En el último tiempo, la militancia feminista ha tomado cada vez más fuerza al exigir el fin de las violencias contra las mujeres, mientras que el Estado continúa sin hacerse responsable. Uno de los reclamos, que ya lleva años de lucha, es la despenalización y la legalización del aborto. Celeste Mac Dougall, docente y miembro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito explica: «Apuntamos a dos aspectos fundamentales: por un lado a que haya una ley y, por el otro, a lo que se llama despenalización social, que implica construir los mecanismos para que la sociedad entera apoye estos derechos». En la siguiente nota, los inicios de la Campaña, las consecuencias de la clandestinidad y el debate en la agenda política. (Foto: Mar Garrote Cortínez)
En Argentina, la lucha por la legalización del aborto es un reclamo que lleva años de existencia y que surgió de la mano de una larga tradición de militancia feminista. En ese camino fue donde nació la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en 2003, durante el Encuentro de Mujeres de Rosario, Santa Fe. Allí se planteó la necesidad de construir una alianza federal que se consolidó definitivamente el 28 de mayo de 2005, con la presentación del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Cámara de Diputados. Hoy la Campaña cuenta con la adhesión de más de 300 organizaciones de todo tipo: sindicales, políticas, feministas, estudiantiles y culturales.
En doce años, quienes impulsan el movimiento han llevado adelante un trabajo de difusión constante y sistemático para concientizar sobre una realidad que provoca la muerte de cientos de mujeres. Celeste Mac Dougall, docente y miembro de la campaña explica: “Apuntamos a dos aspectos fundamentales: por un lado a que haya una ley y, por el otro, a lo que se llama despenalización social, que implica construir los mecanismos para que la sociedad entera apoye estos derechos. Una ley puede ser solo un papel firmado si no hay sujetos que la lleven adelante. Son los médicos, efectores de salud, abogados, trabajadores de la justicia y docentes los que tienen que abordar esa temática para que sea efectivamente un derecho, empezando desde la educación”.
“Apuntamos a dos aspectos fundamentales: por un lado a que haya una ley y, por el otro, a lo que se llama despenalización social, que implica construir los mecanismos para que la sociedad entera apoye estos derechos. Una ley puede ser solo un papel firmado si no hay sujetos que la lleven adelante».
En esta línea, una de las acciones enmarcadas en la Campaña fue la elaboración de una guía docente, inicialmente publicada en 2014, que facilita recursos para acompañar a aquellas alumnas que se enfrenten a un embarazo. “Lo que nosotras veíamos es que, en los contenidos curriculares de la ley de Educación Sexual Integral, el aborto estaba trabajado desde un lugar problemático y secundario. El hecho de que los abortos clandestinos sean la primera causa de mortalidad de las mujeres gestantes es una problemática de discusión pública”, señala Mac Dougall.
La desinformación alimentada por la inacción estatal viene así de la mano de dos factores: la negación del aborto como derecho y de la criminalización que rodea a todo lo relacionado con la práctica. “Diseñamos el cuadernillo para que los docentes entiendan que deben hablar del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Hay abortos que son legales en nuestro país y eso tiene que estar garantizado. Si no conocés tus derechos, vas a estar lejos de reclamarlos y de que los cumplan. Por eso nuestro lema es integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, afirma.
Foto: Gustavo Yuste
Lucrar con el cuerpo de las mujeres
La clandestinidad hace que sea difícil contabilizar el número exacto de abortos y de mujeres muertas a partir de prácticas realizadas en condiciones precarias. Según los últimos datos del Ministerio de Salud, elaborados en base a un trabajo de investigación realizado por las demógrafas Edith Alejandra Pantelides y Silvia Mario, se estima que entre 450 mil y 500 mil mujeres abortan cada año. De ellas, más de 70 mil ingresan a hospitales públicos por complicaciones, muchas de las cuales luego deben soportar secuelas, como la esterilidad. Sin embargo, la falta de registros integrales impide que se contabilicen aquellos abortos que se practican sin consecuencias negativas y que, por lo tanto, no ingresan al servicio médico o de salud, o los que se realizan en el sistema privado y de forma segura.
Hay todo un un negociado en las clínicas respecto de lo que es el aborto y un mercado negro que funciona por Internet, por eso también pedimos que el Misoprostol sea de producción estatal y gratuita. Tiene que haber una garantía del estado para realizar la práctica y para que nadie lucre con tu cuerpo».
