En el último tiempo, la militancia del movimiento feminista desnudó las relaciones de dominación y desigualdad que alcanzan temas postergados en las agendas políticas y hasta considerados tabúes. Al interior de esa problemática, se pueden encontrar aquellos que afectan la salud sexual y reproductiva de las mujeres, como es el caso del aborto. Laura Belli, representante de Economía Femini(s)ta e impulsora de la campaña MenstruAcción, que busca visibilizar las dificultades para obtener la información y productos de gestión menstrual, señala: “Nos dimos cuenta de que la falta de información y de acceso nunca se trató de manera pública».
“La campaña MenstruAcción empezó con un grupo de compañeras que trabajamos en temas de salud y que buscábamos relacionar la desigualdad de género no solamente con el ingreso económico, sino también con dimensiones que vayan cruzando todos los ámbitos de la vida de las mujeres”, relata Laura Belli, Bioeticista, Doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires e integrante de Economía Femini(s)ta. Este colectivo, que nació en el año 2005, busca visibilizar y difundir información económica con perspectiva de género para otorgar herramientas que empoderen a las mujeres y que aporten a la desnaturalización de la sociedad machista.
“Nos dimos cuenta de que la falta de información y de acceso a los productos de gestión menstrual nunca se había tratado de manera pública, ni se había presentado como un problema de salud”, recuerda Belli.
Uno de los temas que comenzaron a encarar hace unos meses en vistas al Paro Internacional de Mujeres del pasado 8 de marzo, fue la menstruación. “Nos dimos cuenta de que la falta de información y de acceso a los productos de gestión menstrual nunca se había tratado de manera pública, ni se había presentado como un problema de salud”, recuerda Belli. Así fue cómo iniciaron una campaña de visibilización, que tuvo sus primeros pasos con un stand que armaron el día del paro para recibir donaciones. Todos los productos de gestión menstrual recibidos, fueron llevados a hogares de niños, escuelas y refugios para mujeres víctimas de violencia de género.
Foto: Gustavo Yuste
La iniciativa tuvo tanta repercusión que, dentro del equipo Economía Femini(s)ta, decidieron armar proyectos de ley y presentarlos. Laura explica que se redactaron de dos tipos distintos: “uno con la reducción o la exención del IVA a los productos de gestión menstrual, que actualmente son considerados y clasificados como estéticos o cosméticos, aunque son claramente inherentes a la salud de las mujeres.
Los otros proyectos tienen que ver con la provisión de estos elementos de forma gratuita y accesible para escuelas y hospitales públicos, refugios, mujeres que viven en situación de calle, entre otros lugares”. Al día de hoy cuentan con seis proyectos de ley presentados: dos a nivel nacional con Victoria Donda, uno en Rosario, Santa Fe, a través de la Concejala Norma López, otro en la provincia de Buenos Aires y otro en la Legislatura porteña presentado por Magdalena Tiesso.
En Argentina, la menstruación es un factor más de desigualdad económica en un contexto en el que la brecha salarial es del 27%, siendo los varones los beneficiados en esa diferencia. De acuerdo a los análisis elaborados por el equipo de Economía Feminista, para gestionar su menstruación una mujer gasta un promedio de entre $700 y $1200 anuales, lo que es equivalente a una asignación universal por hijo.
En Argentina, la menstruación es un factor más de desigualdad económica en un contexto en el que la brecha salarial es del 27%, siendo los varones los beneficiados en esa diferencia. De acuerdo a los análisis elaborados por el equipo de Economía Femini(s)ta, para gestionar su menstruación una mujer gasta un promedio de entre $700 y $1200 anuales, lo que es equivalente a una asignación universal por hijo, según señala Laura. “Es un impacto muy grande especialmente para las mujeres en situación de vulnerabilidad. Esto se suma al tabú y a la falta de información sobre un comportamiento biológico del cuerpo, lo que lleva en muchos casos a ocultar o sentir vergüenza por algo natural”.
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Uno de los objetivos de la campaña es también sistematizar información sobre la salud menstrual de las mujeres en el país. Laura explica la importancia de obtener registros ante los problemas que conlleva el mal uso de métodos de gestión de la menstruación, como por ejemplo el ausentismo escolar, en especial de aquellas chicas que viven en barrios más vulnerables. Para el equipo de Economía Femini(s)ta, esto implica el trabajo con la comunidad médica y la investigación sobre el nivel de conocimiento acerca de los productos utilizados durante la menstruación. “Es un tema que impacta en muchos ámbitos de la vida de las mujeres y eso es lo que queremos concientizar, mostrar y desestigmatizar”.
