«Inseguridad son más policías en la calle», es el lema de las organizaciones referentes de la lucha antirrepresiva. Otra vez, gatillo fácil. Mientras los medios y las versiones oficiales que no son otra cosa que la misma policía insisten en sus teorías de robo, enfrentamiento y persecución, las únicas balas que matan son las de la institución estatal. Esta semana se conocieron dos casos de gatillo fácil, uno en el barrio porteño de Barracas y otro en el partido de San Martín, visibilizando una realidad diaria que persigue a los jóvenes vulnerables: estas dos nuevas muertes se suman al listado de 5.000 asesinados en manos del aparato represivo estatal en democracia. (Foto de portada: China Díaz)
Las balas en la Ciudad
El sábado 15 de julio a la madrugada un bombero de la Policía de la Ciudad persiguió por seis cuadras y a los tiros al auto en el que estaba Cristián Toledo junto a dos amigos. Las versiones oficiales hablaron nuevamente de persecución tras un robo, pero los jóvenes que fueron hostigados por el agente sólo volvían de bailar a su barrio, la villa 21-24, en Barracas. «El paraguita», como lo conocían, fue asesinado por el agente Adrián Gustavo Otero quien disparó ocho veces, la mitad de un cargador completo, para matarlo. Sus dos amigos, quienes vieron desangrarse a Cristián hasta morir sin poder llevarlo a un hospital y los únicos testigos, fueron detenidos sin motivo alguno en la comisaría n° 30.
El paraguita», como lo conocían, fue asesinado por el agente Adrián Gustavo Otero quien disparó ocho veces, la mitad de un cargador completo, para matarlo. Sus dos amigos, quienes vieron desangrarse a Cristián hasta morir sin poder llevarlo a un hospital y los únicos testigos, fueron detenidos sin motivo alguno.
«Volvían de bailar solamente, y se cruzaron a uno que se creyó el dueño de la calle, con la idea fija y el racismo en la mirada. Les vio cara de lo que les enseñan a pensar -esto que dice en las leyes de «actitud sospechosa»«, dijeron desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). Cristián tenía 25 años. Las voces oficiales y los medios que solo toman la versión policial armaron toda una historia de persecución y tiroteo, cuando sólo uno persiguió y tiró.
El policía está imputado, aunque el proceso recién comienza y seguramente solo la lucha logrará que no venza la impunidad una vez más en un caso de gatillo fácil. Sin embargo, el Estado es responsable de darle una chapa, licencia y un arma a quien puede creerse dueño de la vida y la muerte de los jóvenes de los sectores más vulnerables.
Las balas de la Bonaerense
En San Martín, provincia de Buenos Aires y zonas de la Bonaerense, el efectivo policial Hugo Daniel Pos está acusado de «homicidio agravado» por la muerte de un adolescente de 14 años: Rodrigo Alejandro Correa. El joven caminaba junto a dos amigos a su casa del barrio Billinghurst, cuando se cruzaron con un policía bonaerense que corría a los tiros. Una de las balas le pegó a Rodrigo en la nuca y lo mató.
El joven caminaba junto a dos amigos a su casa del barrio Billinghurst, cuando se cruzaron con un policía bonaerense que corría a los tiros. Una de las balas le pegó a Rodrigo en la nuca y lo mató.
La versión oficial lo acusó al chico y a los otros dos jóvenes de intentar robarle el auto al policía y provocar un tiroteo. Pero las pericias de la Gendarmería aún no encontraron el arma que supuestamente tenían. «Rodrigo murió en el lugar. Los otros dos adolescentes tienen heridas en las piernas y están internados en el hospital Castex. (…) los vecinos de la localidad de Billinghurst escucharon por lo menos 15 disparos: todas las vainas pertenecen al arma de la policía», se detalla en el portal Cosecha Roja.
Los amigos que estaban junto a Rodrigo y fueron heridos declararon ante el fiscal que el efectivo comenzó a dispararles sin identificarse como policía. El agente de la Bonaerense disparó a 32 metros de distancia en forma de abanico. La autopsia a Rodrigo confirmó que fue asesinado de un disparo en la nuca, esto quiere decir: por la espalda, mientras corría esquivando las balas.
No es un policía, es toda la institución
Estos nuevos casos de gatillo fácil en Argentina se suman a un promedio que aumenta año a año, donde cada 25 horas las fuerzas represivas del Estado se cobran una nueva vida, acusando a las víctimas, convirtiendo a los asesinados en infractores del orden y seres despreciables que merecen morir. En ambos casos, y en múltiples más, se justifican los disparos por supuestos robos. Si bien la mayoría de las veces se inventan estos relatos, acompañados de teorías de enfrentamientos y tiroteos, los casos que se produzcan por la comisión de un delito no son justificación para gatillar a muerte. Por lo tanto, el accionar de esta represión estatal es una violación a los Derechos Humanos, demás está decirlo, y a todos las garantías que el Estado debe proteger y respetar.
En ambos casos, y en múltiples más, se justifican los disparos por supuestos robos. Si bien la mayoría de las veces se inventan estos relatos, acompañados de teorías de enfrentamientos y tiroteos, los casos que se produzcan por la comisión de un delito no son justificación para gatillar a muerte.
Este accionar policial muestra cómo funciona la institución cuando uno de sus miembros hace uso de su arma para matar. Esta es la realidad que viven los jóvenes de los barrios más vulnerables: un hostigamiento cotidiano y constante por parte de las «fuerzas de seguridad» que matan producto del racismo, la estigmatización y el odio. Los asesinatos por el aparato represivo estatal desde la vuelta a la democracia ascienden a más de 5.000, dentro de ese número, el 47% de las muertes en manos del Estado fueron víctimas de gatillo fácil. Frente a esto, las organizaciones, familiares y víctimas siguen gritando: no es un policía, es toda la institución.
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