«Las mujeres que murieron efectivamente por aborto en el último año fueron 150 – explica Mac Dougall – pero, si se tiene en cuenta que hay muchas que en el proceso de gestación desarrollaron enfermedades que no las hubieran conducido a la muerte de haberse aplicado el protocolo de aborto no punibles, entonces la cifra se duplica. Dependiendo de esta situación, el número oscila entre 150 y 300″. Así, mientras las mujeres de las clases más desfavorecidas se ven obligadas a arriesgar su vida mediante procedimientos que no involucran ninguna clase de protección sanitaria, los sectores de mayores recursos tienen acceso a mejores condiciones de mayor higiene que deberían estar al alcance de todas.
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En este sentido, el aborto funciona como un factor de desigualdad económica que afecta a las clases más vulnerables y alimenta una red clandestina que se beneficia de la ilegalidad para amasar su propia fortuna. Tal como informamos anteriormente en La Primera Piedra, el acceso a un profesional de la salud que garantice un mínimo cuidado en toda la práctica tiene un costo que, según estimaciones, ronda los 8 mil pesos antes de la semana 12 y que puede llegar a ascender incluso a los 50 mil pesos. En este sentido, Mac Dougall relata: «Hay todo un un negociado en las clínicas respecto de lo que es el aborto y un mercado negro que funciona por Internet, por eso también pedimos que el Misoprostol sea de producción estatal y gratuita. Tiene que haber una garantía del estado para realizar la práctica y para que nadie lucre con tu cuerpo».
Foto: Mar Garrote Cortínez
«Si te gustó, ahora bancatelá»
En el último tiempo, y en particular a partir de la primera movilización convocada por el colectivo Ni Una Menos, en 2015, la lucha feminista comenzó a tener cada vez más eco en la agenda mediática y social. Si bien la demanda por el aborto es anterior, Mac Dougall señala un cambio respecto de la presencia del reclamo en comparación a lo que sucedía dos años atrás: «Lo que sucedió desde el primer Ni Una Menos a este último es que, en un principio, la reivindicación del aborto legal no estaba presente como demanda específica del movimiento. En cambio, eso sí pasó este ultimo 3 de junio, donde se tomó el aborto como consigna central y de vital importancia. En ese sentido, hemos avanzado como movimiento de mujeres y feministas al plantear esta necesidad».
«Ese cambio es importante – plantea Mac Dougall – porque, por un lado, mata la violencia machista y, por el otro, mata el Estado todos los días, al no garantizar derechos como el aborto legal, transformándose en un Estado femicida». Si se tienen en cuenta los datos duros, una mujer muere cada 18 o 24 horas: son alrededor de 360 por año. Tenemos entonces casi el mismo número de mujeres muertas por aborto clandestino. En términos cuantitativos es lo mismo, ¿por qué entonces, en términos de reclamos, se toma cualitativamente una cosa más que otra?».
Todos los falsos saberes tienen que ver con la ilegalidad y también con ciertos valores respecto del poder que tiene en el país la Iglesia Católica, cuyos valores son los que priman en el país. Este es para nosotras uno de los principales obstáculos para la legalización, por eso decimos que tiene que haber una separación entre la Iglesia y el Estado.
Como sucede con todas las formas de violencia de género, la lucha por la legalización del aborto debe afrontar la desnaturalización de lugares comunes y argumentos moralistas. Al respecto Mac Dougall detalla: «Pueden ir desde posiciones religiosas hasta todo lo que nos han enseñado a las mujeres desde que somos chicas respecto de la criminalización y la culpa que ‘debe’ generar hacerse un aborto. Esto va de la mano con una penalización del placer: se suelen escuchar frases como ‘si te gustó cuando lo hiciste, bancatelá‘. También están los que dicen que si te hacés un aborto quedás loca, que te vas a arrepentir y que es un sufrimiento tremendo, cuando, en realidad, si algo se hace por decisión propia puede ser hasta liberador».
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«Todos los falsos saberes tienen que ver con la ilegalidad y también con ciertos valores respecto del poder que tiene en el país la Iglesia Católica, cuyos valores son los que priman en el país. Este es para nosotras uno de los principales obstáculos para la legalización, por eso decimos que tiene que haber una separación entre la Iglesia y el Estado y que tiene que dejar de tener injerencia en las decisiones civiles. También es central la Educación Sexual Integral, porque apunta a un conocimiento científico que se basa en las leyes, que está despojado de estas falsas ideas que recorren la temática del aborto».
