artículos no sólo representaron una falta total de responsabilidad y ética periodística en un contexto de angustia, sino que intentaron desviar el curso de la investigación y desplazar el foco de los datos certeros, instalando la sospecha de que Santiago no estaba desaparecido, o de que ni siquiera se encontraba en el territorio mapuche al momento de la represión.
A lo largo de 77 días, medios de comunicación masivos se encargaron de replicar noticias falsas sobre el paradero de Santiago Maldonado, difundiendo información no verificada por las autoridades judiciales a cargo de la causa.
Una de las primeras versiones, publicada el 9 de agosto, aseguraba que un camionero había trasladado a Santiago Maldonado por rutas de Entre Ríos. Al día siguiente, los mayores medios de comunicación hicieron circular imágenes de la cámara de seguridad de un negocio de aquella provincia, afirmando que el hombre que allí se veía podría tratarse del joven desaparecido. Horas después, la información fue desmentida a la prensa y en redes sociales por la persona que en realidad aparecía en el video: Francisco Mestre, quien se reconoció en la televisión. Sin embargo, eso no fue suficiente. El 11 de agosto Clarín, tituló: “Hay un barrio de Gualeguaychú donde todos se parecen a Santiago”.
Días después, varios medios – con Clarín y La Nación a la cabeza – difundieron la hipótesis de que Santiago Maldonado había sido herido por Evaristo Jones, el capataz del puesto Los Retamos, perteneciente al grupo Benetton y ubicado en la localidad de Epuyén, Chubut, durante un ataque de un grupo de desconocidos que la prensa vinculó con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Esta versión había sido instalada públicamente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, el 16 de agosto. Los medios luego continuaron especulando con la idea de que Santiago era uno de los atacantes, que había muerto ese día y que había sido ocultado por los mapuches, hasta que la hipótesis se desarmó el 4 de septiembre, con los resultados de ADN del cuchillo con el que el puestero había apuñalado a los desconocidos.
Varios medios – con Clarín y La Nación a la cabeza – difundieron la hipótesis de que Santiago Maldonado había sido herido por Evaristo Jones, el capataz del puesto Los Retamos, perteneciente al grupo Benetton y ubicado en la localidad de Epuyén, Chubut.
Así, toda supuesta pista sobre el paradero de Santiago fue replicada automáticamente, sin ninguna clase de contemplación desviando la mirada de la sociedad. Se dijo también que se encontraba en Chile, a partir de una señal de celular que nunca existió; que había sido visto en una estación de ómnibus en Tartagal, Salta; que un matrimonio oriundo de Tierra del Fuego lo había trasladado desde Esquel, hasta la localidad de Tecka, Chubut; que había estado en una peluquería en Villa Mercedes, San Luis; que había sido fotografiado en el El Bolsón a fines del mes de julio, cuando en realidad ya había emprendido viaje hacia la comunidad mapuche.
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El ataque a la familia
No fueron pocos los medios de comunicación que replicaron la idea de que el Gobierno no podía avanzar con la investigación porque la familia de Santiago Maldonado no colaboraba, eludiendo la inacción estatal y el encubrimiento de la desaparición forzada ocurrida el 1 de agosto. Por el contrario, desde aquel momento, los familiares estuvieron a completa disposición de la Justicia y fueron quienes tuvieron que insistir para que se movilizara la causa. Al 8 de agosto, momento en que Infobae difundió los dichos de Gerardo Milmann, secretario de Seguridad del Interior, sobre la supuesta falta de ayuda de los Maldonado, las autoridades del Gobierno aún no se habían comunicado con ellos.
No fueron pocos los medios de comunicación que replicaron la idea de que el Gobierno no podía avanzar con la investigación porque la familia de Santiago Maldonado no colaboraba, eludiendo la inacción estatal y el encubrimiento de la desaparición forzada ocurrida el 1 de agosto.
La prensa oficialista tampoco tuvo problemas en reproducir las sospechas sembradas por Patricia Bullrich el 22 de agosto sobre los supuestos obstáculos impuestos por la familia para aportar pruebas de ADN. Antes de esas declaraciones, el hermano de Santiago, Sergio Maldonado, ya había dado sus muestras el 14 de agosto en Bariloche. El 19 del mismo mes, se había acordado que, durante la semana siguiente, se tomarían las de la madre, el padre y el otro hermano, Germán. En ningún momento se negaron a realizar las pruebas, sólo pedían garantías de que fueran tomadas adecuadamente.
