Durante el día de ayer, se aprobó el quorum para el tratamiento de una ley integral para la atención del VIH y Sida, de hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual. El proyecto había sido presentado por primera vez en octubre de 2016 por el diputado Jorge Barreto (FpV), y ayer llegó nuevamente a la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados. Surgió de una trabajo en conjunto de más de 2 años por parte de numerosas organizaciones civiles y en una primera instancia había sido rechazado por diputados de Cambiemos y del bloque socialista que pidieron discutir algunos puntos de la redacción del proyecto.
Ayer, varios integrantes de organizaciones civiles realizaron una manifestación frente al Congreso argentino en apoyo del tratamiento y dictamen de un proyecto de ley integral para la atención de VIH, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual (ITS). El proyecto actual exige la modificación de la Ley Nacional de Sida que data de 1990. Finalmente, hubo quorum para que el proyecto pasara a tratarse en la Legislación General y en la Comisión de Presupuesto.
“Estamos en la necesidad urgente de una ley que hable de otras ETS, que hable de la interacción con las hepatitis, que hable de situaciones del cotidiano. Tener VIH no es solamente algo físico, no es solo que te dan la medicación, o en este caso que no te la dan, sino que tiene que ver con vida y con calidad de vida».
“Pensemos que en los ’90 no estaba presente la idea de que los portadores de VIH éramos personas ni de que íbamos a seguir viviendo”, expresó en una entrevista a La Primera Piedra Lucas Fauno Gutiérrez, uno de los principales activistas por las personas con VIH en Buenos Aires . “Estamos en la necesidad urgente de una ley que hable de otras ETS, que hable de la interacción con las hepatitis, que hable de situaciones del cotidiano. Tener VIH no es solamente algo físico, no es solo que te dan la medicación, o en este caso que no te la dan, sino que tiene que ver con vida y con calidad de vida.
El Ministerio de Salud de la Nación estima que hay 120 mil personas con el virus y que en el 30 por ciento de los casos se diagnostica tarde. Además, desde distintas organizaciones de la sociedad civil se denunció que este año faltaron preservativos y reactivos para medir el virus en sangre. A esto se suma que la ley actual no incluye a niños y adolescentes y que no considera el acceso a los medicamentos como un tema de Derechos Humanos. «Tenemos que hablar de derechos laborales, de acceso al trabajo, de la no discriminación, del acompañamiento. Son muchos los factores que hacen a la salud de una persona con VIH, y cuando estas en una instancia de sida, más atención necesita”, agrega Fauno Gutierrez.
Desde distintas organizaciones de la sociedad civil se denunció que este año faltaron preservativos y reactivos para medir el virus en sangre. A esto se suma que la ley actual no incluye a niños y adolescentes y que no considera el acceso a los medicamentos como un tema de Derechos Humanos.
En este sentido, el nuevo proyecto establece desarrollar programas efectivos, garantizando los recursos para su financiación y ejecución, asegurando la incorporación de la sociedad civil dentro de las políticas inherentes al VIH, Hepatitis Virales e ITS, como parte fundamental en las estrategias de promoción de la salud, prevención, testeo, acompañamiento y adherencia. Además, plantea la necesidad de generar un Observatorio contra el Estigma y la Discriminación para promover la capacitación de recursos humanos, la sensibilización de la sociedad y propender al desarrollo de actividades de investigación, unificando los subsistemas de salud de la Nación y cooperando en el intercambio regional y global, entre otras cosas.
La aprobación de este proyecto es una deuda pendiente por parte del Estado y un pedido por parte de la sociedad civil para que modifique la antigua Ley Nacional de Sida de 1990 en pos de una ley más integral, más inclusiva y que considere a las necesidades y pedido de accesos de personas con VIH, sida, hepatitis y otras ITS como una cuestión fundamental de Derechos Humanos.
