La semana pasada, el presidente Mauricio Macri anunció la implementación de la Cobertura Universal de Salud, una reforma en el sistema de salud pública que propone otorgar una identificación a los pacientes que no cuentan con medicina prepaga u obra social. En el medio de la campaña electoral, el anuncio fue recibido con fuertes críticas de diversos especialistas que creen que el proyecto va en contra del sistema público de salud actual, que continúa sin recibir el presupuesto necesario por parte del gobierno nacional.
«Macri lanzó una cobertura de salud para los que no tienen obra social», tituló Clarín luego del acto encabezado por el presidente de la Nación en Casa Rosada el martes pasado. Frente a sindicalistas, gobernadores y miembros de su gabinete, anunció la implementación de la Cobertura Universal de Salud, un plan que propone la creación de fichas médicas e historia clínica para quienes no son alcanzados por las obras sociales y prepagas. La decisión fue recibida con críticas por parte de la oposición y de especialistas en salud pública, quienes afirman que la cobertura de salud para todos ya existe, pero no recibe el presupuesto suficiente para funcionar correctamente.
La decisión fue recibida con críticas por parte de la oposición y de especialistas en salud pública, quienes afirman que la cobertura de salud para todos ya existe, pero no recibe el presupuesto suficiente para funcionar correctamente.
La idea de este plan de salud surgió en agosto de 2016, cuando el presidente Mauricio Macri aprobó a través de un decreto de necesidad y urgencia la creación de la Cobertura Universal de Salud. Esta reforma sigue los lineamientos planteados a nivel internacional por el Banco Mundial para los sistemas de salud pública apuntados a los sectores más vulnerables de la población. A pesar de que las 15 millones de personas que no son alcanzadas por coberturas privadas ya cuentan con el derecho al acceso a los hospitales públicos, el presupuesto no apunta a la compra de insumos o mejora de las instalaciones de los edificios que ya existen, sino a la creación de un nuevo sistema que tiende a la tercerización de servicios.
Por el momento, la Cobertura Universal de Salud será aplicada en la ciudad mendocina de Guaymallén, para luego extenderse a Santiago del Estero y Buenos Aires. A pesar de haberse destinado 30.000 millones de pesos para la implementación del plan, sólo 8 millones son efectivamente destinados a la cobertura de salud, mientras que 2.704 millones de pesos fueron pagados en efectivo a los gremios por deudas atrasadas, y el resto del monto será destinado a la compra de bonos y la creación de un fondo de emergencia. Por lo tanto, el sistema cuenta con un mínimo financiamiento que no permite realizar grandes cambios estructurales.
La idea de este plan de salud surgió en Agosto de 2016, cuando el presidente Mauricio Macri aprobó a través de un decreto de necesidad y urgencia la creación de la Cobertura Universal de Salud.
Según informó Página 12, actualmente hay 7 hospitales públicos de última generación a punto de ser inaugurados, cuyos proyectos han sido abandonados por el gobierno nacional, aunque podrían cubrir cerca de un millón de pacientes en Gran Buenos Aires y Entre Ríos. A diferencia de la atención integral de los hospitales públicos, los especialistas alertan que la Cobertura Universal de Salud puede funcionar como un «seguro de pobres», con una canasta básica de servicios limitada y la necesidad de estar registrado en el sistema para acceder a los servicios.
El plan de la Cobertura Universal de Salud aún debe ser aplicado y analizado, pero las alertas alrededor de sus motivaciones no deben ser olvidadas. La salud pública en Argentina debe continuar siendo universal e integral, defendida tanto por quienes utilizan sus servicios como por quienes apoyan el acceso irrestricto a la red de hospitales y clínicas del país.
