Johana Ramallo tiene 23 años y está desaparecida desde el 26 de julio. Fue vista por última vez en las calles 1 y 63 de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Familiares y amigos ya han realizado tres marchas, exigiendo incansablemente su aparición con vida. Una vez más, otra búsqueda se dilata en manos de un Estado que continúa sin dar respuestas adecuadas a la emergencia por violencia de género del país. (Foto: SADO)
La última imagen de Johana Ramallo se encontró en las cámaras de seguridad de una estación de servicio de las calles 1 y 63 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Eran cerca de las 8 de la noche del miércoles 26 de julio y estaba entrando a un baño. Vestía un jean negro nevado, una campera marca Reebook y zapatillas blancas Nike. De acuerdo a lo relatado por Cosecha Roja, cuando en la mañana del jueves su madre se dio cuenta de que no había regresado a su casa, en Villa Elvira, realizó inmediatamente la denuncia ante la Justicia y salió a buscarla por los hospitales.
La última imagen de Johana Ramallo se encontró en las cámaras de seguridad de una estación de servicio de las calles 1 y 63 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Eran cerca de las 8 de la noche del miércoles 26 de julio y estaba entrando a un baño.
La investigación está a cargo de la titular de la Fiscalía N°2 de La Plata, Betina Lacki, y del Juzgado N°5, bajo la responsabilidad de la jueza Marcela Inés Garmendia. A más de un mes de su desaparición, y ante la lentitud del proceso, familiares y amigos de Johana ya han convocado a tres marchas para exigir respuestas en una causa que parece no tener avances. La última fue la semana pasada, cuando realizaron una toma de las oficinas del Consejo Provincial de Mujeres, dependiente de la subsecretaría de Género y Diversidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
Foto: Diario Hoy/ H.F
Uno de los reclamos que llevan adelante las abogadas de la familia, Silvina Perugino y Josefina Fernández, es el cambio de carátula de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada de persona”. Esto es fundamental para movilizar protocolos y profundizar la búsqueda y, sobre todo, para no tratar el caso como si Johana no se hubiera ido contra su voluntad. “Sentimos que no se está tomando en cuenta la gravedad del caso y la seguridad que tenemos de que Johana no se fue por decisión propia y que está viviendo una situación de riesgo”, señalaron los familiares en un comunicado.
El cambio de carátula de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada de persona” es fundamental para movilizar protocolos y profundizar la búsqueda y, sobre todo, para no tratar el caso como si Johana no se hubiera ido contra su voluntad.
En Buscamos a Johana Ramallo, la página de Facebook creada para difundir su búsqueda, la familia denuncia la falta de acceso a la causa y los retrasos en la información que se les brinda, hasta el punto de haber tomado conocimiento de un operativo de búsqueda a través de los medios de comunicación en lugar de la Justicia. Además, reclaman “que sea la fiscalía la que marque a estrategia de la investigación y tome las declaraciones, y no así la policía”. Durante la última marcha, Marta, la madre de Johana afirmó a TVU, el canal de televisión de la Universidad de La Plata, que realizaron tres allanamientos sobre los cuales no tiene datos y dos búsquedas en la zona de 615 y 122 que no dieron ningún resultado.
Foto: Otra Óptica
De acuerdo al informe «Búsqueda de Personas en Democracia», publicado por la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual (PROTEX) y Acciones Coordinadas Contra la Trata de Personas (ACCT), a fines de 2016 se encontraban desaparecidas, en Argentina, 3228 niñas, adolescentes y mujeres adultas. El mayor porcentaje de desapariciones corresponde al grupo comprendido entre los 12 y los 18 años. Esta tendencia se repite en otro informe anterior publicado por las mismas entidades, en donde se analiza la etapa de 1990 a 2013 y en donde se remarca que la adolescencia y la juventud son los períodos de mayor vulnerabilidad para las mujeres en relación a las desapariciones.
De acuerdo al informe «Búsqueda de Personas en Democracia», publicado por la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual (PROTEX) y Acciones Coordinadas Contra la Trata de Personas (ACCT), a fines de 2016 se encontraban desaparecidas, en Argentina, 3228 niñas, adolescentes y mujeres adultas.
En diálogo con La Nación, Nadya Dolcini, prosecretaria administrativa de PROTEX, afirmó: «Lo que se propone desde el Ministerio Público Fiscal es que se parta siempre de la presunción de que la persona desaparecida está siendo víctima de un delito o de una privación de su libertad. Esto supone que las agencias de investigación judicial deben estar siempre alertas y comprometidas con la solución del caso, desde las primeras horas de la desaparición (…) [Las estadísticas] muestran que no existe aún hoy un práctica judicial consolidada en investigar los casos de desaparición de personas vulnerables con la seriedad, prontitud y diligencia que reclaman los estándares internacionales sobre derechos humanos».
Las palabras de Dolcini reflejan uno de los problemas vigentes a la hora de dar curso a una investigación por una persona desaparecida y que a menudo sucede con las denuncias introducidas por familiares y amigos de muchas mujeres desaparecidas: la lentitud del sistema estatal en dar lugar a las demandas y a los procesos de búsqueda. Así, resulta fundamental poner a disposición todos los dispositivos judiciales necesarios y acompañar a las familias que son quienes terminan luchando por visibilizar la búsqueda, para que el Estado no olvide que estamos en un país en emergencia por violencia de género, en donde aún no se implementa las políticas necesarias para que no haya ni una desaparecida más.
