Luego de 1 año y 7 meses en la cárcel, la justicia otorgó la prisión domiciliaria para Milagro Sala. La líder social está detenida desde enero de 2016, acusada de organizar una protesta contra el gobernador jujeño Gerardo Morales. Múltiples organismos internacionales de derechos humanos determinaron que su detención fue arbitraria y exigieron su liberación. Los allegados a Milagro Sala aseguran que la casa donde será trasladada no se encuentra habitable tras haber sido saqueada al momento de su detención.
El 11 de agosto era la fecha límite impuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la justicia argentina otorgara a Milagro Sala el beneficio de la prisión domiciliaria. Tras numerosas investigaciones realizadas en el país, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había determinado que la detención de la líder de la Tupac Amaru había sido arbitraria, ya que la causa original de su arresto en enero 2016 estaba relacionada con la supuesta incitación a una protesta contra el gobernador Gerardo Morales, por la que nunca fue liberada a pesar de ser un delito excarcelable.
Tras numerosas investigaciones realizadas en el país, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había determinado que la detención de la líder de la Tupac Amaru había sido arbitraria.
El viernes 18 de agosto, dos días después del primer fallo a favor de la prisión domiciliaria dictado por el juez Gastón Mercau, el juez Pullen Llermanos ratificó la recomendación de la CIDH e indicó que Milagro Sala continuará siendo monitoreada electrónicamente las 24 horas del día hasta que la justicia determine su inocencia o culpabilidad en sus acusaciones de asociación ilícita. Según el comunicado de prensa publicado por la CIDH a fines del mes pasado, Milagro Sala se encontraba «en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable».
A pesar de que la resolución judicial debería aplicarse en un máximo de 15 días, la residencia elegida para la prisión domiciliaria fue fuertemente criticada por los allegados a Milagro Sala. El inmueble ubicado en Villa Parque La Ciénaga no se encuentra en condiciones de ser habitado, ya que no cuenta con instalaciones de luz o gas, mobiliario ni tampoco puertas o ventanas. La defensa de Milagro Sala denunció que esta residencia fue vandalizada y saqueada en el momento de su detención en enero de 2016 y que este inmueble fue elegido para demorar la salida de la dirigente del penal de Alto Comedero.
El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, criticó la elección del inmueble y agregó que «la prisión domiciliaria de la persona es en el domicilio de la persona: trasladar a una persona a una prisión domiciliaria a un lugar que no es su domicilio es un cambio del centro de detención«. De todas formas, el Comité por la Liberación de Milagro Sala comenzó a realizar las remodelaciones necesarias para que la líder social pueda ser trasladada lo antes posible. El trabajo está siendo realizado por los cooperativistas de la organización Tupac Amaru, que quedaron desempleados al momento de la detención de Milagro. «Vinimos a ayudar porque no queremos que se pierda más tiempo. Estamos poniendo la casa en condiciones para que ya no tengan excusas», informaron los trabajadores en un video publicado por La García.
El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, criticó la elección del inmueble y agregó que «la prisión domiciliaria de la persona, es en el domicilio de la persona: trasladar a una persona a una prisión domiciliaria a un lugar que no es su domicilio es un cambio del centro de detención».
«Es vergonzoso que una delincuente como Milagro Sala tenga el privilegio de la prisión preventiva en su mansión construida con la plata del pueblo», comentó el gobernador jujeño Gerardo Morales en su perfil de Twitter, comentario que fue tomado por varios medios de comunicación que intentaron instalar la idea de que la elección de la vivienda fuera un privilegio para Sala. Sin embargo, la defensa de Milagro aclaró que ese inmueble estaba destinado a un centro de rehabilitación que no había sido inaugurado. Los jueces justificaron la decisión de enviarla a esta casa debido a que era más fácil montar el necesario operativo de seguridad de Gendarmería.
Además de su preocupación por el caso de Milagro Sala, el presidente de la CIDH anunció que el organismo internacional está siguiendo la situación de la desaparición de Santiago Maldonado en el marco de la represión de la Gendarmería. Mencionó que «el Estado es el que tiene que responder por los actos de funcionarios y puede ser condenado», subrayando la responsabilidad estatal en las violaciones de los derechos humanos durante un gobierno.
