A un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, la única hipótesis firme apunta a la responsabilidad de Gendarmería. El testimonio de los testigos y el rastrillaje con perros adiestrados confirmó que el joven de 28 años estuvo en la comunidad Pu Lof cuando alrededor de 100 gendarmes entraron a los tiros y prendieron fuego las casas de los mapuches. A pesar de la negación del gobierno, la Fiscalía Federal de Esquel, que tiene a cargo la investigación sobre el paradero de Santiago Maldonado, recaratuló la causa a “desaparición forzada” de persona el 24 de agosto. (Fotos: China Diaz)
Las pruebas a un mes de la desaparición
La familia e investigadores están a la espera de los resultados de pruebas claves que permitirían saber qué pasó con Santiago Maldonado tras ser detenido: los rastros que los efectivos de la Unidad Criminalística de la Policía Federal levantaron en el Escuadrón 35 de Gendarmería de El Bolsón y los cabellos y manchas de sangre que se encontraron en uno de los camiones del operativo represivo. El juez federal Guido Otranto envió todo el material biológico al Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, donde lo están cotejando con las muestras genéticas de los familiares de Santiago Maldonado.
Frente a esto, y toda la movilización que tuvo el caso respecto a organizaciones y la sociedad en general, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intimó a la Argentina a adoptar “las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero” de Maldonado. Además, le exigió al Estado que “informe sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los hechos”.
La Fiscalía Federal de Esquel cambió la carátula de la causa a: “Desaparición Forzada de Persona”. El delito, de esta forma, trae implícita la responsabilidad de los miembros del Estado. Así la investigación se dirige hacia las fuerzas de seguridad, en especial a la Gendarmería.
El 24 de agosto, la Fiscalía Federal de Esquel cambió la carátula de la causa a “Desaparición Forzada de Persona”, a pedido de la abogada de la familia. De esta forma, el delito trae implícito la responsabilidad de los miembros del Estado. A pesar de la insistencia del gobierno en «diferentes hipótesis sobre el paradero» de Santiago, la investigación se dirige hacia las fuerzas de seguridad, en especial a la Gendarmería que hasta el momento contó con la defensa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sin embargo, la fiscal Silvina Ávila dio a conocer un informe que distintos medios y el propio gobierno nacional utilizan para tratar de seguir encubriendo el rol de la Gendarmería Nacional y de funcionarios del propio Ministerio de Seguridad en la desaparición forzada de Santiago Maldonado, dado que habla de pruebas débiles para responsabilizar a la fuerza estatal sobre el hecho.
«El sesgado informe de la fiscal invierte la carga de la prueba: en una desaparición forzada es el propio Estado el que debe dar cuenta de lo que sucedió con la víctima», aseguraron desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. De esta forma, aseveran que la fiscal no responde sobre distintas cuestiones. Por ejemplo, el accionar de la fuerza federal en el operativo represivo que desencadenó la desaparición de Santiago Maldonado, allí durante seis horas Gendarmería no dejó entrar a nadie más a la comunidad, tiempo en el pudieron destruir o plantar cualquier tipo de prueba que esconda el accionar delictivo. Tampoco se aclara por qué no hay filmaciones de ese proceso, cuando, por protocolo, Gendarmería filma siempre todo su accionar.
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, insisten en que en el informe de la fiscal no se menciona ni se cuestiona el rol de Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, en el operativo, entendiendo que la Gendarmería es una fuerza vertical que responde directamente a los mandos del Poder Ejecutivo. «Por qué la fiscal Ávila omite que la comunidad de donde fue arrancado Santiago Maldonado está atemorizada y cuenta con más de 40 miembros procesados penalmente por el mismo Poder Judicial en el marco de acciones de protesta, provocaciones constantes de la Gendarmería y de la Policía provincial de Chubut (…). Los supuestos «no colaboradores» de la fiscal Ávila son los mismos que podrían haber estado al borde de correr la misma suerte que Maldonado», concluyen.