El 9 de octubre, en Todo Noticias, el columnista de “TN de 10 a 14”, Adrián Ventura, afirmó de forma imprecisa, sin ninguna clase de evidencia ni fuentes concretas, que Sergio Maldonado había retenido pruebas que la Justicia requería. “Estos elementos, dicen, no lo vi, los tenía la comunidad mapuche y se los ocultó al juez. La comunidad mapuche se los dio a Sergio Maldonado, según cuentan, y los conservó, algunos días, pocos o muchos, no lo sabemos, y se los entrega recién al Juez Lleral”, sentenció. La familia tuvo que salir a desmentir lo que TN no se molestó en verificar: esos elementos se encontraban en la casa donde vivía Santiago y no eran los que tenía al momento de su desaparición. Guido Otranto, el anterior magistrado de la causa, en ningún momento había citado como testigos a los familiares y no se había interesado por otras pertenencias de Santiago que Sergio ya había manifestado tener.
Los «enemigos»
En paralelo a la falta de investigación y a las pistas sembradas, el gobierno tuvo también una generosa ayuda mediática para construir un escenario de violencia que justificaría detenciones, represiones y persecuciones ocurridas alrededor del caso de Santiago Maldonado. Tanto las manifestaciones de las comunidades originarias por la recuperación de sus tierras como las movilizaciones que exigieron la aparición con vida de Santiago Maldonado se insertaron así en un contexto “caótico” y “violento” que desligitima todo reclamo y avala el accionar de las fuerzas de seguridad.
Tanto las manifestaciones de las comunidades originarias por la recuperación de sus tierras como las movilizaciones que exigieron la aparición con vida de Santiago Maldonado se insertaron así en un contexto “caótico” y “violento” que desligitima todo reclamo y avala el accionar de las fuerzas de seguridad.
Como mencionamos anteriormente en La Primera Piedra, se buscó instalar, sobre todo desde la desaparición de Maldonado, un clima de caos permanente que tiene poca incidencia en la realidad, ocasionado por grupos que englobarían a una mezcla de terroristas, subversivos y guerrilleros con epicentro en la Patagonia y en la Ciudad de Buenos Aires. Así, comenzaron a sucederse una serie de hechos que permitieron poner en primeros planos imágenes de incendios y estallidos de bombas molotovs, ocasionados por supuestos grupos mapuches, manifestantes o anarquistas, es decir aquellos que reclaman al Estado por Santiago Maldonado. En otras palabras: los nuevos enemigos políticos.
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En más de dos meses, las declaraciones del gobierno, alimentadas por los medios de comunicación, instalaron en el centro de la escena la construcción de una violenta agrupación mapuche terrorista, supuestamente financiada y apoyada por ingleses y grupos guerrilleros colombianos e irlandeses. A su vez, esta fue falsamente vinculada al Pu Lof de Resistencia de Cushamen de Chubut, en donde se encontraba Santiago Maldonado al momento de su desaparición, lo que generó que la prensa afín al oficialismo reprodujera varias hipótesis sin sustento: que el joven formaba parte de aquella agrupación, que se había «sacrificado» y «pasado a la clandestinidad», o que había sido secuestrado y asesinado por mapuches. Así, en todos los casos, se estigmatizó a Maldonado y a la comunidad y, junto al continuo ataque mediático, se desvió el foco del accionar represivo de Gendarmería.
A tono con los funcionarios del gobierno, para los medios masivos de comunicación, hablar de Santiago Maldonado y denunciar la gravedad de una violación a los derechos humanos, se convirtió en un tema partidario y de adoctrinamiento, en caso de que se tratara en las aulas.
Además, la prensa también se encargó de hacer eco de la insistencia del gobierno nacional de acusar a los organismos y organizaciones sociales de que el reclamo por Santiago Maldonado estaba teñido de un uso político contra el oficialismo. Con ese fin, se reprodujeron incansablemente titulares que asociaban los reclamos por su desaparición y al propio joven a «operaciones» kirchneristas, esperando que el caso cayera en falsas confrontaciones, restándole importancia a la situación. A tono con los funcionarios del gobierno, para los medios masivos de comunicación, hablar de Santiago Maldonado y denunciar la gravedad de una violación a los derechos humanos, se convirtió en un tema partidario y de adoctrinamiento, en caso de que se tratara en las aulas.
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De esta forma, la desinformación reproducida por los medios contribuyó a descalificar la investigación y el reclamo, ocultando la gravedad de que Santiago Maldonado fuera desaparecido y asesinado en el marco de un brutal operativo represivo de la Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche de Pu Lof Cushamen de Resistencia, Chubut, el 1 de agosto. Omitir deliberadamente estos hechos y todas las evidencias que lo demuestran, sembrar pistas falsas, replicar hipótesis construidas frente a una cámara de televisión, demonizarlo a él, a los mapuches, a su familia y a todos los que reclaman por justicia y esclarecimiento implica desviar la opinión pública de la responsabilidad del Estado frente a una nueva desaparición forzada en democracia.
