Después de más de dos décadas de lucha y militancia feminista, Chile finalmente dio un paso histórico para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: el Tribunal Constitucional aprobó la despenalización del aborto en tres causales. Dentro de la región, el país era uno de los que presentaba leyes más restrictivas en la materia al penar la interrupción del embarazo para toda circunstancia. Luego de este salto legislativo, cabe preguntarse: ¿cuál es la situación en el resto de los países de Sudamérica? (Foto: Mar Garrote Cortínez)
El pasado 21 de agosto, el Tribunal Constitucional (TC) aprobó el proyecto de ley sancionado a principios de mes que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, riesgo de vida para la madre e inviabilidad del feto. Ahora, sólo queda la promulgación para que la normativa entre en vigencia definitivamente. Con esta decisión, el TC rechazó, por 6 votos contra 4, los dos requerimientos presentados por legisladores del partido más conservador, Chile Vamos, que pidió que se declarara la inconstitucionalidad del proyecto, asegurando que la ley entra en contravención con la Constitución chilena.
Junto a Surinam, Chile era uno de los dos países sudamericanos con normas más restrictivas en la materia, al penalizar el aborto en cualquier circunstancia. La interrupción voluntaria del embarazo con fines terapéuticos era un derecho que estuvo vigente desde 1931 hasta 1989, cuando fue prohibido por el régimen dictatorial de Augusto Pinochet.
Así, luego de dos jornadas en las que se presentaron ante el Tribunal 135 oradores, pertenecientes a distintos partidos políticos y espacios religiosos y de la sociedad civil, se desestimó el pedido de la oposición, concretando un proyecto que llevaba más de dos años y medio de tramitación en el Congreso y otros cuatro de atravesar varias instancias legislativas. Junto a Surinam, Chile era uno de los dos países sudamericanos con normas más restrictivas en la materia, al penalizar el aborto en cualquier circunstancia. La interrupción voluntaria del embarazo con fines terapéuticos era un derecho que estuvo vigente desde 1931 hasta 1989, cuando fue prohibido por el régimen dictatorial de Augusto Pinochet.
Como sucede con todos los países en los que las mujeres se ven obligadas a recurrir a la clandestinidad, no existen registros exactos del número de abortos practicados. Sin embargo, un informe de Amnistía Internacional menciona que, de acuerdo a cifras del Ministerio de Salud, se realizan en Chile anualmente más de 33 mil de estos procedimientos, es decir un promedio de 90 por día. A su vez, de acuerdo a lo relatado por Cosecha Roja, en los últimos diez años, 502 personas fueron procesadas por aborto, mientras que 166 terminaron condenadas luego de enfrentar el proceso judicial.
Foto: Agencia Uno
¿Qué pasa en el resto de Sudamérica?
La despenalización y legalización del aborto es un debate que afecta a los países latinoamericanos. Según datos de Amnistía Internacional en el año 2016, alrededor de 760.000 mujeres fueron hospitalizadas por complicaciones de aborto inseguro en la región y al menos 10% de todas las muertes maternas se debieron a abortos inseguros. A esto hay que sumar las cifras que no se conocen debido, precisamente, a la clandestinidad que dificulta obtener verdaderos registros de la problemática.
Según datos de Amnistía Internacional en el año 2016, alrededor de 760.000 mujeres fueron hospitalizadas por complicaciones de aborto inseguro en la región latinoamericana y al menos 10% de todas las muertes maternas se debieron a abortos inseguros.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad materna es tres veces más alta en aquellos lugares que cuentan con leyes más restrictivas. En América del Sur, algunos países han despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo para algunas circunstancias, siendo Chile el caso más reciente. Sin embargo, aún existen varios obstáculos que, incluso con leyes, impiden que las mujeres puedan acceder al aborto como derecho sexual y reproductivo.
Argentina
En Argentina, el aborto está contemplado en el Código Penal desde 1921. El artículo 86 establece excepciones a la punibilidad en caso de que el embarazo implique peligro para la vida y/o salud de la mujer, o sea producto de una violación. Esto fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia el 13 de marzo de 2012, al confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Chubut que, en el año 2010, había autorizado un aborto a una joven de 15 años violada por su padrastro.
En 2012, la Corte Suprema de Justicia exhortó a las autoridades de todos los niveles de gobierno a garantizar el acceso efectivo al aborto no punible y a que se aprueben protocolos sanitarios para tal fin, como sucedió con el publicado en 2015 por el Ministerio de Salud de la Nación.
De este modo, la Corte exhortó a las autoridades de todos los niveles de gobierno a garantizar el acceso efectivo al aborto no punible y a que se aprueben protocolos sanitarios para tal fin, como sucedió con el publicado en 2015 por el Ministerio de Salud de la Nación. También instó a los poderes judiciales de todas las jurisdicciones a que no obstruyan la práctica, debiendo abstenerse de judicializar en los casos establecidos, y al sistema de salud a desmontar las barreras que pudieran obstaculizar la interrupción legal del embarazo. Asimismo, sostuvo la necesidad de sancionar e investigar a quien no permitiera llevar adelante esta práctica.