Por su parte, dos voceras de la comunidad mapuche que fue reprimida el 1 de agosto, Andrea Millañanco y Soraya Maicoño, declararon que fueron demoradas e incomunicadas con el resto de los habitantes de la comunidad durante el operativo, y aseguraron que Pablo Noceti, la mano derecha de Patricia Bullrich, estuvo al menos dos veces en el lugar durante todas las horas que Gendarmería se asentó allí. Sin embargo, desde los medios, acompañados del informe de la fiscal, se insiste en la invalidez de estos testimonios.
Foto: China Diaz
¿Por qué desaparición forzada?
Uno de los argumentos por el que el gobierno no se responsabiliza es negarse a tratar el caso como una desaparición forzada. En cambio se insiste, en caso de probarlo, en que se hable de un delito. Al igual que los periodistas de los medios más concentrados que contribuyen a la defensa del gobierno casi sin cuestionar ninguno de los errores de Patricia Bullrich, se niegan a hablar de desaparición forzada porque no hay un plan de detención sistemático de personas por parte del Estado.
(Leer nota: Jorge Lanata sobre el caso de Santiago Maldonado: ¿cinismo o ignorancia?)
Pero, de acuerdo con la definición de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la detención forzada : “Es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida». A su vez, Amnistía Internacional difundió un documento en el que informó: «No tiene que haber un plan sistemático de desapariciones para que se constate una desaparición forzada».
Los elementos que componen la desaparición forzada de persona son la privación de la libertad, la intervención directa de agentes estatales o el consentimiento de éstos y la negativa de reconocer la detención o de revelar la suerte o paradero de la persona desaparecida. Es necesario mencionar que los efectivos de Gendarmería, como fuerza federal y dependiente del Ministerio de Seguridad de Nación, tienen distintas responsabilidades que un civil frente a la comisión de un delito por ser agentes estatales. Además de que poco a contribuido el gobierno nacional a revelar el paradero de Santiago Maldonado.
Son las instituciones del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial las que tienen la obligación y responsabilidad de dar explicaciones de qué sucedió con Santiago Maldonado, desaparecido forzadamente desde el 1 de agosto de 2017, y de sancionar penalmente a todos los responsables.
Argentina ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en 1996 y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas en 2007. La primera fue incorporada a la Constitución Nacional. Al ratificar ambos tratados internacionales Argentina se comprometió a asegurar que en su derecho interno se prohíbe terminantemente la desaparición forzada, incorporando dicho delito al Código Penal. A su vez, como se indica en dichos tratados son las instituciones del Estado, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial las que tienen la obligación y responsabilidad de dar explicaciones de qué sucedió con Santiago Maldonado, desaparecido forzadamente desde el 1 de agosto de 2017, y de sancionar penalmente a todos los responsables.
A un mes de su desaparición, ¿dónde está?
Distintas versiones circulan sobre el caso. Desde medios como Clarín y La Nación, acompañados de las declaraciones de la propia Patricia Bullrich, se instalan versiones falsas ya desmentidas una y otra vez por la familia, como las «constantes» visitas de Santiago Maldonado a la comunidad mapuche, cuando se asegura por testigos que lo trasladaron que era la primera vez que la visitaba, además de insistir sobre datos falsos de sus intereses, viajes y comunicaciones con sus amigos para tergiversar la información.
La necesidad de colaborar en la desinformación no hace más que sumar aún más sospechas sobre el accionar represivo de la Gendarmería y el aval del Ministerio de Seguridad.
La necesidad de colaborar en la desinformación no hace más que sumar aún más sospechas sobre el accionar represivo de la Gendarmería y el aval del Ministerio de Seguridad. El encubrimiento a los agentes que formaron parte del operativo que desencadenó la desaparición del joven y la complicidad de los propios funcionarios con el poder judicial para que se permita eliminar, limpiar o insertar nuevas pruebas no hace más que aumentar el repudio de la sociedad a la negación del gobierno sobre su responsabilidad.
Se insistirá hasta que haga falta, aunque moleste e incomode a periodistas y funcionarios, para que aparezca con vida, con la misma pregunta: Patricia Bullrich, ¿dónde está Santiago Maldonado a un mes de su detención-desaparición forzada?
