La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal dio a conocer las estadísticas del proceso de juzgamiento de delitos de lesa humanidad llevado adelante desde su reapertura en 2006 hasta el 31 de mayo de 2017. Hasta la fecha los condenados son 756 y los procesados en todo el país suman el número de 804. Conocé los números más importantes de un proceso sin retorno: el juzgamiento a los genocidas de la última dictadura cívico-militar.
El sitio fiscales.gob.ar publicó la información recopilada hasta la fecha del 31 de mayo de 2017. Los números reflejan una realidad ya conocida: los procesos transcurren de forma muy lenta y la celeridad del juzgamiento es necesaria para que los responsables del genocidio sean condenados. Desde la reapertura de los juicios hay 756 genocidas condenados, 804 procesados en todo el país y 79 absueltos.
Hasta la fecha fueron imputadas 2889 personas. Los detenidos suman 1051, de los cuales 449 están en cárceles, 530 en prisión domiciliaria y otros 67 en diferentes establecimientos, de salud o de fuerzas de seguridad. Más de la mitad de los que se encuentran en condición de detención tienen el beneficio del arresto domiciliario.
Dentro de los 2889 imputados, fallecieron 482, 50 personas fueron sobreseídas y otras 40 están prófugas. A esas cifras se suman los que solo están imputados (490), los absueltos (79) y los procesados (804). Sólo el 26% de los imputados fue condenado (756). De la totalidad de las causas, sólo se dictó sentencia en 182, es decir, en un 31%. Casi la mitad de las causas (48%) está aún en etapa de instrucción y otras 111 esperan juicio oral. 1230 personas imputadas en los crímenes de lesa humanidad están libres.
Las estadísticas actualizadas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal arrojan los datos duros de un proceso judicial que continúa en plena vigencia a pesar de las trabas y retrocesos por los distintos poderes del Estado por acción u omisión. Si bien es preocupante que no haya avances en materia de juzgamiento a la complicidad civil, a los poderes económicos y a la responsabilidad empresarial de personas que siguen siendo parte de la política argentina, la búsqueda de la verdad y la justicia seguirán siendo el motor de los juicios de lesa humanidad para lograr la efectiva condena de militares y cómplices civiles.