(Leer nota relacionada: Juicio a médica residente por garantizar aborto no punible: otra criminalización a los derechos de las mujeres)
Sin embargo, aunque en marzo de 2017 se cumplieron cinco años del fallo de la Corte Suprema, sólo 8 de 25 jurisdicciones de todo el país han adherido al Protocolo Nacional o cuentan con protocolos que se ajustan a los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia. Cabe destacar que estos documentos son necesarios y obligatorios de acuerdo a lo establecido por el máximo tribunal, pero su inexistencia en hospitales o servicios de salud no quita la posibilidad de que una mujer pueda acceder al derecho de un aborto legal.
Foto: Gustavo Yuste
Uruguay
En lo que respecta al aborto, Uruguay es el país más avanzado de todo el continente sudamericano en materia legislativa. Desde el año 2012, la interrupción voluntaria del embarazo es legal hasta la duodécima semana de gestión. Esta posibilidad también está contemplada en México DF, Cuba, Guyana y Puerto Rico. Diversas investigaciones han demostrado que las políticas de salud sexual y reproductiva aplicadas disminuyeron la tasa de mortalidad materna.
En Uruguay el aborto legal pasó de provocar el 37,5 por ciento de las muertes maternas en el período 2001-2005 a solo el 8,1 por ciento en 2011-2015.
De acuerdo a un informe del Diario Internacional de Ginecología y Obstetricia, es el país con la menor tasa de mortalidad materna de toda América, sólo superado por Canadá. El análisis señala, además, que la despenalización del aborto en Uruguay logró que se alcanzaran una de las tasas de embarazos interrumpidos más bajas del mundo, con un promedio de 9 de cada 1000 mujeres. Además, según un trabajo editado por el médico brasileño Anibal Faúndes, del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Estadual de Campinas en San Pablo, en Uruguay el aborto legal pasó de provocar el 37,5 por ciento de las muertes maternas en el período 2001-2005 a solo el 8,1 por ciento en 2011-2015.
Foto: El Observador
Brasil
En Brasil el aborto tiene una pena de hasta tres años de prisión, excepto en los casos de violación, riesgo para la salud y/o vida de la madre y, desde el año 2012, de anencefalia fetal, una malformación congénita en la que el feto no llega a desarrollar el cerebro. Sin embargo, a fines de 2016, el Supremo Tribunal Federal reabrió el debate al fallar a favor de cinco trabajadores de una clínica clandestina de Río de Janeiro que habían sido detenidos por practicar un aborto en 2013. Los jueces decidieron, para este caso particular, que la interrupción voluntaria del embarazo, hasta el tercer mes, no puede considerarse un crimen porque eso sería violar «diversos derechos fundamentales de la mujer».
En Brasil el aborto tiene una pena de hasta tres años de prisión, excepto en los casos de violación, riesgo para la salud y/o vida de la madre y, desde el año 2012, de anencefalia fetal, una malformación congénita en la que el feto no llega a desarrollar el cerebro
Si bien el fallo no es necesariamente vinculante, puede ser tomado como un antecedente para casos futuros. La reacción de los sectores conservadores no se hizo esperar. Luego de la resolución, el presidente de la Cámara de Diputados anunció la creación de una comisión legislativa para intentar revertir el fallo judicial. Por otro lado, en marzo de 2017, el Partido Socialismo y Libertad inició una acción por separado, en la cual impugnó la penalización del aborto por cualquier motivo durante las primeras 12 semanas de gestación.
Foto: jornal4cantos.com.br
Bolivia
El pasado mes de marzo de 2017, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia comenzó a debatir un proyecto para reemplazar el actual Código del Sistema Penal Boliviano, que data de 1973. Entre las propuestas, uno de los artículos se refiere al aborto y busca ampliar las causales por las cuales dejaría de ser punible. Actualmente, el procedimiento sólo es contemplado por la ley en casos de violación o riesgo para la vida de las mujeres, mientras que el proyecto extiende la posibilidad a aquellas que se encuentren en situación de calle o extrema pobreza; que no cuenten con los recursos necesarios para la manutención propia o de su familia; que sean madres de tres o más hijos y no tengan recursos suficientes para su manutención; o que sean estudiantes.
Según la Agencia Boliviana de Información, el Defensor del Pueblo, David Tezanos, afirmó que, cada año alrededor de 67.000 mujeres acuden al servicio de salud presentando complicaciones por abortos mal realizados en condiciones precarias de higiene y salubridad.
