La pronta repercusión que adquirió el caso de la detención-desaparición de Santiago Maldonado, la pregunta para conocer su paradero y la exigencia al gobierno nacional para que se haga cargo de su responsabilidad despertaron alarmas y miedos, pero también los peores rechazos. Frente al interrogante «¿Dónde está Santiago Maldonado?», se expuso el reclamo por otros desaparecidos en democracia, delitos de anteriores gobiernos y el ninguneo hacia el pedido por la presente desaparición. ¿Qué engloba y diferencia a todos estos reclamos? (Foto de portada: M.A.F.I.A.)
Frente a la masiva campaña que pregunta al gobierno y, en particular, a Patricia Bullrich «¿Dónde está Santiago Maldonado?», se presentaron numerosos reclamos que oponían dicho pedido al resto de desaparecidos en democracia, a los delitos del kirchnerismo y de gobiernos anteriores. Circularon nombres como Jorge Julio López, Marita Verón, María Cash, Luciano Arruga, y hasta Alberto Nisman. Como si se tratara de una suerte de disputa partidaria por quien tenga más o menos desaparecidos, se buscó deslegitimar y ningunear la validez de un reclamo por una nueva desaparición forzada en democracia.
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Ahora bien, es necesario esbozar una serie de cuestiones para entender la importancia urgente y actual de reclamar la aparición con vida e inmediata de Santiago Maldonado. En todas las desapariciones, de 1983 hasta la fecha, el Estado es responsable, eso es claro y no es discutible. Por acción u omisión, las instituciones estatales son responsables de las desapariciones en democracia y, por lo tanto, también lo son todos los gobiernos constitucionales.
En todas las desapariciones, de 1983 hasta la fecha, el Estado es responsable. Por acción u omisión, las instituciones estatales son responsables de las desapariciones en democracia y, por lo tanto,también todos los gobiernos constitucionales.
La complicidad de un Estado machista
En los casos de desaparición por trata de personas o secuestro de mujeres para ser explotadas sexualmente, violentadas y convertidas en objetos, las responsabilidades y complicidades son múltiples. En principio, es necesario mencionar que todas estas situaciones se dan bajo la tutela de un Estado patriarcal que, desde sus instituciones, es responsable y cómplice de la suerte de las mujeres que se ven ultrajadas.
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A través del aparato judicial y las complicidades de las redes de trata con las instituciones de fuerza, como la policía, hay un entramado profundamente machista que colabora en la desaparición de mujeres en democracia.
Foto: China Diaz
Represión sistemática y estatal
Respecto a las desapariciones forzadas en democracia garantizadas por un aparato represivo que mantiene prácticas como la tortura, la desaparición y la muerte, dirigidas, en particular, a los sectores más vulnerables, no solo se dan de forma casi cotidiana, sino que se producen ante la invisibilidad de los medios masivos de comunicación y la mayoría de la sociedad. Esta represión sistemática que sufren las clases más pobres tiene como responsable directo a las instituciones de fuerza del Estado y a los distintos gobiernos que, por acción directa u omisión, son responsables.
Ésta represión sistemática que sufren las clases más pobres tiene como responsable directo a las instituciones de fuerza del Estado, y los distintos gobiernos, que por acción directa u omisión son responsables.
Luciano Arruga, Kiki Lezcano, Ivan Torres, Facundo Rivera Alegre, Daniel Solano, Andrés Núñez, Miguel Bru son algunos de los nombres que completan está lista de más de 200 desaparecidos en democracia. Este listado que recorre los diferentes gobiernos de 1983 al actual se cierra, solo hasta el momento, con Santiago Maldonado. En todos ellos, se presenta la responsabilidad de la institución estatal de amparar, ocultar y reproducir prácticas represivas.
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Jorge Julio López, como paradigma de la desaparición en democracia
El caso de Jorge Julio López es un paradigma ejemplar de la continuidad de una práctica como la desaparición. López fue desaparecido en la última dictadura cívico-militar y, por segunda vez, en democracia, tras testimoniar contra el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz y los represores de los cuál fue víctima él y sus compañeros. A casi 11 años de este hecho, el caso no está resuelto y las conclusiones son varias.
Su ausencia en la audiencia en la que se dio el veredicto del primer juicio por los delitos de lesa humanidad, iniciado tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, podría haber anulado la totalidad del proceso si el tribunal así lo hubiese dispuesto. También, su segunda desaparición planteó la persistencia del aparato represivo en democracia y buscó limitar el accionar del resto de los testigos que buscaban juzgar el genocidio. Por lo tanto, las razones que motivaron su desaparición fueron diferentes al resto de las desapariciones en democracia, aunque el accionar represivo es el mismo.
