Esta semana fue presentado en el Congreso el proyecto de una Ley Federal de Culturas, impulsado por el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura (FAyTC) y elaborado luego de la realización de más 40 foros participativos en todo el país. La iniciativa, que dio sus primeros pasos en el año 2014, concibe a la cultura como un derecho humano inalienable que debe ser garantizado por el Estado, y rechaza la lógica mercantil imperante en el contexto actual. “La primera cuestión es concebir a la cultura como plural y definirla como los sentidos que les damos a los modos de vida comunitaria, las prácticas sociales», afirma a La Primera Piedra Francisco “Teté” Romero, miembro del FAyTC y uno de los redactores del proyecto.
La presentación del proyecto de la Ley Federal de Culturas fue definida por dirigentes y trabajadores de la cultura como “el acontecimiento político cultural del año”. La propuesta para su elaboración fue en el año 2014, con el impulso de la entonces ministra de Cultura, Teresa Parodi. “En principio, el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura elaboramos 21 puntos concebidos en realidad como interrogantes para definir qué clase de normativa necesitábamos”, cuenta Francisco “Teté” Romero, integrante del colectivo. A partir de la experiencia participativa que se había logrado con la Ley de Medios Audiovisuales, se abrieron espacios de debate en los que participaron alrededor de 12 mil personas.
“Entre julio de 2014 y abril de 2015 se realizaron 46 foros para la elaboración de la Ley Federal de Culturas. La conclusión fue un anteproyecto, resultado del consenso de todo el arco sindical del país, con la totalidad de la sociedad de gestión y de los consejos de participación indígena, además de las 24 universidades públicas nacionales y de los distintos colectivos de artistas y trabajadores de las culturas».
“Entre julio de 2014 y abril de 2015 se realizaron 46 foros para la elaboración de la Ley Federal de Culturas. La conclusión fue un anteproyecto, resultado del consenso de todo el arco sindical del país, con la totalidad de la sociedad de gestión y de los consejos de participación indígena, además de las 24 universidades públicas nacionales y de los distintos colectivos de artistas y trabajadores de las culturas. Fue un acontecimiento, porque la letra de los textos no surgió de un escritorio, sino del aporte de estos sujetos sociales políticos culturales”, afirma Romero. El proyecto se había presentado por primera vez en el año 2015, pero, en ese momento, no había alcanzado a completar el recorrido parlamentario.
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Foto: Rafael Yohai
Una vez más en el Congreso, la ley logra instalar un debate necesario para considerar a la cultura como un derecho humano universal y para descentralizar las políticas culturales, dando lugar a las voces invisibilizadas. Respecto a los puntos básicos de la normativa, Romero aclara: “La primera cuestión es concebir a la cultura como plural, hablar de ‘las culturas’ y definirlas como los sentidos que les damos a los modos de vida comunitaria, las prácticas sociales. Esta fue una cuestión principal desde la que se dio la elaboración de la ley, entender a la diversidad como una riqueza. También, concebir a la cultura como un derecho, lo que implica que el Estado es el garante indelegable para su cumplimiento”.
“La primera cuestión es concebir a la cultura como plural, hablar de ‘las culturas’ y definirlas como los sentidos que les damos a los modos de vida comunitaria, las prácticas sociales. Esta fue una cuestión principal desde la que se dio la elaboración de la ley, entender a la diversidad como una riqueza».
Para llevar adelante la iniciativa, el proyecto establece, para el financiamiento, destinar al menos un 1% del presupuesto anual del Estado a políticas culturales autogestivas, independientes y comunitarias. “Nosotros planteamos que ese porcentaje es un piso, no un techo, para el cumplimiento de los derechos culturales de los habitantes del país, porque todos ellos son los sujetos de la ley. También definimos los derechos de los trabajadores de las culturas, la necesidad de su legislación en cuanto al gobierno de la cultura. Eso es fundamental. No se trata solamente de contar con la autoridad de aplicación y el Ministerio de Cultura, sino además de poner en juego otras instancias de participación, a partir de un Consejo Federal que ya existían pero sin ningún marco legal”.
De este modo, lo novedoso también radica en la promoción de espacios de debate y encuentro que generen formas de interlocución entre la sociedad y el Estado. En este sentido, Romero explica: “Con el proyecto creamos también un Consejo Cultural que nuclea con carácter de representación nacional a todos los trabajadores y artistas a través de distintas instancias y colectivos. Planteamos la necesidad de garantizar además el reconocimiento de un Observatorio de Políticas Culturales que tenga autonomía para poder ofrecer una mirada crítica y externa, propia del sujeto productor de políticas públicas, que permita evaluar y analizar el funcionamiento de la ley”.
En un contexto político en el que impera la lógica mercantil y privatista, la ley busca otorgar un marco normativo que sirva de sustento para fomentar la pluralidad y valorizar el circuito de trabajadores de la cultura a nivel local, regional y nacional.
En un contexto político en el que impera la lógica mercantil y privatista, la ley busca otorgar un marco normativo que sirva de sustento para fomentar la pluralidad y valorizar el circuito de trabajadores de la cultura a nivel local, regional y nacional. “Si concebimos a la democracia como la capacidad de ampliar derechos, estamos realmente en emergencia”, sostiene Romero. “Además está en juego una Ley Nacional de Mecenazgo, donde el mercado define el financiamiento de eventos y aparece consagrado como mecenas de la cultura, como pasa en la Ciudad de Buenos Aires. No estamos en contra de una normativa de mecenazgo en tanto y en cuanto se discuta y no surja como una normativa ley de escritorio”.
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Frente al desmantelamiento de espacios claves para el desarrollo de políticas culturales inclusivas que se ha realizado en el último tiempo, la Ley Federal de Culturas se presenta como un debate urgente. «Hay un paradigma del que venimos en el que, con todos sus errores, se instalaba como un horizonte de sentido el tema de los derechos. Ese horizonte, en el paradigma neoliberal, hoy está desaparecido. En la medida en que lo mejor de las tradiciones políticas populares de la Argentina se dirima democráticamente a través de su participación, lo que hoy esta vedado de forma legislativa, o a través de instancias promovidas por el estado, esto puede ser una batalla cultural que tensione la lógica dominante».
