La cruzada iniciada desde el gobierno contra los derechos de los trabajadores dio un nuevo paso con un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia. La semana pasada, el máximo tribunal determinó que un empleado que perdió un juicio laboral por un accidente se tendrá que hacer cargo de los costos del proceso judicial. Esta decisión se inscribe en un contexto de avanzada contra lo que Mauricio Macri denominó “la industria de los juicios laborales”, de la mano de un discurso que culpa a trabajadores y abogados, desentendiéndose de los efectos de las políticas neoliberales. ¿Qué se esconde detrás del fallo?
El martes 4 de julio, la Corte Suprema de Justicia resolvió que Enrique López pagara los costos del juicio laboral que había iniciado contra Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A, la aseguradora de su empleador. López alegó haber quedado parcialmente incapacitado camino a su trabajo luego de un accidente, por lo que procedió a reclamar la indemnización prevista en la ley 24.557 de riesgos del trabajo. De acuerdo a Página/12, su demanda fue rechazada por la Sala III de la Cámara Laboral, luego de que no se presentara a las citaciones médicas para ser examinado por un perito.
Más allá de las particularidades del caso, la decisión de la Corte Suprema de Justicia sienta un precedente que favorece a las empresas y que puede desalentar a los trabajadores a defender sus derechos laborales por vía judicial.
Como criterio de garantía del derecho de acceso a la Justicia, la Cámara decidió que los gastos por el proceso judicial quedaran a cargo de la compañía demandada. Sin embargo, la Corte Suprema revocó el fallo argumentando que “como el rechazo de la demandada se debió a la actitud renuente del trabajador, no había motivos válidos para apartarse de la regla legal que establece que quien pierde un juicio debe pagar los gastos por honorarios que ese juicio originó”. De esta forma, y más allá de las particularidades del caso, la decisión sienta un precedente que favorece a las empresas y que puede desalentar a los trabajadores a defender sus derechos laborales por vía judicial.
Si bien el contenido de la sentencia no representó una novedad en tanto es un criterio que algunos jueces ya aplican, lo peculiar es que la Corte se haya expedido al respecto, cuando en realidad suele asumir competencias en situaciones extraordinarias o discusiones sobre derecho constitucional. Según afirmó a Página/12 el camarista laboral Luis Raffaghelli, presidente de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo, “no es habitual que la Corte Suprema entienda en estas cuestiones, ya que son casos no federales”. En este sentido, la difusión y el tratamiento del tema no pueden pensarse fuera de la reciente avanzada del gobierno contra la denominada “mafia de los juicios laborales”.
Macri y Fabián Tarrío, titular de la Cámara Argentina de Mediana Empresa (CAME). Foto: DyN
La «mafia»
Luego de que los empleados públicos fueran calificados de “ñoquis” y los docentes de “vagos”, la campaña para estigmatizar a los trabajadores y deslegitimar sus reclamos dio otro paso hace unas semanas atrás. El 12 de junio, durante la jura del canciller Jorge Faurie en la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri se refirió a los juicios laborales como una “mafia” a la que hay que enfrentar porque “destruye la generación de empleo futuro”. Sin aportar datos concretos, denunció la existencia de grupos de abogados y de jueces laboralistas conducidos por el jefe de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, y responsables de “comportamientos mafiosos” que “le han hecho mucho daño a la Argentina”.
Macri aseguró que esos abogados “convencen” a los trabajadores a “hacer ese juicio indebido y se lo hacen ganar porque tienen armadita la cosa para llevarse la mayor parte del juicio ellos”. A su vez, los responsabilizó de la quiebra de las pymes.
Macri aseguró que esos abogados “convencen” a los trabajadores a “hacer ese juicio indebido y se lo hacen ganar porque tienen armadita la cosa para llevarse la mayor parte del juicio ellos”. A su vez, los responsabilizó de la quiebra de las pymes y argumentó que estos juicios dejan “a un montón de gente sin acceder a un trabajo porque el que tiene que tomar decisiones tiene miedo que su esfuerzo se le vaya en uno de estos comportamientos mafiosos”. El discurso fue apoyado por las principales cámaras empresarias y reiterado durante varias oportunidades, como sucedió en el marco de Día Internacional de las Pymes, donde también culpó a estos juicios del colapso de los fueros laborales.
Foto: Télam
Para Cambiemos, el principal problema para las pymes radica entonces en los trabajadores y en los aboagados laboralistas, desviando la atención de los efectos de las políticas económicas adoptadas desde el inicio de su gestión. En ningún momento se mencionó que los motivos de quiebra pueden encontrarse lejos de los juzgados: en la reducción de los salarios reales, los despidos -con la consecuente retracción del consumo y del mercado interno-, el aumento de la competencia debido a la apertura de las importaciones, el incremento de tarifas y las elevadas tasas de interés que dificultan la posibilidad de obtener créditos.
Para Cambiemos, el principal problema para las pymes radica entonces en los trabajadores y en los aboagados laboralistas, desviando la atención de los efectos de las políticas económicas adoptadas desde el inicio de su gestión. En ningún momento se mencionó que los motivos de quiebra pueden encontrarse lejos de los juzgados.
Uno de los argumentos del gobierno para sostener la idea de una “industria del juicio laboral” deriva de las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Según este organismo, entre 2010 y 2015, por cada mil trabajadores cubiertos por una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), los accidentes registrados disminuyeron de 89,2 a 81,8 por ciento, pero los juicios aumentaron de 7,1 a 12,1 por ciento. Sin embargo este defasaje debe ser interpretado contextualmente a la luz del sistema laboral y no inferirse como resultado de la búsqueda de un negocio por parte de trabajadores y abogados.
Foto: La Izquierda Diario
Tal como señala en una entrevista para Radio Sur el presidente de Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, es necesario tener en cuenta datos que escapan a las estadísticas mencionadas. A la Justicia recurren también los trabajadores en “negro”, no registrados –y por lo tanto sin ART- que en Argentina representan un 35% de la población económicamente activa. Por otra parte, existen muchos casos en que los trabajadores cubiertos por una ART deben recurrir a instancias legales al verse afectados por enfermedades laborales que no se encuentran reconocidas en el listado cerrado de la ley de Riesgos de Trabajo y que entonces no son registradas en las estadísticas.
La centralidad de los juicios laborales en la agenda política y mediática parecería desviar el foco de atención de las políticas económicas implementadas, estigmatizando una vez a los trabajadores, deslegitimando sus reclamos y abonando el terreno para la flexibilización de sus derechos.
En definitiva, no hay datos concretos que respalden las acusaciones de la existencia de una «industria mafiosa«, que vinculen demandas a falsos testimonios, mucho menos que demuestren que son una razón de peso para la quiebra de empresas afectadas principalmente por las políticas neoliberales implementadas. Por el contrario, la centralidad de los juicios laborales en la agenda política y mediática parecería desviar el foco de atención, estigmatizando una vez más a los trabajadores, deslegitimando sus reclamos y abonando el terreno para la flexibilización de sus derechos.
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