Otra manifestación fue violentamente reprimida por la Policía de la Ciudad durante el día de ayer. Un grupo de personas fueron detenidas frente a Tribunales mientras reclamaban la libertad del referente mapuche Facundo Jones Huala, privado ilegítimamente de su libertad desde el 27 de junio. El operativo terminó con siete personas acusadas de «lesiones, intimidación pública y resistencia la autoridad», figura que en el último tiempo ganó peso para justificar la represión de las protestas sociales y la criminalización de los sectores más vulnerables. (Foto: ANRed)
La escalada represiva del actual gobierno demostró nuevamente las intenciones de silenciar la protesta social. Durante el día de ayer, mientras la Asamblea por la Libertad de Facundo Huala realizaba una manifestación en Plaza Lavalle, frente a Tribunales, la Policía de la Ciudad desencadenó un operativo represivo a fuerza de gases lacrimógenos y palazos. De acuerdo al comunicado oficial de la asamblea difundido en el portal Resumen Latinoamericano «arrastraron y golpearon con saña» a los manifestantes que se encontraban finalizaban pacíficamente la actividad.
Mientras la Asamblea por la Libertad de Facundo Huala realizaba una manifestación en Plaza Lavalle, frente a Tribunales, la Policía de la Ciudad desencadenó un operativo represivo a fuerza de gases lacrimógenos y palazos.
María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora contra Represión Policial e Institucional (CORREPI) confirmó que fueron detenidos tres varones y cuatro mujeres. Fueron derivados a dos comisarías distintas: Rafaela Di Paola, Roxana Dictan y Suyai Freitas fueron llevadas a la Comisaría Metropolitana 4ta en Parque Patricios, mientras que Nicolás Rivero, Lázaro Spezzi y Claudio Contreras a la dependencia ubicada en la calle California. En la lista también se encuentra Nicolás Diontuano, que resultó herido y fue internado en el Hospital Argerich. Todos fueron acusados de «lesiones, intimidación pública y resistencia la autoridad”.
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En un contexto en el que la represión se encuentra a la orden del día, amparada por el gobierno y el discurso mediático hegemónico, la figura de la «resistencia a la autoridad» ampara el accionar de las fuerzas de seguridad y justifica el ataque a la protesta social. Si bien este procedimiento no es nuevo, CORREPI informó a Página/12 que, en los últimos meses, fueron recibidas un promedio de seis consultas semanales por este tipo de situaciones, aumentando significativamente la cantidad de denuncias respecto de los años anteriores. En la Ciudad de Buenos Aires, los casos aumentaron de un 4% sobre el total de delitos ingresados en diciembre de 2016 a un 8% en abril de 2017.
La persecución a la comunidad mapuche
Facundo Jones Huala, líder de la comunidad mapuche Pu Lof, en Cushamen, Chubut, fue detenido el pasado 27 de junio a 50 km. de Bariloche, por orden del juez federal Gustavo Villanueva, a partir de un pedido de captura internacional para ser extraditado y juzgado en Chile. Sin embargo, un juicio llevado adelante durante el 2016 ya había declarado la nulidad de ese pedido. Como afirma Cosecha Roja, la resolución, dictada por el magistrado federal de Esquel, había sido también debidamente comunicada a las autoridades nacionales, como al Jefe de Sección Extradiciones, Departamento Interpol.
Facundo Jones Huala, líder de la comunidad mapuche Pu Lof, en Cushamen, Chubut, fue detenido a partir de un pedido de captura internacional para ser extraditado y juzgado en Chile. Sin embargo, un juicio llevado adelante durante el 2016 ya había declarado la nulidad de ese pedido.
Tal como describe la revista digital lavaca, en mayo de 2016, Jones Huala ya había sido detenido en un violento operativo en el que participaron Gendarmería y el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) por ese mismo pedido de captura por el que hoy se lo mantiene privado de su libertad. De acuerdo a la Red de Apoyo de Comunidades Mapuches en Conflicto, en aquella ocasión, el juicio oral fue declarado nulo al haberse demostrado que se habían llevado adelante tareas de inteligencia ilegales sobre Jones Huala, su familia y su comunidad en connivencia con fiscales, policías de Chubut y agentes de la AFI. Incluso se comprobó que se torturó a un joven mapuche para obtener información sobre el paradero de Huala.
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La detención de Jones Huala se inscribe en un contexto de persecución que la comunidad mapuche sufre por parte de las fuerzas de seguridad desde marzo de 2015, cuando inició la recuperación del territorio de Vuelta del Río, una de las estancias apropiadas por la multinacional textil italiana Benetton. Desde ese momento, la comunidad fue brutalmente reprimida en varias oportunidades, como sucedió el pasado enero de 2017, cuando un operativo llevado adelante por Gendarmería dejó tres heridos con balas de plomo. La criminalización mapuche intentó incluso ser justificada por la justicia de Chubut mediante la aplicación de la Ley Antiterrorista, recurso luego rechazado por el Juzgado Federal.
Tanto la detención de Huala como la represión a la asamblea que reclamaba su libertad son episodios insertos en una política de Estado represiva que silencia la protesta social, avalando así el accionar de las denominadas fuerzas de seguridad. Son hechos que también vienen acompañados de la construcción de la comunidad mapuche y de los manifestantes como «amenazas» para la sociedad, actores no legítimos de ocupar sus propias tierras, en Chubut, o incluso en las calles.