La educación ha sido, sin dudas, el principal tema en la agenda pública de esta semana. Mucho es lo que se ha dicho al respecto en los principales medios de comunicación masiva, mucho es lo que se ha debatido livianamente entre panelistas del prime time televisivo, pero poco es lo que se ha analizado con algún rigor en torno a la lucha que llevan adelante numerosos gremios docentes y agrupaciones estudiantiles en forma conjunta desde que asumió la actual gestión. La Marcha Federal Educativa, que protagonizaron más de 400.000 personas congregadas ayer en Plaza de Mayo, fue una respuesta contundente por parte de la ciudadanía ante las drásticas políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Mauricio Macri desde diciembre de 2015.
La educación como tema es, en sí misma, muy abarcativa, porque se trata de un abanico variopinto que condensa múltiples grupos sociales, cada uno con sus respectivos intereses y demandas: el Nivel Inicial, Primario, el Secundario y el Universitario; el ámbito público y el privado; docentes, trabajadores no docentes, estudiantes y padres; docentes agremiados y no agremiados; estudiantes agrupados y no agrupados; salarios, presupuesto educativo, infraestructura, apoyo a la investigación, becas, programas, capacitación. Pero, ¿qué tan interiorizados estamos a la hora de dar este debate?
Lo que reclaman los docentes no son lujos o privilegios, sino derechos: algo que por ley les corresponde.
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La Marcha Federal Educativa llevada a cabo en el día de ayer constituye el primer impacto masivo de este plan de lucha al interior del campo educativo en lo que va del 2017. Este acontecimiento marca un punto de inflexión en el proceso de las negociaciones porque reúne una gran diversidad de intereses y demandas, y apunta a visibilizar una realidad evidenciada en las calles, que cada día transita el ciudadano de a pie, pero que se encuentra deliberadamente opacada en las pantallas del prime time, en los titulares de los grandes diarios nacionales y en los portales de sus versiones digitales.
La Marcha Federal Educativa llevada a cabo en el día de ayer constituye el primer impacto masivo de este plan de lucha al interior del campo educativo en lo que va del 2017
Recomposición salarial del 35%, regularización de los contratos ad honorem, plena implementación del Convenio Colectivo de Trabajo, continuidad de los programas de capacitación docente gratuita y restablecimiento de las becas Profite. Estos son algunos de los puntos que hizo circular FEDUBA (Gremial Docente de la UBA) días antes, convocando a la marcha en defensa de la paritaria sin techo, la universidad pública, la ciencia y la tecnología. Sin embargo, buena parte de los comunicadores nacionales prefirió estancarse en las discusiones sobre voluntarios y rehenes, vocación y servicio o —lisa y llanamente— el “polémico” almuerzo de Mirtha Legrand (cuya única polémica reside en una absurda dramaturgia desgarrada).
Ese documento da cuenta de la unidad de muchos de los gremios que participaron de esta movilización y adhirieron a esos reclamos, pero también revela un dato interesante que debería poner a toda la ciudadanía en alerta: se habla de “continuidad” y “restablecimiento”, lo cual implica que hay —o al menos había hasta hace poco— algo ya establecido que debería haber sido continuado por los actuales funcionarios. Sin embargo, esto no fue así. Muchos de los programas y planes educativos elaborados y ejecutados con éxito durante la anterior gestión, han sido recortados o directamente eliminados.
Recomposición salarial del 35%, regularización de los contratos ad honorem, plena implementación del Convenio Colectivo de Trabajo, continuidad de los programas de capacitación docente gratuita y restablecimiento de las becas Profite
El programa PROGRESAR, como una ayuda para aquellos estudiantes universitarios que no están en las mejores condiciones para costear una cursada, o el plan FINES para quienes aspiran a terminar sus estudios secundarios, son claras muestras del ajuste que el gobierno de Cambiemos ha puesto en marcha desde el inicio de su mandato, recortando vacantes y tarifas presupuestarias que, en lugar de garantizar una educación pública de calidad, no hace otra cosa que fomentar la migración de esos estudiantes hacia el ámbito privado o, directamente, expulsarlos del sistema educativo. Otras demandas, como una mejor infraestructura en las instituciones públicas o el boleto educativo universal, aún no han visto la luz como conquistas pero hacia allí se orienta la lucha. El dilema es que si se produce esta clase de retrocesos, siempre se estará luchando por la continuidad y nunca se llegará a una fase de profundización de las conquistas.
Desde las 11 de la mañana fueron llegando a Plaza de Mayo numerosos gremios docentes y agrupaciones estudiantiles de todo el país y, a las 15, comenzó el acto que tuvo como principales oradores a los representantes de los distintos gremios docentes que protagonizaron esta movilización (Sonia Alesso por Ctera, Luis Tiscornia por Conadu Histórica, Sergio Romero por UDA, Pedro Bayúgar por SADOP y Fabián Felman de CEA, entre otros). El discurso leído conjuntamente por dos estudiantes arrancó varios aplausos entre los presentes, e hizo hincapié en la necesidad de unir las luchas de docentes y estudiantes a la totalidad de la ciudadanía y de los trabajadores.
Además, los gremios recibieron apoyo a nivel internacional por parte de numerosas personalidades públicas y sindicatos. Edson Díaz Bicalho expuso su adhesión en nombre de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Conosur, y Rafael Lamas hizo lo propio como portavoz de los sindicatos europeos. Para el cierre se entonaron las estrofas del himno nacional (el último fragmento a capella), y Arbolito ejecutó tres canciones mientras las pantallas mostraban las imágenes de calles y puentes repletos de gente.
El dilema es que si se produce esta clase de retrocesos, siempre se estará luchando por la continuidad y nunca se llegará a una fase de profundización de las conquistas.
La masividad de esta respuesta ciudadana habla por sí misma, y revela la absoluta adhesión del pueblo a la causa de los docentes en los distintos puntos del país. Habrá que ver qué grado de atención demuestran los funcionarios y cuánta voluntad política aportan al momento de las negociaciones.
La vocación no exime a los funcionarios de asegurar sueldos dignos a fin de mes en pos de una educación pública de calidad. Los niños sin clases no son los rehenes de sus maestros, sino de sus representantes políticos que a la hora de las campañas se jactan de ser democráticos pero al momento de gestionar no están dispuestos a oír opiniones contrarias. Lo que reclaman los docentes no son lujos o privilegios, sino derechos: algo que por ley les corresponde. Veremos qué intenciones tienen Mauricio Macri y Esteban Bullrich de hacer cumplir esa ley.