Una nueva desaparición forzada en democracia. Allanamientos a locales de diferentes organizaciones sociales, políticas y culturales. Detenciones arbitrarias tras movilizaciones multitudinarias. Ataques a militantes. Persecución a estudiantes en lucha. Síntomas de una época que parecería abonar el retroceso en Derechos Humanos y la naturalización de prácticas que estigmatizan a los sectores populares. A esto se suma la constante construcción mediática de un enemigo político con fuerte direccionamiento a las comunidades mapuches, los grupos anarquistas y toda la militancia social y política. ¿A qué se debe este escenario? ¿A quién le conviene la construcción de un enemigo? (Foto de portada: China Diaz)
Reactualizando el enemigo interno
La construcción de un enemigo interno a quién culpar, perseguir o exterminar remite directamente a la última dictadura cívico-militar, cuando las Fuerzas Armadas se formaron para combatir a los «enemigos» al interior del país. Sin embargo, su necesidad existe desde la conformación del Estado argentino: lo considerado «barbarie», «peligroso», «amenaza», o «subversivo», son categorías que siempre sirvieron al poder para mantener el orden de la aclamada civilización y, por lo tanto, se vuelven a actualizar en cada contexto institucional según las necesidades de turno.
Las distintas medidas que se han tomado en los últimos años, han ido reconfigurando el rol de las fuerzas de seguridad para el control civil y la «seguridad» interna, alimentando al concepto de «enemigo interno».
En este sentido, es importante pensar este concepto en el contexto actual. Las distintas medidas que se han tomado en los últimos años han ido reconfigurando el rol de las fuerzas de seguridad para el control civil y la «seguridad» interna: la sanción de la Ley Antiterrorista o el proyecto X de inteligencia y espionaje sobre militantes y organizaciones sociales durante los gobiernos kirchneristas, la militarización de los barrios y la presencia de Gendarmería Nacional en los sectores más vulnerables -principalmente en la provincia de Buenos Aires-, la ampliación del poder a las Fuerzas Armadas mediante el decreto 721-2016 de Mauricio Macri, que les devuelve su autonomía y anula el control civil sobre éstas.
Estas medidas alimentan al concepto de «enemigo interno». Es decir, en caso de que sea necesario combatirlo por el bien de la «República», ya se tendrían las herramientas legislativas y las fuerzas de seguridad preparadas para cumplir su tarea. En este sentido, el poder de fuego del aparato represivo del Estado y el andamiaje necesario para ponerlo en práctica estarían disponibles en caso de necesitar eliminar al «enemigo» político actual.
La construcción mediática
Hace semanas se puede ver cómo se construye desde los medios un escenario de violencia política que justificaría las detenciones, represiones y persecuciones que sufren tanto los integrantes de la comunidad mapuche en las tierras de la Patagonia, como los militantes sociales que se movilizan y los periodistas que quieren comunicar los distintos amedrentamientos que se están ejerciendo desde las fuerzas de seguridad en distintos ámbitos: marchas que reclaman la aparición con vida de Santiago Maldonado hasta las manifestaciones de las comunidades originarias que exigen que se respete la recuperación legal de sus tierras.
Desde el discurso del gobierno nacional y de consagrados periodistas afines a éste, sobre todo desde la desaparición de Santiago Maldonado, se buscó instalar un clima de violencia en las calles ocasionado por grupos que englobarían a una mezcla de terroristas, subversivos y guerrilleros que buscarían instalar el caos en la sociedad, pero que tienen poca incidencia en la realidad. Así, comenzaron a sucederse una serie de hechos que permitieron poner en distintos primeros planos imágenes de incendios y estallidos de bombas molotovs que estarían realizados por supuestos grupos mapuches, manifestantes o anarquistas, es decir, quienes reclaman al Estado por Santiago Maldonado. En otras palabras: los nuevos enemigos políticos.
