La brutal represión que sufrieron el jueves 30 de marzo los integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), los trabajadores del comedor “Cartoneritos” y los niños y adolescentes que concurren día a día fue minimizada y desmentida por las autoridades del municipio, a pesar de que el accionar violento de la policía fue descrito detalladamente por los vecinos y asistentes del comedor que vivenciaron el operativo. Los jóvenes secuestrados por los efectivos policiales, que estuvieron desaparecidos durante cuatro horas, confirmaron que fueron torturados y, en todo ese tiempo, nunca estuvieron en ninguna comisaría. ¿Hasta qué punto puede llegar la represión estatal?
(Leé la nota: Represión policial en un comedor en Lanús: secuestros y desaparecidos en manos del Estado)
La represión que tuvo lugar en Villa Caraza, Lanús, el pasado jueves 30 de marzo fue tan solo una muestra de una práctica sistemática y recurrente del accionar policial y de las fuerzas de «seguridad» en los barrios populares. Una persecución a un supuesto sospechoso de homicidio, según las voces oficiales, que nunca encontraron, culminó con el destrozo del inmueble y de los elementos de trabajo en el comedor. Las cocineras y trabajadores del lugar terminaron golpeados y heridos y las ollas con comida para los 100 chicos que asisten diariamente fueron rociadas con gas pimienta.
Además, dispararon gas a los niños y adolescentes que esperaban cenar allí, y torturaron a dos de ellos, uno menor de edad, de 17 años y otro de 24, durante cuatro horas. Así lo denunció Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), quien también es abogado de las víctimas, y reveló: «Los sacaron en patrulleros distintos y para torturarlos”. Tal como se puede leer en Página/12: «“Los metieron en los patrulleros y los hicieron girar durante dos horas y media”, contó. Durante ese tiempo, “los bajaban, los cagaban a palos, los subían y volvían a bajar para golpearlos otra vez”. Hasta que en un momento “los policías tiraron gas pimienta en el patrullero, bajaron y dejaron encerrados a los chicos”, que empezaron “a gritar que se estaban asfixiando”.»
Comedor «Cartoneritos» – MTE
La liberación de los dos jóvenes secuestrados y desaparecidos por cuatro horas, quienes en ningún momento estuvieron en una comisaría, ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, mientras decenas de personas se concentraron y movilizaron hasta la comisaría 5º de Lanús para exigir su inmediata puesta en libertad. El secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, estuvo presente durante la represión, tal como se comprobó, y defendió el accionar de su fuerza, acusando a los vecinos de haber provocado incidentes, arrojar piedras y disparos de fuego a los policías.
La liberación de los dos jóvenes secuestrados y desaparecidos por cuatro horas, quienes en ningún momento estuvieron en ninguna comisaría, fue alrededor de la 1 de la madrugada, mientras decenas de personas se concentraron y movilizaron hasta la comisaría 5º de Lanús para exigir su inmediata puesta en libertad.
Los comunicados y justificaciones de los funcionarios municipales parecerían rozar la ironía frente a una situación y accionar, por lo menos, grave de sus fuerzas de seguridad. El comunicado municipal manifestó: “Cabe destacar que a pesar de las agresiones que sufrió el cuerpo policial, ningún vecino resultó herido”, y también se agrega: “Ante las versiones que hablan de una irrupción policial violenta, queremos aclarar que al momento de producirse esta situación provocada por el delincuente no había niños en el comedor”. Kravetz justificó: «A la salida hubo gas pimienta, no gas lacrimógeno. Con un poco de agua sale».
Lejos de plantear una solución, aunque sea provisoria, el gobierno local y provincial, junto a su aparato represivo, legitima el uso de la fuerza y estigmatiza y minimiza los testimonios de quienes reprime. Por ello, este martes, organizaciones antirrepresivas, sectores organizados y militantes del barrio se movilizarán hacia la municipalidad de Lanús para exigir justicia y respuestas concretas a los funcionarios. Una convocatoria que espera poner un límite al accionar de las fuerzas de seguridad y un freno a las prácticas represivas de un gobierno que está lejos de querer erradicarlas.
MTE
Por lo pronto, y hasta que dejen de excusarse, el gobierno nacional, la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y su secretario de Seguridad, Diego Kravetz, son responsables de la represión, las torturas y las detenciones arbitrarias sucedidas.
Es represión estatal
«Operativos de control poblacional, de control de manifestaciones o incluso persecuciones vehiculares derivan cada vez con mayor frecuencia en escaladas de violencia fomentadas por los efectivos policiales», expresa el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Según las denuncias, la policía hostiga a los chicos que asisten al comedor en Lanús cada vez que «tienen» un operativo en la zona, los cachean y los tiran al piso, especialmente a quienes tienen 13 y 14 años. “Hace meses que nos persiguen”, denuncia Nicolás Caropresi, referente del MTE y voluntario del comedor. Grabois del CTEP coincidió: “Esto es una cosa contra nosotros, contra nuestra organización.”
(Leé la nota: Entrevista a Gastón Chillier del CELS: “Las políticas de Derechos Humanos están siendo regresivas”)
Esto es una muestra de una escalada represiva que denuncian y sufren cotidianamente quienes trabajan o viven en los barrios más vulnerables. «Pasa muy seguido, en todos los barrios populares del país», manifiesta la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), y reflexiona: «Parece que hablamos de Rosario en 2001, y que fuera “Pocho” Lepratti, en lugar de nosotros, quién grita y levanta las manos para que paren. Pero no», recordando una frase que parecería retumbar en los oídos desde el jueves pasado: «Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo”.
En noviembre del 2016, siguiendo el Informe de la Situación Represiva Nacional del 2016 de CORREPI, se contabilizaron 4960 muertes en manos del aparato represivo del Estado, el 86% de estos asesinatos corresponde a jóvenes entre 15 y 35 años, la mayoría de ellos, pobres. Hoy, el número alcanza los 5.000 muertos en democracia por las fuerzas de «seguridad». Si bien el caso en el comedor de Lanús no produjo ninguna muerte, las situaciones de violencia y represión por parte del Estado son siempre recurrentes en los mismos sectores que, tan solo en algunos momentos, tienen la suerte de no ser víctimas del gatillo fácil de las instituciones policiales.
Si bien, el caso en el comedor de Lanús, no produjo ninguna muerte, las situaciones de violencia y represión por parte del Estado son recurrentes siempre en los mismos sectores y, tan solo en algunos momentos, tienen la suerte de no ser víctimas del gatillo fácil de las instituciones policiales.
Desde la asunción de Mauricio Macri, el 10 de diciembre de 2015, hasta noviembre de 2016, el gobierno carga con 259 muertes en manos de las fuerzas represivas: cada 25 horas, con la gestión de Cambiemos, muere una persona por la represión estatal. Esta situación pronostica un duro porvenir para los sectores populares que son el blanco elegido por estas instituciones, dando cuenta de una clara realidad: el accionar de estas prácticas sobre los sectores populares es represión estatal, planificada y sistemática.
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