Foto: Mar Garrote Cortínez
Aborto Legal, Seguro y Gratuito: un problema de salud pública
Otro tema de salud pública en la agenda de Economía Femini(s)ta, desestimado por el Estado a pesar de la gravedad que implica para miles de mujeres, es la clandestinidad del aborto. “El problema – señala Laura – es que al tratarse de una práctica ilegal no hay cifras oficiales de la cantidad de abortos finales que se producen, sólo hay estimaciones. Se estima que es la principal causa de mortalidad materna, pero tampoco se puede saber la cifra exacta porque, muchas veces, frente a la posibilidad de que se realice una denuncia, los profesionales de salud ingresan las muertes de las mujeres bajo otro tipo de carátulas”. Según la información registrada por distintos organismos, se calcula que entre 460 mil y 600 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino: de ellas, unas 80.000 deben ser hospitalizadas por complicaciones.
Pero mientras las mujeres de las clases más desfavorecidas se ven obligadas a arriesgar su vida mediante procedimientos que no involucran ninguna clase de protección sanitaria, los sectores de mayores recursos tienen acceso a condiciones de mayor higiene y salubridad que deberían estar al alcance de todas
Pero mientras las mujeres de las clases más desfavorecidas se ven obligadas a arriesgar su vida mediante procedimientos que no involucran ninguna clase de protección sanitaria, los sectores de mayores recursos tienen acceso a condiciones de mayor higiene y salubridad que deberían estar al alcance de todas. “Desde una perspectiva económica el aborto es también un factor de desigualdad entre las mujeres, porque el acceso a un profesional de la salud que garantice un mínimo cuidado o sanidad en toda la práctica tiene un costo que, según estimaciones, ronda los 8 mil pesos antes de la semana 12 y que puede llegar a ascender incluso a los 50 mil pesos”, afirma Laura.
Foto: Mar Garrote Cortínez
En Uruguay, la interrupción voluntaria del embarazo es legal desde el año 2012. De acuerdo a un informe del Diario Internacional de Ginecología y Obstetricia, es el país con la menor tasa de mortalidad materna de toda América, sólo superado por Canadá. El análisis señala, además, que la despenalización del aborto en Uruguay logró que se alcanzaran una de las tasas de embarazos interrumpidos más bajas del mundo, con un promedio de 9 de cada 1000 mujeres. Además, según un trabajo editado por el médico brasileño Anibal Faúndes, del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Estadual de Campinas en San Pablo, en Uruguay el aborto pasó de provocar el 37,5 por ciento de las muertes maternas en el período 2001-2005 a solo el 8,1 por ciento en 2011-2015.
En definitiva la clandestinidad es lo que hace que el aborto sea un negocio altamente lucrativo, mientras que cientos de mujeres mueren desangradas, ignoradas por un Estado que continúa negándose a tratar el problema. Por el contrario, el disciplinamiento y la criminalización sigue estando a la orden del día, tal como lo demostró el caso de Belén, la joven tucumana presa por 900 días por un aborto espontáneo y absuelta gracias a la presión de organismos sociales.
En definitiva la clandestinidad es lo que hace que el aborto sea un negocio altamente lucrativo, mientras que cientos de mujeres mueren desangradas, ignoradas por un Estado que continúa negándose a tratar el problema. Por el contrario, el disciplinamiento y la criminalización sigue estando a la orden del día, tal como lo demostró el caso de Belén, la joven tucumana presa por 900 días por un aborto espontáneo y absuelta gracias a la presión de organismos sociales. “Es un tema oculto, silenciado y tapado, como todo lo que tiene que ver con la sexualidad de las mujeres, y hasta que no se lo reconozca como un verdadero problema de salud pública no se le va a prestar atención. Mientras tanto seguiremos militando por las mujeres y la decisión sobre sus cuerpos y su salud sexual y reproductiva”, concluye Laura.
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Tanto el aborto como la menstruación son problemáticas de salud pública que necesariamente deben ser tratados en las agendas políticas, junto con la Ley de Educación Sexual Integral, postergada actualmente por el gobierno. La transformación de la sociedad y la lucha contra la violencia machista, que cobra con cada nuevo femicidio su máxima expresión, solo puede llevarse adelante en tanto se desmonten los debates morales, para que el cuerpo de las mujeres deje de ser atacado y considerado un tabú alimentado por la inacción estatal.
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