El martes 25 de julio comenzó en Córdoba el Juicio a los Magistrados por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar. Este juicio será el primero que se dará en la provincia a integrantes del Poder Judicial por delitos de lesa humanidad y se suma al que condenó la semana pasada a cuatro ex jueces en Mendoza. Los funcionarios que garantizaron el genocidio y se convirtieron en cómplices están siendo juzgados tras 40 años de impunidad, sumando nuevos pasos en la condena social y judicial a todos los responsables de la dictadura. (Fotos: Facundo Moya)
«Juicio a los magistrados»
En la provincia de Córdoba, luego de la sentencia en la megacausa La Perla-La Ribera que se vivió en el 2016, este año comenzó el Juicio a los Magistrados. Este proceso investiga los crímenes avalados, garantizados y encubiertos por integrantes del Poder Judicial durante la dictadura cívico-militar. Los abogados y las querellas de quienes fueron víctimas de este accionar aseguran que dichos funcionarios judiciales garantizaron la impunidad y se convirtieron en cómplices de los crímenes del terror implantado durante aquellos años.
En la provincia de Córdoba, luego de la sentencia en la megacausa La Perla-La Ribera que se vivió en el 2016, este año comenzó el Juicio a los magistrados. Este proceso investiga los crímenes avalados, garantizados y encubiertos por integrantes del Poder Judicial durante la dictadura cívico-militar.
El proceso, que tendrá sentado en el banquillo a los miembros de la justicia federal cordobesa, se enmarca dentro de la «Causa Cornejo». El ex fiscal federal Antonio Cornejo, el ex secretario Penal Carlos Otero Álvarez, el ex defensor público oficial Ricardo Haro y el ex juez federal Miguel Ángel Puga «están acusados de abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes y encubrimiento de delitos ocurridos en el centro clandestino de detención denominado UP 1 en 1976«, tal como lo expone H.I.J.O.S. Córdoba en La Tinta.
En el año 2007 se solicitó que se investigue la participación de funcionarios judiciales en los crímenes de lesa humanidad y la jueza Cristina Garzón de Lascano, a cargo del Juzgado Federal nº3, dio curso a la denuncia. En 2012, el Juez Federal de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena dictó el procesamiento de los imputados. Finalmente, en el 2015, las querellas y la fiscalía solicitaron la elevación a juicio oral de la causa.
Allí se afirmó: “El Poder Judicial Federal de la provincia de Córdoba evidenció una clara voluntad de no investigar las atrocidades que se cometieron (…) pese a las innumerables denuncias de cientos de desapariciones y/o homicidios, torturas, privaciones ilegales de libertad y violaciones y abusos sexuales, entre otros numerosos delitos que se cometieron durante aquellos años, no hubo un solo funcionario de las fuerzas de seguridad que resultara imputado o seriamente investigado. (…) El comportamiento de los acusados, que prima facie podría considerarse insensible, indiferente, analizado en profundidad, teniendo en cuenta el contexto y su reiteración en el tiempo, exhibe un patrón de sistematicidad que adquiere un marcado carácter delictivo«, como se puede leer en La Tinta.
Foto: Facundo Moya
La imputación por la que son juzgados los ex miembros del Poder Judicial es por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en la totalidad de 119 hechos que afectaron a 75 víctimas del terrorismo de Estado en la provincia.
Juzgar la pata civil del genocidio
La «causa de los magistrados» en Córdoba marca un hito a nivel local y, también, en todo el país. Así, el juzgamiento de la complicidad civil del genocidio suma un nuevo paso para lograr la ansiada justicia tras tantos años de impunidad. “Estaremos llevando la memoria de los compañeros y compañeras que no fueron protegidos como debieron haber sido protegidos por el Poder Judicial de Córdoba”, relató Emilio Pihen, militante de H.I.J.O.S. Córdoba en la radio La Imposible.
Las investigaciones judiciales que actualmente se están llevando adelante vienen a comprobar lo que los testimonios de sobrevivientes y familiares enfatizan desde el retorno a la democracia: muchos funcionarios del Poder Judicial participaron orgánicamente del genocidio.
Desde hace cuatro décadas los organismos de Derechos Humanos remarcan el rol de la complicidad civil y empresaria en el golpe de Estado de 1976, y en el plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio. Las investigaciones judiciales que actualmente se están llevando adelante vienen a comprobar lo que los testimonios de sobrevivientes y familiares enfatizan desde el retorno a la democracia: muchos funcionarios del Poder Judicial participaron orgánicamente del genocidio.
En la actualidad hay aproximadamente 70 funcionarios imputados en causas por delitos de lesa humanidad en todo el país y hace unos días se logró, por primera vez, la sentencia histórica de perpetua a cuatro de ellos en la provincia de Mendoza. Si bien los procesos que implican a civiles y empresarios son los que más trabas y demoras tienen, las causas elevadas a juicio y las sentencias que se produjeron en este año, a pesar del fallo del 2×1 de la Corte Suprema y la asignación constante de prisiones domiciliarias dan cuenta del camino firme que mantienen los juicios para juzgar a los perpetradores, responsables y cómplices del genocidio.
