Hoy se cumplen cuatro años del asesinato de Kevin Molina, el chico de 9 años que fue asesinado por una bala perdida durante un tiroteo en el barrio de Zavaleta, Barracas el 7 de septiembre de 2013. Ese día, las fuerzas de seguridad liberaron la zona al ignorar los pedidos de ayuda de los vecinos, que reclamaban su presencia para poner fin a la situación. En la siguiente nota, la impunidad de una muerte producto de la desidia y los abusos estatales que acompañan la militarización de los barrios populares. (Foto de portada: Ni un pibe menos – documental).
Durante la mañana del 7 de septiembre de 2013, un tiroteo alertó a Villa Zavaleta, Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Dos bandas externas al barrio se disputaban una casilla deshabitada en la manzana 4, utilizada para venta de drogas. Entre las 8.25 y las 9.02 hubo ocho llamados de vecinos que pidieron ayuda a la Federal, sin tener una respuesta efectiva. Según las pericias que se realizaron con posterioridad, hubo un total de 105 disparos, uno de los cuales atravesó una ventana e impactó en la cabeza de Kevin Molina, de 9 años, que estaba escondido en su casa, debajo de una mesa.
“Me encuentro justo en el lugar y negativo detonaciones”, dijo uno de los agentes cuando le comunicaron la denuncia, alrededor de las 9 de la mañana. La frase se repite a lo largo de al menos dos llamadas telefónicas, transcriptas en la causa y solicitadas por el Juzgado de Instrucción N°41.
“Me encuentro justo en el lugar y negativo detonaciones”, dijo uno de los agentes cuando le comunicaron la denuncia, alrededor de las 9 de la mañana. La frase se repite a lo largo de al menos dos llamadas telefónicas, transcriptas en la causa y solicitadas por el Juzgado de Instrucción N°41. A pesar de la insistencia de los vecinos y de las llamadas de los operadores, efectivos de las fuerzas de seguridad negaron la balacera que duró tres horas, liberando la zona. A las 9.38, se produjo otra llamada al 911, esta vez para comunicar que Kevin había sido asesinado de un disparo unos minutos antes.
Según relata la revista digital lavaca, cuando los padres de Kevin regresaron ese día del Hospital Penna a donde había sido trasladado su hijo, encontraron su casa ocupada por prefectos que investigaban lo sucedido. También les faltaban 100 pesos que tenían envueltos en una sábana y dos celulares. «Es como un reflejo. No intervienen, liberan la zona, se llevan la comisión, y de última se llevan las cosas que quedan adentro de las casas”, declararon a lavaca miembros del colectivo La Garganta Poderosa. Afirmaron también cómo, casi diez días después de lo ocurrido, Gendarmería sitió el barrio y, con uniformes no identificados, realizaron allanamientos en los que hostigaron a varios de los vecinos de la zona.
Foto: La Poderosa
El avance del caso requirió, como sucede en los barrios más vulnerables, de la presión popular. De acuerdo a lo denunciado por La Garganta Poderosa, luego de que la causa fuera derivada a la Fiscalía de Distrito de Pompeya, en octubre de 2013, no se hicieron avances en la investigación. Fue la familia, junto con la organización, quien aportó pruebas, realizó presentaciones judiciales y pidió el listado de los Prefectos y los Gendarmes que habían decidio retirarse del lugar aquel 7 de septiembre. Recién seis meses después del pedido, el fiscal Adrián Gimenez requirió los nombres.
De los siete gendarmes imputados, el Juzgado 14 solo procesó, en marzo de 2015, al prefecto Daniel Stofd, jefe del primero de los dos móviles que habían llegado al lugar del tiroteo. Actualmente, Stofd se encuentra en libertad, cumpliendo funciones en Entre Ríos.
En noviembre de 2014, fueron imputados siete integrantes de las fuerzas de seguridad, llamados a indagatoria por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Tomando en consideración las llamadas de los vecinos al 911, el fiscal alegó que “no efectuaron una debida verificación de la zona en su rol de prevención”, tal como relata el portal Notas. De todos ellos, el Juzgado 14 solo procesó, en marzo de 2015, al prefecto Daniel Stofd, jefe del primero de los dos móviles que habían llegado al lugar del tiroteo. Actualmente, Stofd se encuentra en libertad, cumpliendo funciones en Entre Ríos.
