El juzgamiento a la complicidad empresaria de la dictadura cívico-militar no solo ha avanzado poco desde la reapertura de los juicios sino que en este último tiempo ha sufrido varios retrocesos. Si bien el desarrollo de los juicios de lesa humanidad sigue, a pesar de las trabas y retardos, firme en el camino por la Verdad y la Memoria, juzgar a la complicidad civil sigue siendo una consigna de las calles que no se representa en los tribunales del Poder Judicial.
El genocidio que trajo la dictadura cívico-militar fue planificado y organizado por múltiples sectores de poder con la cara visible de las fuerzas armadas. Dentro del sector «cívico» se agruparon sectores eclesiásticos, empresarios, dueños de medios de comunicación, políticos y funcionarios judiciales que apañaron, apoyaron y fueron cómplices y responsables del genocidio. En el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos en el periodo dictatorial, sin embargo, solo la pata militar es la que es juzgada en toda su complejidad, a pesar de algunos retrocesos como lo fue el fallo del 2 x 1 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en mayo de 2017.
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Durante los juicios se ha logrado condenar a miembros de la Iglesia y funcionarios judiciales. Sin embargo, los empresarios responsables y los dueños de los medios que fueron acusados siguen gozando de una amplia libertad que solo se ve quebrada en pequeños ejemplos.
La responsabilidad civil es la que más beneficios recibe de distintos sectores que impiden que sea plenamente juzgada. Dentro del sector que engloba la complicidad civil del genocidio, durante los juicios que fueron reabiertos en el año 2006 se ha logrado condenar a miembros de la Iglesia y funcionarios judiciales. Sin embargo, los empresarios responsables y los dueños de los medios que fueron acusados siguen gozando de una amplia libertad que solo se ve quebrada en pequeños ejemplos.
Foto: Fran Rodriguez
Esta complicidad empresaria cobró relevancia en el plano social y en el judicial a partir de las denuncias de trabajadores y las investigaciones que se fomentaron en los últimos años sobre los distintos roles que desempeñaron durante la dictadura cívico-militar. No obstante, este reclamo que comenzó a exigirse de forma más contundente en las calles, no tuvo su correlato en la Justicia argentina.
De los ocho empresarios y directivos de empresas que fueron procesados por delitos de lesa humanidad, el único condenado era el salteño, Marco Antonio Levín, dueño de La Veloz del Norte, sentenciado a 12 años de prisión por el secuestro y las torturas al delegado Víctor Manuel Cobos. Esta condena fue anulada hace pocos días por la Sala III de la Cámara de Federal de Casación Penal. La anulación de la condena a Levín lleva la firma de Carlos Mahiques, puesto por el presidente Mauricio Macri por decreto, y de los jueces Eduardo Riggi y de Juan Carlos Gemignani.
De los ocho empresarios y directivos de empresas que fueron procesados por delitos de lesa humanidad, el único condenado era el salteño, Marco Antonio Levín, dueño de La Veloz del Norte, sentenciado a 12 años de prisión por el secuestro y las torturas al delegado Víctor Manuel Cobos. Esta condena fue anulada hace pocos días.
A su vez, de la totalidad de empresarios procesados sólo tres de ellos esperan llegar a juicio. Dos en la causa de la empresa Ford de General Pacheco y uno de la Compañía Minera El Aguilar, de Jujuy. Al demorar los procesos que la justicia lleva adelante frente a este sector, dos directivos de estas empresas murieron y quedaron impunes. El caso de Ford es emblemático, además, porque tiene como característica el funcionamiento de un centro clandestino de detención dentro de la fábrica ubicada en la provincia de Buenos Aires.
Foto: Fran Rodriguez
Otros casos reflejan la impunidad que mantienen los que forman parte de la complicidad empresarial de la dictadura. Carlos Blaquier, dueño del ingenio Ledesma y su ex administrador Alberto Lemos, resultaron procesados en 2012 por el Juzgado Federal N°2 de Jujuy por la desaparición de trabajadores y los delitos de lesa humanidad cometidos en la Noche del Apagón, pero en 2015 los jueces Gustavo M. Hornos, Gemignani (el mismo que actualmente firmo la anulación de la condena a Levín) y Mariano Hernán Borinsky de la Sala IV de Casación los sobreseyeron. Esa decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y las querellas. Al día de hoy, la Corte Suprema aún no se ha expedido. Los organismos de Derechos Humanos reclaman al máximo tribunal una respuesta pendiente desde hace más de dos años sobre la complicidad del empresario Carlos Blaquier con la dictadura cívico-militar.
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Otros empresarios igualmente importantes en su rol ni siquiera fueron procesados. Entre ellos se puede mencionar a Vicente Massot (su sobrino, Nicolás Massot, preside actualmente el bloque del PRO en la Cámara de Diputados de Nación), propietario y director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca durante la dictadura, que obtuvo una «falta de mérito» para ser procesado, aunque en la última sentencia en la localidad se exigió, de forma histórica, el pedido de rectificación del medio.
Por otro lado, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto del Grupo Clarín y Bartolomé Luis Mitre, del diario La Nación, habían sido imputados por haber accedido a la compra de las acciones de la empresa Papel Prensa mediante mecanismos de coerción, torturas y amenazas. Además, la compra de las acciones se había llevado a cabo a un precio incongruente, pagando unos 996.000 dólares por un paquete accionario cuyo valor neto rondaba los 2.316.987 de dólares. A pesar de esto, los tres empresarios terminaron siendo sobreseídos a fines de 2016 por el juez Julián Ercolini sin siquiera declarar en la causa, sellando así la impunidad de un negocio que fue símbolo de la complicidad empresaria con la dictadura.
Foto: Fran Rodriguez
La anulación de la condena a Levín, como las demoras en el proceso judicial que imputan a otros empresarios, los sobreseimientos y el dictado de falta de merito a los implicados en los testimonios son ejemplos claros de los límites que existen para poder juzgar a civiles por el genocidio y, en particular, a empresarios. «El Poder Judicial estaba dispuesto, si no le quedaba otra, a condenar jefes militares y policiales, pero no a los civiles y los dueños del poder real«, señaló Guadalupe Godoy, la abogada que integró las querellas en el juicio a Miguel Osvaldo Etchecolatz y Circuito Camps, en Tiempo.
La anulación de la condena a Levín, como las demoras en el proceso judicial que imputan a otros empresarios, los sobreseimientos y el dictado de falta de merito a los implicados en los testimonios son ejemplos claros de los límites que existen para poder juzgar a civiles por el genocidio y, en particular, a empresarios.
El último Informe Estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal indica que hay 594 causas con 2889 imputados, de los cuales solamente 756 fueron enjuiciados y condenados. Dentro de estos datos duros, los responsables civiles del genocidio son una ínfima parte de este número, y quienes cubren los cargos de complicidad empresaria son, como se detalló anteriormente, menores aún.
El rol de la complicidad empresaria de la dictadura cívico-militar ha tenido pocos avances a pesar de la reapertura para juzgar los delitos de lesa humanidad. Lo poco que se había logrado mediante la lucha de los organismos de Derechos Humanos, en los últimos dos años ha retrocedido fuertemente con las anulaciones y las distintas decisiones judiciales que se tomaron para garantizar la impunidad de los responsables civiles del genocidio. Sin embargo, la consigna debe mantenerse en las calles a pesar de que la actualidad política desaliente la condena efectiva a los civiles que participaron activamente del genocidio.
