La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó por mayoría la aplicación de la reducción de penas conocida como «2×1» en referencia a un delito de lesa humanidad cometido en la dictadura cívico-militar que tenía sentencia firme. Este fallo, en el marco del pedido de reconciliación por la Iglesia y el negacionismo por parte del gobierno nacional, generó el repudio de múltiples sectores de la sociedad y puso en estado de alerta a los organismos de Derechos Humanos que llevaron adelante una conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo.
Un nuevo fallo de la Corte Suprema (CSJN) generó un profundo retroceso en materia de Derechos Humanos en el país. Hace tan solo unas semanas había declarado que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no eran vinculantes ni de cumplimiento obligatorio. Esta semana, en marco del pedido de reconciliación por parte del Episcopado nacional, dictó una sentencia respecto al caso de Luis Muiña que fue beneficiado con el 2×1 en su pena. Muiña es un genocida condenado por fallo firme por un delito de lesa humanidad que forma parte del juicio por la desaparición de trabajadores del Hospital Posadas el 28 de Marzo de 1976.
(Leer nota relacionada: Retroceso en Derechos Humanos: el país se despega del derecho internacional en DDHH)
La CSJN dictó una sentencia respecto al caso de Luis Muiña que fue beneficiado con el 2×1 en su pena, genocida condenado por fallo firme por un delito de lesa humanidad que forma parte del juicio por la desaparición de trabajadores del Hospital Posadas el 28 de Marzo de 1976.
La ley 24.390, conocida como el beneficio 2×1, permite computar doble, a partir del segundo año de detención, los días que pasaron sin sentencia firme. Esta ley había sido derogada en el año 2001, y solo estuvo vigente desde 1994 a esa fecha, pero sienta un antecedente y un retroceso en la jurisprudencia argentina para volver a aplicarse a las condenas de lesa humanidad gracias al fallo de los jueces que votaron a favor: Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Dos de ellos fueron los jueces asignados por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en los primeros meses de Mauricio Macri en el poder.
El beneficio de este fallo podría alcanzar a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva, dado que con este antecedente pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad. Así, este fallo no solo sienta precedente para los abogados defensores de los genocidas, sino que es uno de los retrocesos más grandes en términos de juicio y castigo a los responsables del genocidio perpetrado en Argentina.
«El fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas»
Los organismos de Derechos Humanos, en la conferencia de prensa llevada adelante en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, «manifestaron un enérgico repudio» a este fallo judicial que provoca un profundo retroceso. «Agotaremos todas las instancias internacionales hasta lograr que este criterio quede abandonado», manifestó Estela de Carlotto y convocó a todo el pueblo a defender los derechos conquistados: «Lo que no se juzga o se condena, se repite».
«Agotaremos todas las instancias internacionales hasta lograr que este criterio quede abandonado», manifestó Estela de Carlotto y convocó a todo el pueblo a defender los derechos conquistados: «Lo que no se juzga o se condena, se repite».
«Hasta el día de hoy, fue indiscutido que esta ley no regía para los crímenes de la dictadura, dado que no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos delitos», manifestaron en el comunicado elaborado entre los distintos organismos de Derechos Humanos. «Como los mismos jueces Lorenzetti y Maqueda argumentaron en su voto en disidencia, la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír», sentenciaron.
Por su parte, Taty Almeida exclamó: «Tratar de dejar en libertad a los genocidas que mataron a nuestros hijos es inaudito. Nos preocupa mucho y nos duele». En la conferencia se recordó que los genocidas fueron juzgados tardíamente por la vigencia de las leyes de impunidad y los indultos, además de que algunas condenas no se encuentran firmes por las dilataciones del mismo Poder Judicial.
![IMG_0832-10-1[1]](https://www.laprimerapiedra.com.ar/wp-content/uploads/IMG_0832-10-11.jpg)
Foto: Fran Rodriguez
Por otro lado, vincularon el fallo con el anuncio de la Iglesia de establecer una reconciliación entre genocidas y familiares de desaparecidos y sentenciaron: «Jamás nos vamos a reconciliar». Horacio Verbitsky, presidente del CELS, manifestó que no puede haber reconciliación mientras que ningún genocida admitió los crímenes, ni pidió perdón, ni buscó reparar el daño causado: “Es una enorme hipocresía que reitera el comportamiento que la cúpula eclesiástica católica ha tenido durante décadas”.
(Leer nota relacionada: Iglesia y dictadura: reconciliación en tiempos macristas)
Retornar a la impunidad
Los organismos de Derechos Humanos rechazaron la vuelta a la impunidad y repudiaron el beneficio otorgado a los genocidas de la última dictadura militar. No hay reconciliación posible con aquellos que perpetraron el horror a través de los secuestros, torturas, desapariciones y el exterminio. Al día de hoy son 750 los condenados en los juicios de lesa humanidad pero, con este fallo, muchos de ellos van a poder volver a caminar por las calles.
No hay reconciliación posible con aquellos que perpetraron el horror a través de los secuestros, torturas, desapariciones y el exterminio. Al día de hoy son 750 los condenados en los juicios de lesa humanidad pero, con este fallo, muchos de ellos van a poder volver a caminar por las calles.
Paso a paso, parecería cumplirse el pedido que el editorial de La Nación del 23 de noviembre de 2015 le hizo explícitamente a Mauricio Macri a un día de haber sido elegido como presidente. El reclamo por impunidad, el vaciamiento de políticas de Estado apuntadas al proceso de Memoria, Verdad y Justicia y el freno de los juicios a represores y cómplices civiles cada día se ejerce con más fuerza desde los tres poderes del Estado por acción u omisión. Todo este clima político, y los fallos que lo acompañan, parecerían dejar a los genocidas a unos pocos pasos de volver a lograr sus ansiados indultos. Sin embargo, los organismos como guías de esta lucha convocaron a todo el pueblo a: “Defender los derechos conquistados que son la clave para garantizar el Nunca Más en nuestra sociedad”.