Los únicos condenados por la balacera que mató a Kevin son Milcíades Ramón Vázquez Quiroga y Francisco Darío Colman. En noviembre de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal los sentenció a siete años de prisión, al considerarlos “partícipes secundarios” del “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Según lo demostrado por el fiscal en el juicio, el 7 de septiembre de 2013, ambos llegaron a Villa Zavaleta junto con otras tres personas (aún no identificadas) para ocupar la casilla de la manzana 4, utilizada para venta de drogas. Allí fue cuando se desencadenó el tiroteo, producto del enfrentamiento con otra banda que disputaba el territorio.
Seguridad, ¿para quiénes?
La represión estatal en los barrios más vulnerables es una constante ejercida con impunidad por parte de las fuerzas de seguridad en todos los gobiernos democráticos. Al amedrentamiento, los maltratos y las detenciones arbitrarias de los jóvenes de sectores populares se suma también la alarmante cifra de asesinatos por gatillo fácil. De acuerdo al último informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), desde 1983 fueron asesinadas 4960 personas por el aparato represivo estatal, 47% de ellas fueron víctimas de gatillo fácil.
La represión estatal en los barrios más vulnerables es una constante ejercida con impunidad por parte de las fuerzas de seguridad en todos los gobiernos democráticos. Al amedrentamiento, los maltratos y las detenciones arbitrarias de los jóvenes de sectores populares se suma también la alarmante cifra de asesinatos por gatillo fácil.
En 2011, con Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad, nació el Plan Unidad Cinturón Sur, a través del decreto presidencial 864/2011. El operativo tenía como fin “optimizar el servicio de seguridad ciudadana en la Capital Federal mediante la complementación operativa sinérgica de los cuerpos policiales y de las fuerzas de seguridad federales por zonas”. Esto significó el aumento y la redistribución de los recursos represivos en los barrios más vulnerables de la zona sur de Capital Federal, donde vivía Kevin: La Boca, Barracas y Parque Patricios, Nueva Pompeya, Bajo Flores, Villa Soldati y Villa Lugano.
Foto: Notas
Prefectura aportó 10 patrulleros, 26 camionetas y 24 cuatriciclos, mientras que la Gendarmería incorporó 45 patrulleros, 60 motos y 14 camionetas. Ambas fuerzas tomaron a su cargo las tareas policiales y los patrullajes y desplegaron, entre las dos, alrededor de 2500 efectivos en los barrios mencionados. Por su parte, la Policía Federal, a la que se le asignó permanecer en las comisarías de la zona efectuando tareas administrativas y judiciales, sumó 180 motos y 200 patrulleros y reasignó 1100 agentes en el resto de la ciudad.
Según un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), entre enero y septiembre de 2015 se registraron al menos 42 denuncias de detenciones ilegítimas en las garitas del operativo Cinturón Sur, un 86% de las cuales fueron niños, niñas y adolescentes que declararon ser torturados. Desde la llegada de Cambiemos al poder, los mecanismos represivos se recrudecieron.
De acuerdo el mencionado informe de CORREPI, en 2016, la muerte en manos del Estado pasó de un asesinato cada 28 horas a uno cada 25. A su vez, las detenciones arbitrarias en todo el territorio nacional aumentaron seis veces más durante el mismo período. En este sentido, María del Carmen Verdú, abogada y referente de CORREPI señaló a La Primera Piedra: «(…) el macrismo ha pegado un salto fenomenal. Si vas a cualquier barrio y ves la cantidad de uniformados que tenés en cualquier esquina de cuatro o cinco colores diferentes, es decir, todo ese proceso de militarización de los barrios que veníamos denunciando desde hace años se ha profundizado de una manera escandalosa«.
(Leer nota relacionada: Entrevista a María del Carmen Verdú: “En materia represiva el macrismo ha pegado un salto fenomenal”).
A cuatro años de la muerte de Kevin y mientras se continúa redireccionando el presupuesto a los recursos represivos, las fuerzas de seguridad han evadido toda responsabilidad en un caso invisibilizado por los medios masivos de comunicación. Por el contrario, la desidia y los abusos naturalizados parecen ser premiados con una mayor presencia en los barrios, que criminaliza y condena a los sectores populares a la violencia institucional cotidiana y a la represión estatal constante.
