La semana pasada la periodista Miroslava Breach Velducea fue asesinada en la puerta de su casa, en el Estado de Chihuahua, México. Es la tercera trabajadora de prensa que matan durante el mes de marzo, tras una larga investigación con la que develó vínculos entre el crimen organizado y la política. Otro ataque a la libertad de expresión en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y en donde impera una crisis de los derechos humanos desde que se implementó la denomindada «guerra contra el narcotráfico». (Foto de portada: Alfredo Estrella para AFP)
La mañana del jueves 23 de marzo, en el estado de Chihuaha, México, Miroslava Breach esperaba que su hijo de 14 años saliera de su casa para llevarlo a la escuela. Poco antes de las 7 de la mañana, un hombre se acercó al auto en el que se encontraba y disparó ocho veces. Antes de irse, dejó una cartulina con un mensaje: “Por lengua larga”. Estaba firmada por “El 80”, nombre con el se conoce a Carlos Arturo Quinana, líder de La Línea, el grupo armado perteneciente al Cártel de Juárez. Durante los meses anteriores, las investigaciones periodísticas de Breach habían descubierto vínculos entre el narcotráfico y funcionarios políticos, que frustraron varias candidaturas en época electoral, incluyendo la de la suegra de Quintana para la alcaldía del Municipio de Bachíniva.
Poco antes de las 7 de la mañana, un hombre se acercó al auto en el que se encontraba y disparó ocho veces. Antes de irse, dejó una cartulina con un mensaje: “Por lengua larga”. Estaba firmada por “El 80”, nombre con el se conoce a Carlos Arturo Quinana, líder de La Línea, el grupo armado perteneciente al Cártel de Juárez.
Miroslava Breach tenía 54 años y una larga trayectoria. Era corresponsal del diario La Jornada hacía dos décadas y colaboraba para El Norte, periódico de la ciudad de Juárez, en Chihuahua. Su trabajo, como el de tantos otros periodistas asesinados en México, se centró en denunciar la violencia generada por el crimen organizado y la corrupción estatal, mostrando un fuerte compromiso con los derechos humanos. Las amenazas habían comenzado en 2016, cuando en un reportaje develó que, en la zona serrana de Chihuahua, precandidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) habían sido impuestos por el narcotráfico.
Foto: Alfredo Estrella para AFP
Las Sierras de Tarahumara en Chihuahua forman parte del denominado “Triángulo Dorado”, constituido por la región compartida junto a los estados de Sinaloa y Durango. De acuerdo a la Comisión Nacional de Seguridad Pública de México, la zona concentra la mayor parte de los cultivos de amapola del país, base a partir de la cual se obtiene la heroína y cuya demanda desplazó el cultivo de marihuana. Los enfrentamientos entre los distintos grupos narcotraficantes por el control del territorio provocaron una escalada de violencia. Tal como reportó Breach, muchos pobladores fueron incluso desplazados de sus propias casas bajo amenazas de muerte y sus tierras pasaron a ser así utilizadas para acrecentar el negocio.
Los enfrentamientos entre los distintos grupos narcotraficantes por el control del territorio provocaron una escalada de violencia. Tal como reportó Breach, muchos pobladores fueron incluso desplazados de sus propias casas bajo amenazas de muerte y sus tierras pasaron a ser así utilizadas para acrecentar el negocio.
En marzo de 2016, un grupo de senadores de distintos partidos políticos pidieron la intervención del presidente Enrique Peña Nieto ante la situación que atraviesa la sierra de Chihuahua. Según los informes del Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad Justicia de esta región, la tasa anual de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes es del 24,7 por ciento, diez puntos superior al promedio nacional. En otros municipios serranos como en Guadalupe, la cifra llega a aumentar hasta a un 150 por ciento. A pesar de los pedidos, no hubo respuesta alguna por parte del Estado. Mientras tanto, los pobladores que perdieron todo se vieron obligados a emigrar hacia las ciudades.
Foto: Animal Político
El país «más letal»
De acuerdo a la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, México es el tercer país del mundo más peligroso para ejercer el periodismo, luego de Afganistán y de Siria. En América Latina, es considerado “el más letal” para el gremio. Según el último informe de la ONG Artículo 19, desde el año 2000 hasta la fecha, 103 periodistas fueron asesinados y 23 se encuentran desaparecidos. Durante el 2016, se contabilizaron 11 muertes y un promedio de un ataque a la prensa por día, entre los que se registran amenazas, agresiones físicas, destrucción de materiales de trabajo y privación ilegal de la libertad. De las 798 investigaciones abiertas por delitos contra periodistas en los últimos seis años, sólo 2 dieron resultaron en sentencias condenatorias, lo que marca una tasa de impunidad del 99,75%.
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Según el último informe de la ONG Artículo 19,desde el año 2000 hasta la fecha, 103 periodistas fueron asesinados y 23 se encuentran desaparecidos. Durante el 2016, se contabilizaron 11 muertes y un promedio de un ataque a la prensa por día, entre los que se registran amenazas, agresiones físicas, destrucción de materiales de trabajo y privación ilegal de la libertad.
El crimen de Miroslava Breach es el tercero ocurrido en apenas veinte días, luego de los asesinatos de Ricardo Monlui en Veracruz – el estado mexicano con más más muertes de periodistas registradas – y el de Cecilio Pineda, en Guerrero. Este último caso puso de manifiesto la ineficacia estatal para proteger a los trabajadores de prensa, ya que Pineda se encontraba supuestamente bajo el amparo del Mecanismo Federal de Protección a Defensores y Periodistas. Pero, a pesar de las amenazas, el organismo había retirado sus cuidados hacía seis meses “en virtud de que no se identificó riesgo”.
Foto: José Luis Gonzalez para Reuters
Desde que México implementó la denominada «guerra contra el narcotráfico», iniciada por Felipe Calderón en el año 2006, el país se ha convertido en un epicentro de violencia en el que los ataques a los derechos humanos se hicieron constantes, mientras que el tráfico de drogas continúa activo. Sacar el ejército a las calles provocó el surgimiento de grupos paramilitares y el recrudecimiento de los enfrentamientos que, hasta el día de hoy, llevan más de 150 mil muertos y 28 mil desaparecidos. El Estado no sólo no toma acción frente a los aberrantes episodios que cobra la vida de miles de personas, sino que además está atravesado por la corrupción a partir de las redes que los funcionarios tejen con el narcotráfico.
En este contexto, el periodismo se convierte en una profesión de alto riesgo en la que todos aquellos que buscan desenmascarar las injusticias sociales son silenciados. El asesinato de Miroslava, Monlui y Pineda demuestra que la situación de los periodistas, lejos de cambiar, se mantiene en un estado de vulnerabilidad, agudizado por la complicidad estatal que actúa en favor del crimen organizado, garantizando la impunidad y la total libertad para amedrentar y matar trabajadores de prensa que no tienen otra defensa que sus palabras.
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