Las razones que motivaron la segunda desaparición de Jorge Julio López fueron diferentes al resto de las desapariciones en democracia, aunque el accionar represivo es el mismo.
El hijo de Jorge Julio López, Rubén Eduardo López, rechazó la comparación en redes sociales y en distintos medios: «La diferencia es que Macri niega lo que pasó con Santiago. A quienes utilizan el nombre de mi viejo para deslegitimar el reclamo por Maldonado les diría que primero encuentren y digan dónde está Santiago», también manifestó que no permite la comparación con el caso de su padre: «Sobre todo a los funcionarios, porque nunca hablaron de Jorge Julio López, no tienen nada que hacer. (…) La desaparición forzada de Santiago fue en un acto de represión de la Gendarmería, una fuerza federal a cargo de Patricia Bullrich».
Los principales sospechosos de su segunda desaparición provienen del círculo que encierra a los agentes policiales que Jorge Julio López mencionó en su declaración, la Policía Bonaerense, el mismo Etchecolatz y un grupo de penitenciarios bonaerenses. No obstante, el Estado sigue siendo el principal responsable por su segunda desaparición: por el accionar de sus agentes, por no cuidar al testigo y por descuidar las líneas de investigación más importantes. La responsabilidad sobre esta impunidad es compartida por la justicia y las fuerzas de seguridad, quienes entorpecieron la investigación. En definitiva, el responsable es el Estado por permitir reproducir una práctica como la desaparición.
Foto: China Diaz
Que las banderas salgan a las calles
El nombre de Santiago Maldonado se convirtió en bandera en las redes sociales luego de que el gobierno negara en repetidas ocasiones su responsabilidad e intentara desvincular a las fuerzas federales del caso. Como se mencionó en anteriores artículos de La Primera Piedra, la viralización del caso logró poner de manifiesto la utilidad de las redes sociales y su potencial en tanto herramienta política y de militancia. Hoy en día, funcionan como un recurso más que importante y con el que no se contó en otros casos emblemáticos, como la desaparición de Jorge Julio López en el año 2006, o de Luciano Arruga en 2009.
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El reclamo por la aparición de Santiago Maldonado se replicó en distintos espacios públicos, medios de comunicación y redes sociales. ¿Es distinta su desaparición? En este caso puntual la desaparición del joven se da como consecuencia de la represión avalada y conducida por Pablo Noceti, el jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, dato comprobado por los testimonios aunque el gobierno y los principales medios quieran negarlo.
El accionar no es distinto a otras desapariciones en democracia de las que, como se mencionó, el Estado es responsable, pero la orden de reprimir en la comunidad estuvo avalada por los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y la detención-desaparición se dio tras este operativo represivo. El encubrimiento posterior y las complicidades entre la fuerza federal y el poder judicial tampoco son nuevos, sino que son mecanismos que se replican en todas las historias mencionadas. Sin embargo, eso no quita la responsabilidad directa de Patricia Bullrich en el encubrimiento de esta desaparición forzada al mentir, instalar pruebas falsas y no asumir su responsabilidad.
El accionar no es distinto a otras desapariciones en democracia, que como se mencionó el Estado es responsable, pero la orden de reprimir en la comunidad estuvo avalada por los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y la detención-desaparición se dio tras este accionar. El encubrimiento posterior y las complicidades entre la fuerza federal y el poder judicial tampoco son nuevos, pero eso no quita la responsabilidad directa de Patricia Bullrich en el encubrimiento de esta desaparición forzada.
¿Es más importante esta desaparición que otras? No, pero este caso está sucediendo ahora y es urgente su aparición con vida. Si este caso sirve para visibilizar todo el entramado represivo que hay detrás y que permite que sigan sucediendo desapariciones en democracia, es para celebrar el debate que se generó en las redes sociales, medios de comunicación y el espacio público. Pero si solo sirve para oponer este gobierno con el anterior, se pierde de vista la responsabilidad estatal en todos estos casos y la del gobierno actual en el de Santiago Maldonado.
A un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, las banderas no se deben quedar en las redes sino que, fundamentalmente, tienen que salir a las calles. Por todos estos casos, por todos los desaparecidos en democracia, por todas las víctimas que sufren la represión y/o complicidad de un Estado que permite la violencia contra los sectores más vulnerables, es necesario saber dónde está Santiago Maldonado y que el gobierno de Mauricio Macri se haga responsable.
