Los manifestantes detenidos las últimas dos semanas en la Ciudad de Buenos Aires fueron privados de su libertad bajo el cargo de «intimidación pública». Esta figura, que pone a los militantes sociales en alerta, fue denunciada por distintas organizaciones en un contexto de recrudecimiento de la represión y persecución a la protesta social. Este nuevo paso dado hacia la criminalización de los manifestantes no hace más que agravar el retroceso constante de derechos desde la llegada de Cambiemos al poder. (Foto de portada: China Diaz)
La figura de «intimidación pública» se está utilizando desde hace dos meses y su antecedente más cercano data de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Así lo aseguraron Gabriela Bonomi, militante del espacio Fogoneros en diálogo con Agencia Paco Urondo, y los abogados que trabajaron en la liberación de los detenidos. Este cargo agrava la criminalización de los militantes sociales en los contextos de protesta social, tal y como sucedió en las últimas dos semanas: los detenidos en las manifestaciones de la Av. 9 de julio y frente a Tribunales fueron privados de su libertad, totalmente incomunicados, entre 24 y 36 horas.
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El 28 de junio, una veintena de organizaciones que reclamaban en la Av. 9 de julio un plan de infraestructura que vuelva a emplear a los 40 mil cooperativistas bonaerenses que quedaron desempleados en el último año y medio, fueron reprimidas mientras se nantenían negociaciones para que los manifestantes se retiraran. El 4 de julio, siete personas que ni siquiera estaban cortando una calle, fueron detenidas durante el operativo policial que reprimió una actividad de protesta ya finalizada en la plaza frente a Tribunales, convocada para reclamar la liberación del Lonko Mapuche Facundo Jones Huala. Este accionar da cuenta del agravamiento de la criminalización a la protesta social y a la lucha de los manifestantes.
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«Agrava aún más la criminalización de quienes protestan. Esta medida es arbitraria y desproporcionada y tiene un efecto intimidador mayor para las personas detenidas y sus familias y para todos los manifestantes», enfatizó el CELS.
La figura penal de “intimidación pública» fue denunciada fuertemente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): «Agrava aún más la criminalización de quienes protestan: se utiliza de manera extensiva un tipo penal que no aplica a los hechos ocurridos y que expone a las personas a penas mayores». El diario Página/12 afirmó: «Se usa para agudizar la criminalización de la protesta, intimidar y lograr que los casos sean investigados por la justicia federal». «Las personas permanecen incomunicadas, es decir que no pueden hablar ni siquiera con sus familiares; esta medida es arbitraria y desproporcionada y tiene un efecto intimidador mayor para las personas detenidas y sus familias y para todos los manifestantes», enfatizó el organismo de Derechos Humanos.
Imagen tomada en Comodoro Py mientras se exigía la liberación de los detenidos.
Por su parte, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) manifestó: «En ambos casos, (…) se aplicó una nueva figura diseñada especialmente para criminalizar la protesta social«. Por ello, la organización antirrepresiva asegura: «Cada uno y una de las detenidas permanecieron más de 24 horas encerrados, totalmente incomunicados, sin posibilidad de corroborar su estado de salud, y con una imputación mayor en términos penales».
“La intimidación pública no se condice con estas situaciones, se usa por ejemplo si hay muchos pasajeros arriba de un avión y de pronto alguien grita que hay una bomba”, aseguró Federico Efron del CELS a Página/12. La figura de “resistencia a la autoridad”, también comúnmente utilizada -ahora en aumento- para justificar detenciones, puede tener penas de un mes a un año. En cambio, la figura de intimidación, como expresa el diario citado, prevé de 3 a 6 años de prisión.
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Este agravamiento de las penas y el accionar represivo frente a las protestas sociales dan cuenta de que el «Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires y la justicia federal y criminal endurecieron su reacción a las protestas cuando no se trata de manifestaciones masivas», asegura el CELS. De este modo, el gobierno local, en consonancia con la política nacional, avanza una vez más en el retroceso de derechos.
La privación de la libertad y las penas más duras son intenciones claras para desalentar el ejercicio del derecho a la protesta social.
A las obvias consecuencias para la integridad física que tiene la represión policial, se suma el efecto que produce un nuevo paso en la criminalización de las manifestaciones: la privación de la libertad y las penas más duras son intenciones claras para desalentar el ejercicio del derecho a la protesta social. Sin embargo, frente a este mensaje, el único logro es la indignación y la contundente respuesta del movimiento popular que no va a permitir ningún preso más por luchar.