Foto: China Díaz
El debate en el Congreso
La necesidad de discutir la despenalización no sólo es apoyada por legisladores de distintos bloques parlamentarios, sino también por un amplio sector de la sociedad. En 2015, un estudio realizado por la consultora IPSOS, a pedido de Amnistía Internacional y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), reveló que el 82% de un total de 800 encuestados de todo el país considera relevante que el Congreso debata el tema. Desde aquel 28 de mayo de 2005, el proyecto de ley ya fue presentado seis veces consecutivas, siendo la más reciente el 30 de junio de 2016. A menos de que reciba tratamiento en el Congreso, en marzo de 2018, perderá nuevamente estado parlamentario.
Aunque la iniciativa cuenta con la firma de un amplio espectro de diputados, se encuentra obstaculizada por distintas tendencias políticas que continúan considerando el aborto un problema moral y/o religioso, en lugar de un tema de salud pública que afecta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “Me parece que el obstáculo fundamental fue que, en su momento, Cristina Fernandez de Kirchner estaba en contra del derecho al aborto. En ese sentido, a pesar de que muchísimos firmantes del proyecto son y fueron del Frente para la Victoria, eso no se tradujo en un debate en la Cámara en el Congreso. Respondieron al ejecutivo, hicieron venia partidaria y no lo trataron”, afirma Mac Dougall.
Aunque la iniciativa cuenta con la firma de un amplio espectro de diputados, se encuentra obstaculizada por distintas tendencias políticas que continúan considerando el aborto un problema moral y/o religioso, en lugar de un tema de salud pública que afecta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La situación no cambió luego del recambio presidencial en 2015: es conocida la postura de los principales representantes de Cambiemos respecto de la despenalización del aborto. Sin ir más lejos, el presidente, Mauricio Macri, que ya se declaraba abiertamente en contra durante su campaña, aseguró en el Congreso Eucarístico Nacional en la provincia de Tucumán de junio de 2016 que defiende “la vida desde la concepción hasta la muerte”. Del mismo modo, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, también ha declarado públicamente, en varias oportunidades, oponerse a la despenalización.
Foto: China Díaz
Su posición se hizo aún más evidente cuando suspendió la adhesión de la provincia al protocolo de interrupción legal del embarazo en caso de que se ponga en riesgo la vida o la salud de la persona o cuando sea producto de una violación. En aquella oportunidad, Vidal dio marcha atrás, argumentando, tal como expresó en una entrevista para Radio con Vos, que “no se había consultado al gremio de médicos de la provincia de Buenos Aires, y porque no se tenía en cuenta la objeción de conciencia”. Esto último implica la posibilidad de invocar una convicción moral o religiosa para negarse a cumplir con una obligación jurídica, como es en este caso la práctica del aborto no punible, tal y como lo contempla el protocolo.
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En las modificaciones del último proyecto presentado, la Campaña eliminó la objeción de conciencia para sortear ese obstáculo a nivel nacional. “En un principio la habíamos incluido suponiendo que agregarla iba a dar una mayor posibilidad de que se tratara en el Congreso, pero después observamos que claramente representa una traba. Está el ejemplo de Italia, que cuentan con aborto legal desde la década del ’70, pero donde el principal problema es la objeción de conciencia, como ocurre también en Uruguay”, relata Mac Dougall.
“Lo que nosotras sostenemos es que quien no practicar un aborto no se tiene que dedicar a la ginecología u obstetricia en hospitales públicos u obras sociales, porque si por cada nacimiento hay un aborto no puede ser objetor de conciencia.
“Lo que nosotras sostenemos es que quien no practicar un aborto no se tiene que dedicar a la ginecología u obstetricia en hospitales públicos u obras sociales, porque si por cada nacimiento hay un aborto no puede ser objetor de conciencia. Es lo que mismo que un docente no adhiriera a los contenidos de la ESI y no los dictara. No se puede cumplir una función pública si no se va a estar de acuerdo con garantizar los derechos de las personas”, señala.
Foto: China Díaz
La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito que viene desarrollándose desde hace años implica que las mujeres den un paso al frente para reclamar la soberanía sobre su propio cuerpo, negada por los sectores conservadores que imponen obstáculos morales y religiosos, ignorando las muertes al interior de las clases más vulnerables. Es el grito que se alza cada vez más fuerte para interpelar a un Estado que reproduce la violencia al no contemplar políticas sexuales y reproductivas necesarias para que la mujer sea libre de decidir, en lugar de ser criminalizada y disciplinada por no seguir los mandatos de la sociedad patriarcal.
