Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, la dictadura cívico-militar y la empresa Ledesma cortaron las luces en las localidades de Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar, en la provincia de Jujuy, para secuestrar a 400 trabajadores, estudiantes, militantes y profesionales. Denominado como «la Noche del Apagón» este megaoperativo revela una de las caras más evidentes de la complicidad civil y empresarial del genocidio. Cuatro décadas después, la justicia sigue garantizando la impunidad de los participes civiles.
En la medianoche del 20 de julio se produjo un apagón en las tres ciudades jujeñas aledañas al Ingenio Ledesma. En un primer momento todos creyeron que se trataba de un corte de energía, pero las frenadas de vehículos y los gritos en varias de las viviendas advirtieron que ocurría un operativo militar. Esa noche se evidenció que la dictadura había llegado con toda su fuerza represiva a las localidades jujeñas de Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar. Este mega operativo es recordado como “La Noche del Apagón”, en el que fueron secuestradas 400 personas, con la complicidad del ingenio azucarero Ledesma, propiedad de Carlos Blaquier.
La dictadura había llegado con toda su fuerza represiva a las localidades jujeñas de Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar. Este mega operativo represivo es recordado como “La Noche del Apagón”, en el que fueron secuestradas 400 personas, con la complicidad del ingenio azucarero Ledesma, propiedad de Carlos Blaquier.
La Noche del Apagón ocurrió entre el 20 y el 27 de julio de 1976, a pocos meses del comienzo de una dictadura que iba a contar con la complicidad de empresarios y civiles. Todas esas noches, entre las 22 y las 6 de la mañana se realizaron cortes en el suministro de electricidad, cuya distribución estaba a cargo del Ingenio Ledesma. En esta larga noche que vivió la provincia de Jujuy durante una semana, efectivos del Ejército, Gendarmería y la Policía provincial y federal capturaron a dirigentes sociales, estudiantes, políticos y trabajadores del ingenio.
Muchos de ellos fueron trasladados en camionetas que eran propiedad de la empresa. Algunos de los secuestrados fueron llevados a cárceles y comisarías de Jujuy. También, al Centro Clandestino de Detención de Guerrero, ubicado en la localidad aledaña a la empresa. Al día de hoy, hay treinta personas que aún se encuentran desaparecidas.
La búsqueda por justicia
“Vi las camionetas de Ledesma actuando con total impunidad, acorralando gente y llevándosela en sus móviles. Luego eran conducidas a la base de Gendarmería que estaba adentro del ingenio”, es el testimonio de Ricardo Arédez, hijo de Luis Arédez, uno de los secuestrados y desaparecidos. Luis se había desempeñado como médico en el Ingenio Ledesma en 1958 y ya entonces había tenido problemas por su dedicación a la atención de las personas afectadas por la contaminación del trabajo con la caña de azúcar. En 1973, fue electo intendente de Libertador General San Martín y una de sus primeras medidas fue exigir el pago de impuestos a la empresa azucarera, eximida hasta aquel momento de esa obligación. Luego de sufrir un segundo secuestro en 1976 durante la Noche del Apagón, aún se encuentra desaparecido.
“Vi las camionetas de Ledesma actuando con total impunidad, acorralando gente y llevándosela en sus móviles. Luego eran conducidas a la base de Gendarmería que estaba adentro del ingenio”
La esposa de Luis, Olga Arédez, comenzó a reclamar por la suerte de su compañero, y con un pañuelo blanco en la cabeza recorría todos los jueves la plaza principal de Libertador General San Martín marchando durante muchos años sola. A partir de 1984, las rondas y movilizaciones comenzaron a ser más multitudinarias cada año, allí familiares y organizaciones de Derechos Humanos de Jujuy comenzaron a organizarse para exigir justicia por los desaparecidos. Olga se convirtió en un pilar de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y nunca dejó de dar testimonio hasta que falleció en 2005.
Juicio y castigo a los cómplices civiles del genocidio
La lucha de los organismos de Derechos Humanos logró que en 2012, Carlos Blaquier, presidente de Ledesma desde 1970, y Alberto Lemos, el entonces administrador del ingenio, resultaran procesados por privación ilegal de la libertad en el marco de una causa de lesa humanidad por la Noche del Apagón. El procesamiento fue confirmado en 2013 por la Cámara de Casación de Salta y la Sala IV de Casación tomó el expediente en diciembre de 2013. Sin embargo, luego de un año y tres meses de tener la causa paralizada en Buenos Aires, en marzo de 2015, dictaron la «falta de mérito» para ambos empresarios.
En la causa se comprobó que la empresa Ledesma aportó vehículos para los secuestros pero negaron que hayan conocido los fines para los que se usaron. Ambos imputados fueron beneficiados por un sector de la Justicia que se resiste a avanzar en las investigaciones contra las complicidades civiles. Sin embargo, los representantes del Ministerio Público Javier De Luca y Ricardo Wechsler, presentaron dos recursos extraordinarios para que la Corte Suprema analice esta resolución, se revierta el desprocesamiento del dueño del Ingenio Ledesma y se revoque la «falta de mérito».
La lucha de los organismos de Derechos Humanos logró que en 2012, Carlos Blaquier, presidente de Ledesma desde 1970, y Alberto Lemos, el entonces administrador del ingenio, resultaran procesados por privación ilegal de la libertad en el marco de una causa de lesa humanidad por la Noche del Apagón. Sin embargo, en marzo de 2015, dictaron la «falta de mérito» para ambos empresarios. En la causa se comprobó que la empresa Ledesma aportó vehículos para los secuestros pero negaron que hayan conocido los fines para los que se usaron.
Al día de hoy la Corte Suprema aún no se ha expedido. Los organismos de Derechos Humanos reclaman al máximo tribunal una respuesta pendiente desde hace más de dos años sobre la responsabilidad del empresario Carlos Blaquier en los secuestros. «Estamos exigiendo a la Corte Suprema una decisión sobre la falta de mérito de Blaquier», dice a Página/12 Inés Peña, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy. «No podemos estar esperando más, si no ya sería una falta de justicia. Si bien la Corte tiene sus tiempos, también nosotros, las víctimas y sobrevivientes de la Noche del Apagón, tenemos los nuestros. Queremos que la Corte se defina y responda«.
A 41 años, los crímenes de lesa humanidad en la provincia de Jujuy y en las localidades aledañas al Ingenio Ledesma siguen impunes.
