El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, junto al Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, firmaron la Decisión Administrativa que reasigna partidas presupuestarias al interior del Estado argentino. Dentro de las medidas tomadas, otra vez le quitaron fondos a programas contra la violencia de género, los cuales se asignarán al Ministerio de Seguridad que los usará para pagar adicionales realizados por efectivos de la Policía Federal. La medida se suma al intento realizado en febrero de recortar 67 millones de pesos. (Foto de portada: China Díaz)
Las medidas tomadas por el Gobierno macrista de recortar la contención social del Estado y aumentar la fuerza represiva no es nueva. Basta con recordar que durante el pasado mes de enero, el presidente Mauricio Macri y su gabinete intentaron recortar 67 millones de pesos del presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres y a la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (PNA).
«Es menester incrementar los créditos vigentes de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, actuante en el ámbito del MINISTERIO DE SEGURIDAD, compensando con la reducción del Presupuesto del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES», señala la Decisión Administrativa en el Boletín Oficial
La polémica medida, adoptada en momentos en que los femicidios son una de las mayores preocupaciones a nivel social (según la organización MuMaLá, sólo en el 2017 ocurrieron 133 femicidios), generó un fuerte rechazo y el gobierno de Cambiemos se vio obligado a dar una nueva marcha atrás y reasignar los fondos que se intentaron escamotear, tal como informa el portal minutouno.
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Así entonces, en febrero pasado y luego de la denuncia formulada por la ACIJ, ELA, CAREF, FEIM, MEI y la Fundación Siglo 21, Mauricio Macri negó en conferencia de prensa el recorte presupuestario. Sin embargo pocos días más tarde, y a medida que crecía el escándalo, Marcos Peña, por medio de la Decisión Administrativa 149/2017 devolvió los fondos recortados. Sin embargo, este miércoles 21 de junio el gobierno de Macri volvió a la carga y le quitó una vez más fondos al programa 17 «Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer», cuya unidad ejecutora es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, a través del Consejo Nacional de las Mujeres.
A través de la Decisión Administrativa 393/2017, el Gobierno quitó esta vez casi 700 mil pesos del Programa Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer.
A través de la Decisión Administrativa 393/2017 publicada en el Boletín Oficial este miércoles 21 de junio, y que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, responsable de ejecutar el ajuste, el gobierno de Macri quitó esta vez casi 700 mil pesos argentinos al Programa Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer.
Entre los considerandos el gobierno advierte que los fondos quitados a las políticas para luchar contra la violencia de género serán asignados al pago de los efectivos de la Policía Federal que prestan servicios adicionales. Puede leerse en el comunicado:»Es menester incrementar los créditos vigentes de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, actuante en el ámbito del MINISTERIO DE SEGURIDAD, compensando con la reducción del Presupuesto del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, con el objeto de atender el pago del servicio de policía adicional que presta la citada Fuerza de Seguridad».
En el anexo a la medida, incluida en el Boletín Oficial, se detalla que la quita dentro del presupuesto del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales afectará, entre otros, al programa 17 «Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer» al que se le quitaron 688.550 pesos, tal como destaca la nota de Catriel Etcheverri para el portal anteriormente citado.
Así entonces, el Gobierno de Macri continúa efectuando un ajuste a las políticas sociales de prevención y sigue fortaleciendo las políticas represivas, destinando más fondos a la policía y menos a programas de contención y ayuda a las víctimas. Como siempre sucede en estos modelos políticos, los ajustes económicos vienen acompañados de un crecimiento en la represión.