En el día de ayer se dictó la sentencia por la causa de Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco, los jóvenes asesinados en 2009 por el ex policía, Daniel Santiago Veyga. El Tribunal Oral en lo Criminal N°16 absolvió a Veyga a pesar de que las pericias demostraron que se trató de una ejecución y no de un caso de legítima defensa. En la siguiente nota, la historia de «gatillo fácil» encubierta durante ocho años por un Estado que garantiza la impunidad. (Foto de portada: Patrick Haar)
Después de ocho años de obstáculos, desvíos en la investigación y maniobras dilatorias, el juicio oral por el caso de Jonathan “Kiki” Lezcano y Ezequiel Blanco, asesinados y desaparecidos por efectivos de la Policía Federal terminó con la absolución del acusado. La madre de Lezcano, Angélica Urquiza, que luchó incansablemente contra la ineficiencia y corrupción estatal, se convirtió en referente para las víctimas de gatillo fácil en la Villa 20 de Lugano, Ciudad de Buenos Aires. A pesar de que el ex policía federal Daniel Santiago Veyga, de la Comisaría 12, era el único imputado, existen pruebas que demuestran que otros efectivos, aún no identificados, participaron del hecho.
La contradicción del ex policía es solo una de las tantas irregularidades de un caso que evidenció la complicidad estatal en el entorpecimiento de la causa y el abuso de la fuerza que sufren los jóvenes más vulnerables y sus familias como parte de su vida cotidiana.
En las audiencias se logró desmentir el testimonio de Veyga, que durante todo este tiempo afirmó que había disparado a los jóvenes en “legítima defensa”. De acuerdo a lo relatado a Agencia Paco Urondo por el abogado de la familia Lezcano, Matías Busso, “el perito declaró que el disparo fue a boca de jarro, es decir, firme, pegado a la sien, por ende se trató lisa y llanamente de una ejecución”. La contradicción del ex policía es solo una de las tantas irregularidades de un caso que evidenció la complicidad estatal en el entorpecimiento de la causa y el abuso de la fuerza que sufren los jóvenes más vulnerables y sus familias como parte de su vida cotidiana.
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A pesar de que el reclamo popular logró que finalmente se llevara adelante el juicio, en el proceso se manifestaron resistencias contra el esclarecimiento y la difusión del caso. De acuerdo a lo denunciado por los familiares de Lezcano en las redes sociales, en la audiencia del 13 de junio el Tribunal Oral en lo Criminal N°16 ordenó a la policía el vallado del edificio para impedir la concentración de actividades frente a la puerta. Además, se negó a la prensa la entrada a la sala en donde se desarrollaba en el juicio, a pesar de ser de carácter público.
Foto: Agencia Paco Urondo
La «sombra» de Kiki Lezcano
El 8 de julio de 2009, Jonathan “Kiki” Lezcano, de 17 años, y Ezequiel Blanco de 25, salieron de sus casas en la Villa 20. Se dirigían en un remis hacia el barrio de Flores, pero nunca llegaron a destino. Según lo relatado en varias entrevistas por Angélica, la madre de Jonathan, cuando hizo la denuncia en la Comisaría 52, le dijeron que seguramente había huido por problemas de drogas, para proteger a su familia de los “tranzas”. “La policía me daba pistas falsas todo el tiempo. Pero no me las daba a mí; se las daba a mis vecinos”, afirmó Angélica a Cosecha Roja.
Angélica después se enteró de que Cubas ya había identificado a los chicos hacía meses y de que en realidad contaba con sus nombres y apellidos desde el 13 de julio, pero nunca informó a las familias.
La mujer buscó a su hijo durante dos meses hasta que, el 14 de septiembre, llamó al Juzgado de Instrucción 49, a cargo de Fernando Cubas, donde se encontraba la causa, y ahí fue cuando le dijeron que habían encontrado los cuerpos de Jonathan y Ezequiel. Tal como relata en una entrevista para Agencia Paco Urondo, allí le dieron un papel para que vaya a la morgue pero, una vez en el lugar, le informaron que ya había sido enterrado en el Cementerio de Chacarita como NN y que lo mismo sucedería con el cuerpo de Ezequiel. Angélica después se enteró de que Cubas ya había identificado a los chicos hacía meses y de que en realidad contaba con sus nombres y apellidos desde el 13 de julio, pero nunca informó a las familias.
Foto: Mariano Armagro
Daniel Veyga se adjudicó la muerte de Jonathan y Ezequiel en un escrito, argumentando haberlo hecho en “legítima defensa”. Según su testimonio, los jóvenes habían intentado robar su auto mientras estaba de civil y les disparó al escuchar el ruido de un arma con la que supuestamente lo atacarían. Cubas no necesitó más pruebas: sobreseyó a Vega y cerró la causa. En diciembre de 2009, un video se infiltró en Internet y llegó a también a las manos del ex legislador Facundo de Filippo. Tal como explica Cosecha Roja, en él se veía a los jóvenes agonizando en una camioneta y se reconoce la presencia de otros efectivos policiales además de Veyga, aún no identificados, que se reían y los insultaban. El material fue fundamental para reabrir la causa nuevamente.
La mujer también afirma cómo uno de sus sobrinos había sido testigo de una amenaza el día anterior de que Jonathan desapareciera. “De ahora en más voy a ser tu sombra”, le dijeron antes de sacarle una fotografía Cuando Angélica se enteró y fue a denunciar el hecho, la detuvieron por 13 horas y le abrieron una causa.
Como sucede con muchos otros chicos de los barrios más vulnerables, Jonathan era hostigado permanentemente por la policía. De acuerdo a lo relatado por Angélica en Cosecha Roja, solían detenerlo y golpearlo. “Cuide a su hijo porque un día le va a pasar algo”, cuenta que le dijo en febrero de 2009 el jefe de la Brigada 52, Mario Ramón “el Indio” Chávez. La mujer también afirma como uno de sus sobrinos había sido testigo de una amenaza el día anterior de que Jonathan desapareciera. “De ahora en más voy a ser tu sombra”, le dijeron antes de sacarle una fotografía. Cuando Angélica se enteró y fue a denunciar el hecho, la detuvieron por 13 horas y le abrieron una causa.
Foto: Colectivo Manifiesto
Morir en manos del Estado
En Argentina, ser joven y pobre es la primera causa para morir en manos del Estado. De acuerdo al último informe publicado a fines de 2016, por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), desde 1983 fueron asesinadas 4960 personas por el aparato represivo estatal, 47% de ellas fueron víctimas de gatillo fácil. A esto hay que sumar las cifras de 2017: de acuerdo a la organización, cada año hay un promedio de 300 casos con estas características. Los abusos policiales son parte de prácticas que se han naturalizado a lo largo de todos los gobiernos democráticos y que cuentan con el encubrimiento de las instituciones estatales.
De acuerdo a CORREPI, cada año hay un promedio de 300 casos de gatillo fácil. Los abusos policiales son parte de prácticas que se han naturalizado a lo largo de todos los gobiernos democráticos y que cuentan con el encubrimiento de las instituciones estatales.
El caso de Jonathan y Ezequiel visibilizó, gracias al reclamo popular de sus familias y amigos, una realidad que atraviesan los jóvenes de los barrios más vulnerables, hostigados constantemente por las fuerzas de seguridad, siendo esta la única forma en que la política de Estado se hace presente en estos barrios. Sin embargo, el poder judicial demuestra, una vez más, estar del lado de las políticas represivas y del encubrimiento, garantizando un mensaje de impunidad que perpetúa la muerte de chicos en manos de la policía y su desaparición por parte del Estado.