(Leer nota: El odio, la guerra y la grieta en los medios, en las calles la búsqueda de Santiago Maldonado)
Lejos de investigar a los verdaderos ejecutores de dichos sucesos, se replicó por todos los medios gráficos, radiales y televisivos en su poder -el poder de los medios hegemónicos- la instalación del caos que se estaría viviendo en todo el país, con un fuerte epicentro en la Patagonia y la Ciudad de Buenos Aires. Tampoco se pusieron en contexto los reclamos que se exigen en paralelo porque la violencia -que estaría originada en estos grupos- es peligrosa, subversiva y una amenaza en sí misma y, por lo tanto, es necesario exterminarla. Estos discursos olvidan poner en discusión la propia violencia que pone en acción el Estado.
La naturalización al extremo de estas operaciones mediáticas y oficiales tiene como resultado la indiferencia social -o el miedo- frente a la violencia ejercida por el Estado con su aparato represivo, es decir, permiten justificar y naturalizar las desapariciones, las muertes y la represión proveniente de las fuerzas estatales, ¿suena familiar?
La violencia se ejerce de un solo lado
En paralelo al clima de operaciones mediáticas que tienden a culpabilizar a ciertos grupos sociales por la instalación del caos, se sucedieron una serie de situaciones que ponen en estado de alerta a los militantes de todo el espectro social, político y cultural. A su vez, estos sucesos permiten dar cuenta de los principales objetivos que se buscan desde el poder al instalar un discurso oficial de violencia política: el silenciamiento de las organizaciones populares.
En paralelo al clima de operaciones mediáticas que tienden a culpabilizar a ciertos grupos sociales por la instalación del caos, se sucedieron una serie de situaciones que ponen en estado de alerta a los militantes de todo el espectro social, político y cultural.
El 31 de agosto de 2017, en la ciudad de Córdoba, se realizaron 11 allanamientos a organizaciones sociales y espacios culturales. Esta medida dispuesta por el fiscal Gustavo Dalma, se realizó al mediodía de aquel jueves, sin previo aviso y en algunos casos sin exponer orden judicial. Estos allanamientos se dieron luego de la multitudinaria marcha nacional contra el gatillo fácil y un día antes de la masiva movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado a un mes de su desaparición en manos de Gendarmería. En este mismo operativo realizaron cuatro detenciones arbitrarias, entre ellas la de un menor, además de secuestrar materiales como comida, instrumentos musicales, pinturas, banderas. Así se puede leer en el espacio de comunicación antirrepresiva, Mucho Palo Noticias: «Aunque la policía no encontró ninguna prueba relacionada con un delito, el operativo se realizó con graves irregularidades como presentaciones sin identificación, autos sin patente, presencia de personal de civil, secuestro de celulares, prohibición de filmar y realizar llamadas».
Foto: China Diaz
Por otro lado, el 1 de septiembre de 2017, frente al reclamo multitudinario en Plaza de Mayo para exigir al gobierno la urgente aparición con vida de Santiago Maldonado, la única respuesta fue la represión. Al igual que en la marcha del 8 de marzo por el Paro Internacional de Mujeres, a las pocas horas de iniciar la desconcentración de la movilización, la institución policial ejerció una represión brutal: gases, palos, razzias, corridas, golpes y 31 detenciones arbitrarias, bajo los cargos de “Intimidación pública”, “Atentado” y “Resistencia a la autoridad”. Estas detenciones presentaron distintas irregularidades en los registros y, llamativamente, fueron direccionadas a periodistas y comunicadores de medios independientes que intentaban registrar la brutal cacería.
A su vez, la respuesta ofrecida por el Estado frente a los distintos reclamos educativos llevados adelante en todo el país, y principalmente el último tiempo en la Ciudad de Buenos Aires, es la intervención de las fuerzas de seguridad. En este sentido, desde el gobierno porteño enviaron un «Instructivo sobre forma de proceder en caso de tomas de instituciones educativas” a las autoridades de las escuelas para realizar denuncias policiales y criminalizar el derecho de participación de los estudiantes. Sumado a esto, los casos de amedrentamiento e intimidación a docentes y estudiantes no son aislados, sino que responden a un patrón sistemático de represión que ha recrudecido en los últimos meses en donde distintos jóvenes sufrieron la persecución y hostigamiento policial dentro y fuera de los establecimientos educativos. También, durante todo el 2017, hubo varios sucesos en distintas universidades nacionales en los que agentes policiales ingresaron para amedrentar a los estudiantes.
