Los desaparecidos en democracia alcanzan el número aproximado de 200 personas, según la Coordinadora Contra la Represión Estatal e Institucional (CORREPI). Entre ellos, se encuentran los conocidos casos de Jorge Julio López, Miguel Bru y Luciano Arruga, pero también centenares de jóvenes de los barrios más vulnerables que viven el accionar de la fuerza represiva del Estado de forma cotidiana y sistemática. Santiago Maldonado, así, se suma a una lista que es invisibilizada y ocultada por los diferentes gobiernos desde 1983 a la fecha. (Foto de portada: Martin Zabala)
La desaparición, accionar de las fuerzas represivas que está inmediatamente emparentado con la dictadura cívico-militar, es una práctica que, a pesar de lo que se cree, no abandonó a la Argentina al retornar la democracia en 1983, al igual que la tortura y la muerte por parte del Estado dirigida a un conjunto social en particular. Los desaparecidos en democracia suman el número de 200 personas, sin contar las mujeres desaparecidas en la trata con complicidad de los distintos poderes estatales.
Los casos de desaparecidos en democracia están directamente vinculados con el accionar represivo estatal que se produce por las denominadas fuerzas de seguridad, fundamentalmente dirigidas a los sectores populares. Así, CORREPI, mediante sus informes anuales de la situación represiva, da cuenta de que ser joven y pobre es la principal causa de muerte en manos del Estado. Un Estado que adopta como una de sus modalidades represivas la desaparición y una institución represiva que tiene todas las herramientas para ocultar una desaparición forzada.
Ser joven y pobre es la principal causa de muerte en manos del Estado. Un Estado que adopta como una de sus modalidades represivas la desaparición y una institución que tiene todas las herramientas para ocultar una desaparición forzada.
El último de una larga lista
Estas últimas semanas, desde la desaparición de Santiago Maldonado, se ha visto la solidaridad y la difusión de su cara por amplios espectros de la sociedad. Sin embargo, algunos sectores políticos que hoy manifiestan el horror de una desaparición forzada, callaron las desapariciones sucedidas durante sus propios gobiernos, sea durante el mandato radical, los gobiernos menemistas, el corto período duhaldista, los sucesivos gobiernos kirchneristas o, ahora, durante el mandato de Cambiemos. Desapariciones en las que el Estado también fue y es responsable.
Siguiendo los números presentados y registrados por CORREPI, los desaparecidos en democracia se suman a un listado de víctimas en manos de un Estado que no dejó de reprimir tras la dictadura, sino que simplemente se reconfiguró. En este sentido, la información relevada muestra que fueron 13 los desaparecidos por el Estado durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), 62 durante los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999), 12 en el mandato de Fernando De la Rúa (1999-2001), 14 durante los sucesivos y breves mandatos de Puerta, Camaño, Rodríguez Saá y Duhalde (2001-2003), y 70 en los tres gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). Sin embargo, a estos datos deben sumarse las estimaciones no registradas y los números no revelados aún de la gestión macrista. Así, se llega al número de 200.
13 fueron los desaparecidos durante el gobierno de Raúl Alfonsín, 62 durante los gobiernos de Carlos Menem, 12 en el mandato de Fernando De la Rúa, 14 durante los sucesivos y breves mandatos de Puerta, Camaño, Rodríguez Saa y Duhalde, y 70 en los tres gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Sin embargo, a estos datos deben sumarse las estimaciones no registradas y los números no revelados aún de la gestión macrista. Así, se llega al número de 200.
Si bien las razones que motivaron la desaparición de Jorge Julio López son distintas a las de Luciano Arruga o Miguel Bru, por mencionar solo algunos casos, la responsabilidad de la institución estatal de amparar, ocultar y reproducir prácticas como la tortura, la desaparición y la muerte son evidentes y constantes. De igual forma, las condenas a los responsables materiales de la represión son nulas y la complicidad de los tres poderes estatales genera que en todos estos casos reine la impunidad.
Sin embargo, no hay que dejar de mencionar que la desaparición de Santiago Maldonado en manos de la Gendarmería Nacional es un hecho que pone en alerta a la militancia social y política y preocupa a todas las capas de la sociedad por tratarse de una desaparición que se da tras una represión y persecución política a una comunidad. Dicho operativo estuvo comandado directamente por Pablo Noceti, el mismo Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Nación con Patricia Bullrich a la cabeza, quién sigue negando su responsabilidad en el caso.
Mientras que el Estado ampara y permite la ausencia de Santiago Maldonado, es evidente y directa la responsabilidad política en esta nueva desaparición forzada en democracia. Las órdenes para llevar adelante la represión fueron dadas desde el mismo gobierno de Mauricio Macri. A su vez, son visibles las complicidades de la cúpula de poder del gobierno junto a la fuerza represiva para mantener el silencio aún hasta el día de hoy, a 14 días de su desaparición.