El artículo propone la despenalización para las causales anteriores durante las primeras ocho semanas de gestación y, a su vez, avala el aborto en cualquier etapa del embarazo cuando se realice para prevenir la muerte de la mujer, cuando esté en riesgo su salud, se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida, cuando haya existido violación o incesto o cuando la embarazada sea niña o adolescente. Según la Agencia Boliviana de Información, el Defensor del Pueblo, David Tezanos, afirmó que cada año alrededor de 67.000 mujeres acuden al servicio de salud presentando complicaciones por abortos mal realizados en condiciones precarias de higiene y salubridad.
Foto: Notas.org
Colombia
En el año 2006, la Corte Constitucional de Colombia declaró la despenalización del aborto en caso de violación, riesgo para la vida o salud de la mujer o malformaciones del feto incompatibles con la vida fuera del útero. El fallo se produjo gracias a la iniciativa de Women’s Link Worldwide desarrolló una estrategia integral de litigio estratégico que tuvo por resultado la liberalización del aborto y el cambio de los términos del debate público. De este modo, la resolución de la corte terminó por exhortar a las clínicas a no negarse a garantizar los procedimientos en los casos mencionados. El primer caso ocurrido después de la histórica decisión de la corte fue el de la interrupción del embarazo a una niña de 11 años que había sido violada por su padrastro, en el Hospital Simón Bolívar, de Bogotá.
Como suele suceder también en el resto de los países el derecho del aborto, aún dentro de los casos permitidos por la ley, sigue siendo difícil de ejercer. Según relataron distintos expertos al diario digital El Tiempo, continúan existiendo múltiples obstáculos que hacen que el avance legislativo sea más simbólico que material.
Sin embargo, y como suele suceder también en el resto de los países el derecho del aborto, aún dentro de los casos permitidos por la ley, sigue siendo difícil de ejercer. Según relataron distintos expertos al diario digital El Tiempo, continúan existiendo múltiples obstáculos que hacen que el avance legislativo sea más simbólico que material, como las trabas burocráticas, la objeción de conciencia esgrimida por los médicos, la falta de educación e información y la desarticulación entre las instituciones de salud para dar una respuesta adecuada.
Foto: rpp.com
Paraguay, Perú, Venezuela y Ecuador
Actualmente, estos cuatro países sólo permiten el aborto en caso de que esté en peligro la vida de la mujer, y son los únicos del subcontinente que aún no han despenalizado la interrupción del embarazo cuando es producto de una violación. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Paraguay es, después de Brasil, el segundo país del Cono Sur con mayor cantidad de embarazos adolescentes, alcanzando un 72.3%. Además, de acuerdo a cifras aportadas por el «Panel Aborto, maternidad forzada y Derechos Humanos», realizado a fines de 2016, se estima que se producen alrededor de 8 mil abortos anuales.
Actualmente, estos cuatro países sólo permiten el aborto en caso de que esté en peligro la vida de la mujer, y son los únicos del subcontinente que aún no han despenalizado la interrupción del embarazo cuando es producto de una violación.
En Venezuela, de acuerdo a los últimos datos de el estudio “Diagnóstico de los Factores Generadores del Embarazo a Edad Temprana y en Adolescentes” – realizado por el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), y publicado en noviembre de 2014 – el índice de embarazos no deseados entre adolescentes asciende a 55,3%, de los cuales un 13% terminan en abortos realizados clandestinamente. Respecto a la mortalidad, los últimos datos oficiales que se tienen del Ministerio de Salud son de 2012, cuando los abortos se cobraron la vida de una mujer cada 10 días.
Foto: EFE
Ecuador, por su parte, admite el procedimiento en caso de violación, pero solo si se trata de mujeres que sufren de discapacidad mental. Según un estudio multidiscipllinario liderado por Esteban Ortiz, investigador y docente de la Universidad de las Américas (UDLA), el 85% de los abortos que se practican en el país son clandestinos. Además, de acuerdo a los registros de la organización feminista ecuatoriana, Surkuna, es la tercera causa de mortalidad materna.
A fines de 2016, el Congreso de Perú admitió tramitar una iniciativa ciudadana que propone un proyecto de ley para despenalizar el aborto en casos de embarazos a consecuencia de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidas.
Perú es el que que dio el debate más reciente. A fines de 2016, el Congreso admitió tramitar una iniciativa ciudadana con una adhesión de 80 mil firmas, que propone un proyecto de ley para despenalizar el aborto en casos de embarazos a consecuencia de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidas, y, por lo tanto dejar también de perseguir a los profesionales que practican el procedimiento.
El panorama general de los países sudamericanos pone en evidencia que aún queda mucho camino por delante para que las mujeres puedan tener pleno acceso a un aborto legal, seguro y gratuito que no ponga en riesgo su vida como sucede con las pobres condiciones de higiene y salubridad que debe enfrentar en la clandestinidad. Los sectores conservadores continúan negando a las mujeres la soberanía sobre el propio cuerpo e imponiendo obstáculos a partir de cuestionamientos morales y religiosos, que no contemplan la necesidad urgente de desarrollar políticas sexuales y reproductivas que, además de la educación sexual, incluyan la despenalización del aborto como un derecho para no morir.