Amenazas a distintos militantes, atentados a diversos locales partidarios y persecución a miembros de algunas organizaciones también se suceden desde la llegada al poder del gobierno de Mauricio Macri y, con preocupante frecuencia, en este año. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza denunció que están viviendo diferentes atentados: recibieron una bolsa con más de un centenar de proyectiles de distintos calibres, sus vehículos aparecieron rayados y, también, sus integrantes sufren amenazas constantes. Julia Rosales, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de la Ciudad de Buenos Aires, fue víctima de un intento de asesinato en la puerta de su casa. La comunidades mapuches de Esquel y militantes de la zona también reciben diferentes tipos de amenazas. Estos hechos son abonados y justificados por el discurso oficial de la violencia y caos que, según la construcción de los medios, ejercen ciertas agrupaciones.
A casi dos meses, la desaparición forzada de Santiago Maldonado no se puede analizar sin poner en relación con la persecución que sufre la comunidad mapuche de Pu Lof desde marzo de 2015 cuando iniciaron un proceso de recuperación de sus tierras. Las amenazas, hostigamientos y represión que sufren se habían puesto de manifiesto en enero de este año cuando fueron brutalmente cazados por la Gendarmeria Nacional, sin embargo, la represión que sufrieron el 1 de agosto de 2017, afirmaron los integrantes de la comunidad mapuche a Revista Cítrica, fue mucho peor. Por su parte, el gobierno nacional y los medios hegemónicos se dedicaron sistemáticamente a encubrir, negar e instalar pruebas falsas sobre el paradero de Santiago Maldonado, criminalizando a quienes denuncian la responsabilidad del Estado y los funcionarios actuales.
(Leer nota: 5 grandes mentiras de los medios sobre el caso Santiago Maldonado)
La naturalización del enemigo
Las herramientas legislativas y concretas para fortalecer a las fuerzas de seguridad, la construcción mediática de un enemigo político y la instalación de situaciones de violencia por parte del Estado o apañadas por éste permitirían contribuir a un clima general en el que todas las acusaciones apuntan a los nuevos «enemigos internos». De esta forma, la represión estatal estaría justificada.
Todos estos ejemplos demuestran la vigencia de un retroceso contundente en derechos tales como la protesta, la libertad de expresión y la organización, y responde, también, a una policialización o militarización de los distintos territorios como paradigma de seguridad, sea tierras pertenecientes a una comunidad originaria, barrios vulnerables, espacios educativos o cada lugar en el que se pretenda ejercer el derecho a reclamar. Un paradigma de seguridad que solo es beneficioso para los sectores más poderosos.
Foto: China Diaz
Para avanzar en este camino, es necesario -para el poder- la construcción de enemigos en todos aquellos que demuestren organización para enfrentar las políticas de ajuste, de miseria y de represión. La naturalización de la persecución a quienes ostenten cuestionar el orden actual o la naturalización de la misma desaparición forzada de Santiago Maldonado es directamente funcional para imponer el nuevo orden social y económico que intenta el macrismo desde su llegada al poder. Las preguntas que convendría hacer son: ¿hasta dónde van a llegar? ¿cuáles son los límites?
La naturalización de la persecución a quienes ostenten cuestionar el orden actual o la naturalización de la misma desaparición forzada de Santiago Maldonado es directamente funcional para imponer el nuevo orden social y económico que intenta el macrismo desde su llegada al poder.
Mientras el discurso oficial habla de la violencia ejercida unidireccionalmente por supuestos grupos armados que buscan instalar el desorden, la única violencia que se ejerce -con total brutalidad- es la que viene desde el Estado, su aparato represivo y sus funcionarios, apañada por la complicidad de los grandes medios de comunicación. En paralelo a todo este contexto plagado de retrocesos en Derechos Humanos, los medios independientes y el campo popular sigue preguntando, a 55 días, ¿dónde está Santiago Maldonado?
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