En el día de ayer se llevó adelante la audiencia oral y pública por la causa de seis integrantes del colectivo Ni Una Menos, imputadas luego de llevar a cabo acciones de difusión del Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo. «Exigimos el cese de la judicialización y la cacería hacia el movimiento de mujeres», denunciaron desde la organización. Sin embargo, el fiscal a cargo negó la nulidad de la causa. (Fotos: China Díaz)
«Nuestras compañeras fueron detenidas ilegalmente la noche del 7 de marzo por una patota civil y luego detenidas arbitrariamente por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, mientras se dirigían a sus domicilios«, difundieron desde el Colectivo Ni Una Menos. Están imputadas por delito de daño simple y agravado por escribir “Lesbianas”, “8M”, “Paro” y “El Patriarcado se va a caer”, en paredes del barrio porteño de Almagro.
Como se explica en Página/12, su defensa pidió la nulidad de las actuaciones por considerar que la detención de las jóvenes fue “arbitraria” y los cuatro militantes católicos que las denunciaron al 911, esa madrugada, incurrieron en “falso testimonio”, e incluso se hicieron pasar por policías, dando la voz de alto, al perseguirlas por la calle hasta que llegó un patrullero, tal como revela un video incorporado a la causa.
«El fiscal Juan Rozas las acusa en un proceso en el cual existen pruebas viciadas y por el que exigimos la nulidad de la causa», manifestaron desde Ni Una Menos. Sin embargo, se negó a dar la nulidad de la causa. Además, el fiscal tampoco advierte la violación de las garantías constitucionales y observa que los denunciantes que actuaron como policías de civil y acorralaron a las mujeres son claros y contundentes en sus testimonios.
«Las detenciones fueron arbitrarias y no queremos dejar de señalar que, mientras el Estado no invierte en prevenir los femicidios que día a día nos sumergen en un nuevo duelo y en la indignación, se persigue judicialmente a las activistas que luchan por justicia para las víctimas», sentenciaron desde el movimiento de mujeres, y agregaron: «Exigimos el cese de la judicialización y la cacería hacia el movimiento de mujeres. Sostenemos que nuestro derecho a la protesta social no puede verse reprimido ni la justicia debe avalar detenciones arbitrarias, mucho menos proteger a los civiles que esa noche apresaron y agredieron físicamente a las activistas.»
Una vez más, el Estado mediante sus distintos poderes, en este caso el judicial y, a su vez, las fuerzas de seguridad, actúa criminalizando la protesta, persiguiendo a mujeres organizadas y defendiendo a varones católicos que actuaron ilegalmente. Pareciera ser, ésta, la única forma en la que el Estado va a pararse frente a los colectivos de mujeres, mientras siguen siendo moneda corriente la urgencia de los femicidios, la violencia de género y los casos de trata.
