El colectivo Ni Una Menos se manifestó en contra de la utilización de su reclamo como justificación para el endurecimiento de las penas, la mano dura o la represión por parte del Estado. Luego de que la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, apoyara la sanción de una ley que modifique las salidas transitorias, las voceras del movimiento feminista exigieron que se discutan respuestas integrales que no reduzcan el problema a lo que sucede al interior de las cárceles. (Foto de portada: Gustavo Yuste)
«No en nuestro nombre» fue la consigna utilizada por las representantes del colectivo Ni Una Menos para oponerse a la utilización de su reclamo para justificar el endurecimiento de las penas, que se está impulsando desde el gobierno nacional. A través de un documento presentado frente al Senado el jueves pasado, plantearon que el pedido de penas más estrictas «es demagogia punitiva ante la indignación social».
«No en nuestro nombre» fue la consigna utilizada por las representantes del colectivo Ni Una Menos para oponerse a la utilización de su reclamo para justificar el endurecimiento de las penas que se está impulsando desde el gobierno nacional.
En una entrevista radial, Dolores Córdoba pidió que «ni la muerte de Micaela ni la de ninguna mujer sea usada por estos sectores que quieren mano dura, que quieren represión y más cárceles». El reclamo del movimiento feminista surge a partir del apoyo al endurecimiento de las penas que la ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, manifestó en la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. Allí se está discutiendo la modificación de la ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, que ya cuenta con la media sanción de Diputados desde noviembre del año pasado.
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Las modificaciones en la legislación apuntan a limitaciones en las salidas transitorias y en las garantías de libertad condicional hasta que las condenas sean cumplidas de forma efectiva. La discusión de este tema se aceleró tanto dentro como fuera del Congreso, luego de que se conociera que el asesino de Micaela García había sido beneficiado con una salida anticipada por buena conducta dentro de la cárcel.
Foto: Gustavo Yuste
“Las respuestas como la que busca ahora el Poder Legislativo no modifican en absoluto las violencias en que vivimos. Como ustedes bien saben, el derecho penal llega tarde: se activa cuando estamos muertas”. Las frases que se argumentaron en la presentación ante el Congreso fueron contundentes. Las masivas movilizaciones de Ni Una Menos, que se vienen desarrollando desde el 2015, no apuntaron nunca a reducir el problema a las penas que los violadores y asesinos reciben, sino a desmantelar al sistema machista y patriarcal que los contiene. Los reclamos buscan «más prevención y más cuidado, más igualdad y más justicia».
Las masivas movilizaciones de Ni Una Menos que se vienen desarrollando desde el 2015 no apuntaron nunca a reducir el problema a las penas que los violadores y asesinos reciben, sino a desmantelar al sistema machista y patriarcal que los contiene.
La primera movilización masiva convocada por el colectivo Ni Una Menos tuvo lugar el 3 de junio del año 2015. En ese momento las cifras actualizadas hasta el 2014 marcaban que en Argentina ocurría un femicidio cada 30 horas. A pesar de la progresiva visibilización de las problemáticas de género, el escenario en vez de mejorar continúa empeorando: las últimas cifras difundidas muestran que en nuestro país cada 18 horas muere una mujer sólo por el hecho de ser mujer.
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Los problemas de género no están dentro de los muros de las cárceles, sino fuera de ellos. La discusión no debe resumirse a cómo mantener alejados de la sociedad a los asesinos y violadores, sino a generar políticas públicas que desmantelen al Estado machista que forma y contiene a quienes cometen los femicidios. No se trata de casos aislados, sino de resultados sistemáticos de una educación y un sistema público que no está dispuesto a escuchar a las víctimas. Por eso es que el colectivo Ni Una Menos se adelanta, antes de que se levante el trofeo de la mano dura en la sucia campaña política, a decir «no en nuestro nombre».
